Un matrimonio de empresarios presentó una querella por presunto delito de prevaricación en contra del abogado Francisco Varela, del estudio BSVV, y ejecutivos de la australiana Tesoro. Desde el estudio negaron las imputaciones y denunciaron una «instrumentalización intimidatoria».
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La semana pasada, el matrimonio compuesto por Eva Goldsmith y José Agustín Bahamondes, pequeños empresarios mineros, presentó una querella por el presunto delito de prevaricación contra el abogado Francisco Varela, socio del estudio Barros Silva Varela & Vigil (BSVV); Zeffron Reeves y Sergio Uribe, fundador de la minera australiana Tesoro Gold y country manager de la compañía en Chile, respectivamente.
El origen de la disputa radica en el presunto “despojo” de un yacimiento minero de oro en la Región de Atacama. Según la acción penal, interpuesta ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, dicho activo habría sido cedido a la empresa australiana mediante un complejo esquema de sucesivas capitalizaciones que terminaron diluyendo la participación de los propietarios originales.
El conflicto tiene otros frentes en una larga trama que se arrastra hace años y que se ha venido ventilado en distintas sedes judiciales. Ejemplo de ello es que en julio de este año, después de seis años de litigio, el matrimonio sufrió un revés en sede civil. La jueza Mindy Villar, del 7° Juzgado Civil de Santiago, rechazó la demanda de los empresarios mineros que acusaba una “dilución grosera”. El fallo desestimó la demanda que buscaba el cobro de $16.520 millones en un juicio por indemnización por los supuestos perjuicios sufridos.
En medio del conflicto, hace una semana falleció producto de una enfermedad José Agustín Bahamondes.
La querella describe que los hechos se remontan a 2017, cuando Bahamondes y Goldsmith firmaron un contrato de opción de compra con Tesoro Mining Chile SpA (entonces conocida como Stockholm Mining Chile SpA), representada por Sergio Uribe. El acuerdo estipulaba que la empresa australiana financiaría el desarrollo del proyecto minero “El Zorro” (anteriormente denominado “Mina La Coqueta”), a cambio de adquirir hasta un 80% de la propiedad, siempre que cumpliera con cuatro etapas de inversión y pago.
La querella sostiene que el abogado Varela, en su rol de asesor de confianza y representante legal de ambas partes, incumplió sus deberes fiduciarios. En lugar de proteger los intereses de sus clientes (Bahamondes, Goldsmith y su empresa Wanaco SpA), habría actuado en connivencia con los ejecutivos de Tesoro para diseñar e implementar un plan que permitió a la minera australiana aumentar su participación accionaria de manera fraudulenta, dice el texto.
“La intervención de Francisco Varela se realizó en este caso atentando abiertamente contra expectativas de lealtad que tenía esta parte e incluso en flagrante infracción de distintos principios y deberes de naturaleza deóntica consagradas en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile, cuerpo normativo este que, tiene relevancia probatoria para establecer cuál es la lex artis en la materia”, consignó la acción penal patrocinada por Cristophe Giroux, Josefina Gutiérrez y Roxana Sánchez, de Giroux Vial Abogados.
De acuerdo con la acción penal, la propiedad minera en cuestión tiene un valor estimado de entre US$552 millones y US$736 millones, monto que los querellantes consideran en riesgo debido a las acciones fraudulentas de los demandados.
Declaración
Consultado el estudio Barros Silva Varela & Vigil señaló: “Negamos total y categóricamente las falsas imputaciones que, de manera inaudita, se pretenden imputar en la querella a uno de nuestros socios, siendo esta una nueva acción infundada y totalmente falsa”.
“La interposición de esta querella se enmarca en el contexto de un conflicto judicial comercial que se inició hace más de cinco años con uno de los clientes del estudio, y no es más que una nueva instrumentalización del sistema penal para presionar e intentar forzar pagos millonarios -por cierto, del todo improcedentes- que no han sido conseguidos en la sede judicial correspondiente”, añadió.
“Recientemente, el tribunal civil de primera instancia rechazó todas y cada una de las demandas civiles interpuestas por los querellantes, condenándolos incluso al pago de las costas del proceso, por lo que evidentemente esta nueva querella es la consecuencia de aquello”.
“Lamentamos profundamente la instrumentalización intimidatoria que se hace de nuestro sistema penal, y nos defenderemos enérgicamente”, concluyó.
Lealtad
En su querella, el matrimonio denunció que Varela habría vulnerado principios que deben guiar la relación entre abogado y cliente, tal como los establece el Código de Ética Profesional. En primer lugar, señalan que el jurista no actuó con la debida lealtad hacia sus clientes, ya que se habría desentendido de sus intereses y no respetó su autonomía para tomar decisiones.
Por otro lado, señalan que Varela incumplió el deber de prevención, es decir, no tomó las medidas necesarias para evitar posibles conflictos de interés. También se le reprocha que no cumplió con el deber de informar a sus clientes, dejándolos en la oscuridad sobre cuestiones claves del caso.
Según la querella, Varela habría infringido las reglas sobre conflictos de interés, ya que su actuación favoreció a otros intereses en lugar de los de Bahamondes y Goldsmith, además de generar problemas con otros clientes a los que también representaba.
Para el matrimonio, todos los actos de los querellados formaron parte de un “plan” para despojarlos de sus concesiones mineras. En este “plan”, fue clave generar una falsa “expectativa de lealtad” por parte de Francisco Varela, quien habría violado sus deberes profesionales. Este esquema se implementó de manera continua, comenzando desde los primeros momentos de la relación hasta, al menos, 2023 e incluso 2025, cuando se produjo la última suscripción de acciones.
Fuente: La Tercera
