Frente al presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Iván Mlinarz, expuso los beneficios del plan de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira (FHVL), también conocida como Paipote y explicó que se trata de un proyecto que se adelanta a futuras normas de emisiones, y además cuenta con estudios “que respaldan que hay mercado de concentrados suficiente para la capacidad de procesamiento estimada, que alcanza las 850 mil toneladas anuales”.
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Con esto destacan que se trata de un proyecto que busca el equilibrio entre lo ambiental y lo operacional, e insistió en que “hay medidas necesarias y urgentes que tomar, pero no es para cerrar la Enami o privatizarla, como algunos dicen, sino para seguir cumpliendo nuestro rol de fomento a la pequeña y mediana minería”.
“Necesitamos un proyecto de modernización que asegure el futuro de la empresa para seguir cumpliendo con los pequeños mineros y no parchar una fundición que ya cumplió su vida útil”, justificó Enami.
Desde Enami indicaron no encontrar una mejor solución que anticipar la paralización. Mlynars explicó que “no podemos dejar que suceda lo mismo que ha pasado en otros gobiernos en que se hace el quite a este problema, como cuando se dejó un proyecto de modernización cuatro años detenido. No podemos, porque la deuda que hoy día tenemos nos lo impide”.
Hernán Santander, gerente del proyecto Modernización FHVL, indicó que el plan contempla una inversión de casi US$1.400 millones. Actualmente se encuentra en tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental. La estatal espera que sea aprobado a finales del 2024, y creen que tiene más posibilidades de materializarse en comparación con el 2017 o 2018.
El gerente también habló sobre los plazos estimados, y reveló que esperan “dos años y medio de construcción, vale decir, todo el 2025-26 para tener un potencial inicio de puesta en marcha a mediados del 2027. Esto significa un peak en la construcción de alrededor de 3.000 trabajadores”. Además, se estableció un plazo máximo de traslape de seis meses, esto porque el 2021 la zona fue declarada saturada por material particulado, por lo que se estableció no operar la función mientras se realice la construcción.
Por otro lado, se habló de la propuesta alternativa del Instituto de Ingenieros en Minas, a lo que Mlynarz respondió que “no solamente se trata de un problema metalúrgico o de mantener la fundición actual funcionando, sino que tenemos que hacernos cargo del absurdo económico en el cual hoy día estamos, en que perdemos 242 dólares por cada tonelada que fundimos. Eso hay que resolverlo y para eso hay que invertir, no 80 ó 150 millones de dólares, sino hay que invertir en un proyecto entero nuevo, que nos permita hablar de una fundición de hasta 50 años y no seguir parchando la actual”.
