La agenda tributaria del gobierno se encuentra en una etapa decisiva.
El próximo martes 18 de abril concluyen los diálogos sociales organizados por el Ministerio de Hacienda para retomar la vía legislativa de la reforma tributaria, interrumpida por el rechazo a la idea de legislar del texto el pasado 8 de marzo.
En paralelo, el Ejecutivo continúa afinando los detalles del proyecto que modifica los impuestos verdes al medio ambiente, iniciativa que ingresaría a trámite a fines de este mes. Luego, hacia mediados de año, se presentaría otro texto que busca ajustar tributos correctivos en favor de la salud, con cambios a las tasas y las bases de los gravámenes al alcohol, azúcar y tabaco, además de regular la tributación de las apuestas digitales.
Precisamente, en el marco de los diálogos tributarios, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha entregado una serie de insumos técnicos a la discusión, con evidencia comparada respecto al sistema tributario chileno en una serie de ámbitos.
Uno de ellos es justamente el medioambiental. Un anexo presentado el 31 de marzo por el subdirector del Centro de Administración y Política Tributaria de la OCDE, David Bradbury, a los asistentes al proceso de escucha organizado por Hacienda da cuenta del panorama chileno en materia de gravámenes en favor del medio ambiente.
En base a datos del organismo multilateral, Bradbury planteó que el país recauda «relativamente pocos ingresos» derivados de impuestos relacionados al cuidado del medio ambiente, como al uso de la energía, al transporte y a los vehículos motorizados, y otros tipos de impuestos.
En específico, Chile recolecta un 1,35% del PIB en este tipo de tributos con datos al 2020, ubicándose en la parte media-baja del conteo de países de la OCDE y de América Latina y el Caribe. Así, supera a naciones como Japón, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda, India, Brasil, Estados Unidos, China y Colombia, pero está lejos de los países líderes como Grecia, Eslovenia y Países Bajos, que recolectan cerca de un 4% del tamaño de sus economías.
Ahora, si se compara con el promedio de la OCDE, Chile está perfectamente alineado en 1,35% del Producto.
En el país, más de la mitad de los ingresos proviene de impuestos al uso de la energía, como el impuesto específico a los combustibles, luego viene el gravamen a los vehículos motorizados y una pequeña fracción de «otros» gravámenes.
Otro parámetro que utiliza Bradbury para sostener la baja tributación de Chile en esta materia es la proporción de emisiones contaminantes que están gravadas.
Así, plantea que en el país un 44% de las emisiones de todos los sectores no están gravadas, proporción que es de un 47% en el promedio de la OCDE. Un 47%, en cambio, son gravadas con un impuesto al carbono equivalente a 0,3 euros por tonelada, proporción que baja a 18% en la media OCDE.
Ahora, la mayoría de los países miembros del organismo multilateral aplican tasas altas a las emisiones, ya que el 21% grava con una tasa equivalente a 30,60 euros por tonelada de emisiones, un 7% desde 60,1 euros por tonelada, y un 8% más de 120 euros por tonelada. En Chile, dichas proporciones son bajas, no superando el 9% del total.
Privados mueven sus fichas
En paralelo, los gremios empresariales y las compañías han comenzado a desplegar un intenso lobby con asesores del Ministerio de Hacienda, ad portas del ingreso del proyecto de tributos verdes y los correctivos.
Por ejemplo, el co-coordinador de Política Tributaria de la cartera, Nicolás Bohme, recibió el pasado 27 de marzo a representantes de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (Asipla), para abordar el alcance de los impuestos correctivos a los envases plásticos, así como «aportar con información técnica necesaria de la industria en Chile». La gerenta general de la agrupación, María Magdalena Balcells.
En la misma jornada, Bohme se reunió con representantes de ENEL Chile. ¿La razón? «Plantear a la autoridad consultas relativas al proyecto de impuestos verdes», señala la plataforma de lobby. Andrés Palma, jefe de Asuntos Institucionales, y Marcos Cruz, jefe de impuestos, acudieron por ENEL Chile, mientras que Aurelio Bustilho, gerente de Administración y Finanzas, representó a ENEL Américas.
Una semana antes, el economista recibió a las representantes de la International Air Transport Association (IATA) María Gabriela Peralta, María Morgado y Diego Vergara. La idea, dice la plataforma de lobby, fue «conocer y entregar su opinión sobre el proyecto de reforma fiscal verde». Acudieron representantes de empresas, como Juan José Tohá por Latam Airlines, José Ignacio Dougnac por Sky Airlines, y Estuardo Ortiz por Jetsmart, además de Carolina Simonetti por la Asociación Chilena de Líneas Aéreas.
En tanto, el co-coordinador tributario de Teatinos 120, Diego Riquelme, recibió al abogado Osiel González el 24 de marzo, para conocer sobre el «avance» del proyecto de impuestos correctivos. En la plataforma no se explicita a quién representó el profesional. El 9 de marzo, recibió a ejecutivos de la empresa Sicpa, que se dedica principalmente a tecnología para la trazabilidad de impuestos específicos.
En tanto, el asesor de la subsecretaría, José Miguel Alvarado, recibió el 21 de marzo a representantes de la Asociación Pro Consumo Responsable de Alcohol (Aprocor) para conversar sobre la reforma a los impuestos correctivos y las modificaciones que prepara Hacienda al impuesto específico. En la misma línea, el ingeniero recibió el 20 de enero a las ejecutivas de Coca-Cola Chile Paola Calorio (directora de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Comunicaciones para Chile, Bolivia y Paraguay) y Valentina González (gerenta de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Comunicaciones para Chile) para abordar «posibles modificaciones tributarias asociadas a las bebidas azucaradas», según narra la plataforma de lobby.
Fuente: Diario Financiero
Foto: Referencial/Diario Financiero
