La falta de transparencia en el manejo de las tarifas de acero y aluminio por parte del Departamento de Comercio aumentó la apariencia de que ciertas compañías pueden haber tenido “influencia inapropiada” en el proceso, dijo su organismo de control interno en un documento hecho público el miércoles.
El inspector general (IG) del Departamento de Comercio dijo que descubrió múltiples riesgos durante una auditoría de los procesos utilizados por dos agencias dentro del departamento: la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y la Administración de Comercio Internacional (ITA).
La auditoría se relacionó con la forma en que las empresas pudieron solicitar que estuvieran exentas de tener que pagar aranceles del 25% sobre el acero importado y del 10% sobre el aluminio importado, impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en marzo de 2018, en virtud de la Sección 232 de la Ley de expansión comercial de 1962.
Encontró evidencia de que el departamento tenía un proceso de apelaciones no oficial; cambió sus criterios de revisión interna después de comunicarse con una compañía que objetó una decisión anterior; y no pudo documentar completamente más de 100 reuniones y llamadas telefónicas con las partes interesadas.
“Creemos que estos problemas dan la percepción de que el proceso de revisión de solicitud de exclusión de la Sección 232 no es transparente ni objetivo”, dijo la oficina del IG en una alerta de gestión fechada el 28 de octubre y se hizo pública el miércoles. Dijo que los hallazgos contribuyeron a “la apariencia de influencia inadecuada en la toma de decisiones para las solicitudes de exclusión de tarifas”.
La candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren, que le había pedido al IG que revisara el proceso de revisión de exclusión, calificó el informe como evidencia “de que el proceso de exclusión de tarifas de la administración Trump fue manipulado desde el principio para beneficiar a grandes, bien conectados y, en muchos casos, extranjeros empresas propias “.
Warren, un senador de Massachusetts, solicitó la revisión de IG en agosto de 2018 después de descubrir que Rusal, una subsidiaria de una compañía rusa sancionada, había recibido una exención. Su oficina dijo que descubrió que la abrumadora mayoría de las exenciones de los aranceles se habían otorgado a las filiales estadounidenses de empresas extranjeras en lugar de a las empresas con sede en Estados Unidos.
El representante Jackie Walorski, republicano de Indiana y crítico feroz del manejo del departamento del proceso de exclusiones, dijo que los hallazgos de IG mostraron que la administración tenía “un pulgar en la escala a favor de los objetores”.
“No hay excusa para permitir que un proceso opaco, inconsistente e injusto continúe perjudicando a los fabricantes estadounidenses”, dijo en un comunicado.
Las empresas pueden solicitar exenciones de las tarifas de la Sección 232 para ciertos productos si no están disponibles en el país. Las exclusiones se hacen caso por caso, pero otras compañías pueden objetar las exclusiones otorgadas.
El Departamento de Comercio recibió más de 135,000 solicitudes de exclusión y 43,000 objeciones, según una carta del departamento a Walorski que fue vista por Reuters.
La oficina del IG dijo que Comercio debería hacer que el proceso sea más transparente estableciendo un proceso formal de apelaciones, creando un proceso para modificar los criterios internos para juzgar las solicitudes de exclusión y documentar las discusiones con las partes interesadas.
El Departamento de Comercio dijo que ya había tomado medidas clave para “salvaguardar” el sistema, incluida la contratación de docenas de contratistas, un portal en línea para solicitudes, un “proceso de refutación robusto” y orientación para las comunicaciones con las partes interesadas.
