La propuesta del Gobierno para enfrentar el alza de los combustibles abrió un nuevo foco de conflicto con la gran minería. El sector cuestionó el cambio al impuesto específico al diésel, al advertir que pasaría de recuperar el 100% del gravamen a solo cerca del 31%, con un impacto directo en sus costos.
El cambio que encendió las alertas en la industria
El proyecto ingresado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputadas y Diputados modifica de manera transitoria, hasta el 30 de septiembre de 2026, la estructura de los créditos asociados al impuesto específico al petróleo diésel aplicables a los contribuyentes no transportistas. La iniciativa equipara, por seis meses, el régimen de esas firmas con el que hoy rige para las empresas de transporte terrestre.
En la práctica, esto implica que las compañías no transportistas que usan diésel en sus operaciones productivas dejarían de recuperar el 100% del impuesto específico y pasarían a un esquema parcial de reintegro que, para los grandes contribuyentes, llega a 31%. De acuerdo con el informe financiero citado por Diario Financiero, la medida generaría mayores ingresos fiscales por $124.463 millones, equivalentes a unos US$136 millones, durante su período de vigencia.
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La respuesta del Consejo Minero
Frente a ese cambio, el Consejo Minero sostuvo que la industria asumiría el 74% del costo total de la medida. El gremio, que agrupa a grandes compañías del sector, afirmó que la propuesta “desvirtúa” la lógica del impuesto y cuestionó que se altere su diseño para cargar el costo sobre actividades estratégicas.
Según recogió Diario Financiero, Joaquín Villarino señaló que, con el nuevo esquema, se aplicaría “un pago del 69% sobre la tasa de UTM 1,5”, lo que llevaría a que “la industria aportaría cerca de US$100 millones en solo seis meses”. En esa misma línea, el dirigente sostuvo que “no es equitativo alterar un impuesto para gravar selectivamente a sectores estratégicos, afectando su competitividad”.
El gremio también remarcó que el consumo de diésel en minería no corresponde, a su juicio, a una exención impropia, sino al diseño técnico del tributo, ya que este busca compensar el uso de vías públicas, algo que —afirmó— la maquinaria minera no realiza en faena. Además, precisó que el transporte terrestre vinculado al sector y que sí utiliza carreteras paga el impuesto específico correspondiente.
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