En 90 minutos y luego de 48 horas de ser presentado el escrito, la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida por Ángela Vivanco -porque el juez Sergio Muñoz estaba de vacaciones-, falló el 4 de julio de 2023 a favor del recurso de protección interpuesto por Consorcio Belaz-Movitec (CBM) contra Codelco, según la versión de la cuprera, decisión que implicó que la estatal pagara $ 11.700 millones por una boleta de garantía retenida, los que se sumaron a otros $ 4.400 millones en finiquitos a trabajadores contratistas que la firma privada debía desembolsar y no lo hizo.
Se inhabilitó para conocer esta acción el ministro Jean Pierre Matus, por afectarle la causal de recusación respecto de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, esto es “haber recibido de alguna de las partes un beneficio de importancia, que haga presumir empeñada su gratitud”.
Hoy CBM y Codelco enfrentan demandas cruzadas en sede arbitral por US$ 180 millones.
La firma chileno-bielorrusa acusó que la estatal actuó “con prepotencia y abuso, coaptó sus bienes, intervino maquinarias de altísimo valor sin autorización de sus dueños”.
Los representantes legales de la corporación, Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, pidieron la nulidad de la vista del recurso de apelación, dejando expresa constancia de una serie de irregularidades como que no existió una resolución previa ordenando dar cuenta, la causa no se encontraba en la minuta de cuenta de ese día, la presidenta pidió llevar el recurso y se resolvió acoger el escrito en minutos, no obstante que el expediente de primera instancia contaba con más de 300 páginas. El recurso fue rechazado por la Corte Suprema el 5 de julio, con los votos de los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Adelita Ravanales, y los abogados integrantes Pedro Águila y María Angélica Benavides.
Y fue uno de los hechos que hicieron saltar las alarmas en la corporación del cobre.
El otro fue cuando CBM solicitó ante la Corte de Apelaciones de Copiapó que Codelco pagara el IVA y el reajuste de los costos de desmovilización de las maquinarias. La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió los argumentos de Codelco y rechazó dos veces esta solicitud -27 de diciembre de 2023 y 4 de enero de 2024- al no haber sido ordenado por la Corte Suprema.
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El 10 de enero de 2024, CBM, insistiendo en esta pretensión económica, interpuso un recurso de queja en contra de los ministros del tribunal de alzada de Copiapó, el cual fue declarado inadmisible debido a la naturaleza de la resolución recurrida. No se encontraba integrando la sala la ministra Ángela Vivanco. Lo raro, explicaron en la estatal, es que esta resolución ya no es visible en la página del Poder Judicial y aún más extraño es que en un giro de 180°, el 8 de febrero de 2024 la Corte Suprema sí declaró admisible el recurso de queja, en virtud de un recurso de reposición presentado por CBM, con los votos a favor de Angela Vivanco (presidenta), Mario Carroza, María Teresa Letelier y los abogados integrantes Carolina Coppo y Pedro Hernán Águila. “Seis días después, el 14 de marzo de 2024 es acogido, no obstante, la abundante jurisprudencia que existía para que éste fuese rechazado en virtud de la naturaleza de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones”, reclamó Codelco.
Codelco actuó “con prepotencia y abuso”
Una historia distinta contaron los abogados de CBM: Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gabriel Silber. Según ellos, la compañía se vio en la obligación de recurrir de protección, con la finalidad de cautelar sus derechos, “producto de las conductas arbitrarias e ilegales de Codelco, que en una manifestación de prepotencia y abuso, coaptó sus bienes, intervino maquinarias de altísimo valor, sin autorización de sus dueños”. El consorcio, señalaron, “sufrió la pérdida del contrato, por un monto que supera US$ 194 millones, al que Codelco puso término unilateralmente y sin fundamento, dejando en insolvencia a la compañía”.
Hoy CBM y Codelco enfrentan demandas cruzadas en sede arbitral por casi US$ 180 millones. La firma acusó a la estatal que “utilizó todos los recursos e incidentes procesales con el objeto de dilatar el pago a la firma”, como impedir el pago a más de 700 empleados directos y a más de 1500 contratistas, esto producto de la retención de los estados de pagos ya aprobados y devengados en favor de Belaz-Movitec. Y denunció que “no es aceptable que se intenten revivir actos jurídicos procesales que tiene la autoridad de cosa juzgada, tratando además de justificar su propia negligencia”.
“Tenemos la absoluta tranquilidad; todas las actuaciones y resoluciones judiciales son de carácter público, y en las misma se ejerció el más absoluto control jurisdiccional por las partes”, declararon los abogados.
Angela Vivanco: “Me interesa aclarar cada uno de los puntos”
La jueza Ángela Vivanco utilizó sus redes sociales para expresar que “hemos debido enfrentar acusaciones que se dan por ciertas sin contar con la posibilidad de dar respuesta y en lo personal he sido destinataria de medidas tomadas en mi trabajo profesional y académico sobre la base de filtraciones”.
“Estoy recabando, con dificultades, la información real a través de mis abogados y me interesa aclarar cada uno de los puntos en que he sido mencionada”, posteó.
En esa línea, Juan Carlos Manríquez, abogado de Vivanco, dijo que “he pedido acceder a los chat íntegros que se dicen existirían en las diversas aristas abiertas y en las investigaciones dispuestas por el señor Fiscal Nacional”. “Es necesario separar múltiples asuntos envueltos en esta causa y sus aristas diversas. Lo primero es poder efectuar una defensa en un debido proceso, leal y honesto, no juzgar por primeras impresiones (…) No hay nada peor que la ansiedad y el prejuicio”, concluyó.
