El reciente escándalo sobre el error en las tarifas eléctricas ha sacudido al gobierno chileno, culminando con la renuncia del ministro Diego Pardow.
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Descubrimiento y reacción del error tarifario
La controversia comenzó cuando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en una revisión rutinaria entre mayo y junio, detectó un error en el cálculo de las tarifas eléctricas, que incorporaba dos veces el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Este fallo no solo levantó la preocupación en la SEC, sino que también impulsó una serie de consultas y análisis adicionales para verificar la magnitud del problema. La eventual confirmación de este error podría haber disparado las alarmas mucho antes, pero los detalles apenas están emergiendo a la luz pública tras la renuncia de Pardow.
El 16 de septiembre, la SEC decidió elevar la consulta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), buscando claridad sobre los supuestos técnicos usados en las tasas de interés y los reajustes aplicados. Este movimiento indica que, pese a la temprana detección del error por parte de la SEC, los procesos internos para resolverlo fueron lentos, y la información no fluía eficientemente entre los distintos organismos y el propio ministerio. La falta de comunicación oportuna y efectiva entre las entidades gubernamentales parece haber contribuido significativamente a la escalada del problema.
Impacto político y recriminaciones tras la revelación
La revelación tardía del error y la renuncia subsecuente del ministro Pardow han agitado el ambiente político en Chile, especialmente relevante a un mes de las elecciones presidenciales. Los candidatos presidenciales no han tardado en expresar sus opiniones. Jeannette Jara y Harold Mayne-Nicholls han criticado a las empresas generadoras eléctricas por no detectar el error, mientras que Evelyn Matthei ha sostenido que la responsabilidad recae directamente en quien calculó erróneamente las tarifas, desviando la culpa de las compañías. Este debate apunta a un análisis más profundo sobre la transparencia y la eficiencia de la gestión gubernamental en sectores críticos como el energético.
Mientras tanto, el gobierno, a través de la vocera Camila Vallejo, ha intentado desvincularse del error, apuntando a administraciones anteriores por la fórmula errónea utilizada desde 2017. Sin embargo, este argumento ha perdido fuerza dado que los cobros excesivos se efectuaron tras el descongelamiento tarifario en septiembre de 2024, bajo la actual administración. La situación ha dejado en evidencia no solo un problema técnico en el cálculo tarifario sino también serias falencias en el manejo de crisis y comunicación interna en el gobierno, aspectos que seguramente pesarán en la opinión pública en las próximas elecciones.
