Fue en agosto del año pasado cuando el Gobierno lanzó el trabajo para actualizar el plan de descarbonización con foco a 2030. Los ejes que apuntan a generar condiciones habilitantes para una descarbonización acelerada fueron tres: Infraestructura y modernización de la red eléctrica; reconversión y combustibles de transición, y bases para un proceso justo considerando a las comunidades. Sin embargo, mientras ese trabajo avanza, el “caso Norgener” despierta discusión, pero también preocupación por eventuales efectos que podría tener en el proceso de retiro de carboneras.
El 25 de enero terminaron las sesiones de trabajo con diversos actores para actualizar el plan de descarbonización. El cronograma de lo que viene está definido en términos generales. Tras el fin de las sesiones, el Ministerio de Energía se alista para tener durante abril el primer borrador del plan. Luego, en mayo, junto a una revisión, se realizarían reuniones bilaterales con -en primera instancia- empresas y alcaldes. Y, entre junio y principios de julio, se presentaría a consulta pública.
Si bien el trabajo en torno al plan sigue su curso, el cierre adelantado de las unidades de generación a carbón Norgener 1 y 2 de AES Andes abrió un debate cuyos capítulos se siguen escribiendo. Aún más luego de la petición de la empresa de elevar la operación de sus centrales a carbón para acelerar la salida, provocando una intensa correspondencia entre el Coordinador Eléctrico con el Gobierno, y un recurso de protección de organizaciones ambientales en contra de la empresa y el organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico. Y, más recientemente, el envío de antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que trataría sobre el manejo de inventarios asociado a la quema de carbón.
“Tenemos una oportunidad para que en el contexto del plan de descarbonización podamos seguir impulsando la idea de que son necesarios los planes de cierre”, asegura Pardow.
“Un plan de descarbonización es algo positivo, pero no contamos con ningún mecanismo para fiscalizar los compromisos, para evitar abusos (…)”, dice la abogada Cristina Lux.
Desde el Coordinador ven necesario que, en general en el marco del proceso de descarbonización, se detallen las exigencias de información para las empresas que soliciten el retiro definitivo de centrales.
Aunque no se prevé una demora en el avance del proceso de descarbonización, fuentes consultadas reconocen que el caso representa un precedente y obligará a tener una reflexión de lo sucedido para estar preparados si se presentan situaciones similares en los próximos años en medio de salida de unidades, entendiendo además que la transparencia y la credibilidad que se le debe dar a las comunidades involucradas es clave.
La visión del ministerio
Consultado por eventuales efectos que despierta el caso, el ministro de Energía, Diego Pardow, reconoce a DF: “En el proceso de descarbonización necesitamos trabajar en conjunto con las comunidades y eso exige construir confianzas que dependen de la transparencia y claridad de las decisiones. La situación de Norgener en Tocopilla obviamente nos preocupa porque es claro que tenemos una situación conflictiva y eso lamentablemente le quita energía al proceso de descarbonización”.
En ese sentido, añade la autoridad, “tenemos una oportunidad para que, precisamente en el contexto del Plan de Descarbonización, podamos seguir impulsando la idea de que son necesarios los planes de cierres de las centrales carboneras y que éstos se realicen en conjunto con todos los actores para no generar perjuicios ambientales económicos y sociales”.
En medio de las cartas con el Coordinador, Pardow, ya daba señales de estar mirando el futuro. Pidió al organismo considerar “análisis adicionales que permitan mejorar la toma de decisiones de la autoridad y levantar posibles riesgos asociados al retiro de unidades de generación”.
Sobre el proceso de retiro de Norgener, fuentes de la industria comentan que en AES Andes reconocen internamente que se debió tener una mejor comunicación con autoridades locales.
Desde el Coordinador Eléctrico, explicaron que ven necesario que, en general en el marco del proceso de descarbonización, se detallen las exigencias de información que deben entregar las empresas coordinadas que soliciten el retiro definitivo de sus centrales, para permitir la planificación necesaria para el cierre de estas. Por eso y “dado que el cese de operaciones de una central es un hito único y relevante dentro de su vida útil, y considerando que en los próximos años se producirá la desconexión de un número importante de unidades a carbón, es que estamos desarrollando un procedimiento interno que norme específicamente este tipo de situaciones operacionales”, indican. Respecto del retiro de Norgener señalan que “toda la correspondencia e información disponible respecto de esta restricción operativa ha estado pública”.
Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, sostiene: “un plan de descarbonización es algo positivo, pero no contamos con ningún mecanismo para fiscalizar los compromisos y evitar abusos, como es el caso de lo sucedido con el carbón de Norgener y la autorización a la medida que realizó el Coordinador, que es una autoridad autónoma cuyas actuaciones no tienen supervisión ni instancias de cuestionamiento. Existe falta de transparencia y accountability en la toma de estas decisiones”.
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