La eficiencia energética será crucial para la transición energética y la lucha por mitigar el cambio climático. Pero es un área en la que América Latina se está quedando atrás. El apoyo normativo y político en la región es desigual y está muy por detrás de las medidas aplicadas en Europa y Estados Unidos.
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La organización latinoamericana de energía Olade afirma que sólo 12 de los 27 países miembros tienen leyes para alcanzar los objetivos climáticos, mientras que otros cinco tienen una legislación sobre eficiencia energética en discusión.
La atención a la eficiencia deberá intensificarse, dadas las desigualdades de América Latina en cuanto a la asequibilidad de los servicios energéticos, y las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo de que la demanda de energía de la región se disparará a 2.800-3.500TWh para 2040 desde 1.550TWh en 2016.
Países como Colombia y Ecuador han hecho recientemente progresos significativos en la actualización o implementación de nuevas políticas para apoyar el ahorro de energía y la reducción de emisiones, mientras que las regulaciones de larga duración de Brasil no han logrado un impacto.
Brasil por detrás
Brasil puso en marcha sus primeras políticas de eficiencia energética hace más de cuatro décadas, tras las crisis de los precios del petróleo de los años setenta, pero éstas sólo han tenido un impacto limitado y el país sigue estando a la zaga de otros a nivel mundial y en la región latinoamericana en general: Brasil ocupa un humilde puesto 19 de 25 países en la última tabla de puntuación de eficiencia energética del Consejo Americano para una Economía Eficiente (ACEEE).
En su último plan decenal, el Gobierno brasileño prevé una reducción del 9 % del consumo de energía mediante programas de eficiencia energética, un objetivo que probablemente no se alcanzará sin cambios significativos en las políticas.
Brasil cuenta con dos políticas principales de eficiencia energética: el programa de eficiencia energética PEE, promulgado en 2001 y gestionado por el regulador eléctrico Aneel, y el programa de conservación de energía Procel, hasta hace poco gestionado por Eletrobras. Además, un comité intergubernamental establece los requisitos mínimos de eficiencia para los equipos y maquinaria que pueden venderse en el país, mientras que el Ministerio de Economía regula la puntuación de eficiencia de los distintos productos comercializados a los consumidores.
La ACEE achaca a la falta de gasto público, incluidos los créditos fiscales, los malos resultados de Brasil en materia de eficiencia energética. Otros críticos afirman que la falta de una política coordinada dificulta la integración de los programas gubernamentales y da lugar a una mayor burocracia y al solapamiento de las normas.
Un estudio reciente del instituto brasileño de clima y sociedad ICS concluye que la reestructuración de las políticas públicas existentes es un paso fundamental hacia una política coherente de eficiencia energética. También afirma que el gobierno debería aplicar nuevas normas para los aparatos que consumen mucha electricidad, como el aire acondicionado y los frigoríficos. El instituto también sostiene que el gobierno debería restablecer el ahorro de luz diurna en verano, ya que esto supone una reducción de 5 puntos porcentuales en el consumo de energía.
Brasil ha avanzado en algunos aspectos, como el alumbrado público: más de 70 municipios tienen concesiones de alumbrado público y se están desarrollando más de 400 proyectos. Según la asociación de concesiones de alumbrado público, se espera que 150 municipios firmen concesiones en los próximos tres años.
Asimismo, el aumento de los precios de la electricidad tras la sequía récord del año pasado, unido a la necesidad de cumplir los objetivos de reducción de emisiones, crea oportunidades para que las empresas mejoren la eficiencia energética.
Colombia en marcha
La ambiciosa línea de eficiencia energética de Colombia llevó a la administración del presidente saliente, Iván Duque, a actualizar su programa PROURE, que pretende reducir 85,02 millones de toneladas de emisiones de CO2 para 2030 y generar un ahorro energético de 10 puntos porcentuales.
Los programas de eficiencia se establecieron hace más de una década cuando los responsables políticos esperaban que la economía siguiera creciendo con fuerza, gracias al dinamismo de los sectores petrolero y minero. Otro factor era la amenaza del cambio climático, que hacía al país más vulnerable a las bajas reservas de energía hidroeléctrica, lo que obligaba a construir nuevas centrales eléctricas con mayor intensidad de carbono.
El programa PROURE actualizado prevé que las mayores contribuciones a la reducción del consumo provengan del sector del transporte, que podría ahorrar 673 petajulios (PJ) y evitar la emisión de 50,33 millones de toneladas de CO2 equivalente para 2030.
El sector residencial ahorraría 8,23 millones de toneladas de CO2 para 2030 mediante un mayor uso de la iluminación LED, la sustitución de la leña para cocinar por GLP o cocinas eléctricas en las zonas rurales, y el fomento de la compra de frigoríficos eficientes de tipo A y el uso de contadores inteligentes.
PROURE también prevé la realización de auditorías energéticas en los edificios existentes para identificar posibles ahorros y mejorar la seguridad en el uso de la energía.
Para los sectores de la minería y los hidrocarburos, el gobierno ha emitido una resolución para promover la sustitución de la iluminación de baja eficiencia, y para fomentar la implementación de motores de alta eficiencia y la electrificación del sector del transporte, entre otros, dice el ministerio de minas y energía a Argus.
Ecuador se abre al cambio
Este mes han entrado en vigor en Ecuador nueve políticas públicas para promover la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es satisfacer las necesidades energéticas de la población utilizando menos recursos y produciendo menos residuos energéticos.
Las nuevas políticas fueron aprobadas en junio por el ministro de Energía, Xavier Vera. Estas medidas obligan a entidades como los ministerios de Finanzas y Transporte, y a las administraciones locales, a promover y crear incentivos económicos o sanciones monetarias para dar acceso universal a tecnologías y dispositivos más eficientes que consuman menos energía y reduzcan o eliminen el uso de combustibles fósiles. Esto incluye el acceso a los vehículos eléctricos y a las bicicletas o patinetes electrónicos.
Las políticas también exigen nuevas normas mínimas de eficiencia energética para los dispositivos eléctricos, los equipos mecánicos, los edificios y los vehículos, y animan al sector público, a las empresas del sector privado y a las universidades a apoyar la investigación, la innovación, la financiación y el espíritu empresarial para desarrollar y aplicar la eficiencia energética. También ordenan la educación en torno a la eficiencia energética, y una simplificación de los procedimientos para atraer inversiones en eficiencia energética.
Pero las nuevas políticas no establecen objetivos cuantificables ni plazos más allá de los compromisos que Ecuador estableció el año pasado para luchar contra el cambio climático.
El país se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 22,5% para 2025 y a alcanzar las emisiones netas de carbono en 2050.
Ecuador también se ha fijado el objetivo de sustituir entre el 60 y el 70% de los autobuses que actualmente funcionan con diésel o gasolina por modelos eléctricos para 2040.
Aunque más del 90% de la electricidad generada en Ecuador para la red nacional procede de energías renovables -sobre todo de centrales hidroeléctricas-, el porcentaje de energías renovables en la matriz energética global del país sigue siendo bajo. Alrededor del 80 por ciento de la energía consumida en Ecuador procede de combustibles fósiles, como el gasóleo, la gasolina y el GLP.
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