A nadie debería asombrar la crisis derivada del cierre programado de la fundición Ventanas de Codelco. En algún minuto, las pérdidas que aún hoy arroja su tecnología obsoleta y contaminante, así como las obligaciones que contrajo Codelco con su adquisición en 2005, harían inviable su funcionamiento por mucho más tiempo. No por nada el Gobierno de Sebastián Piñera, en 2019, había evaluado seriamente proceder con la clausura, aunque este escenario ya había sido visualizado en el Gobierno anterior, el de Michelle Bachelet, cuando el por entonces presidente de la cuprífera estatal, Óscar Landerretche, alertaba sobre el problema que suponía el funcionamiento de una instalación que –al igual como ocurre con las otras fundiciones– es impropia del siglo XXI, cuya caducidad no ya sólo impacta todavía hoy en el alza de los costos operativos, sino que además genera un serio costo reputacional a la compañía por sus efectos en el medioambiente y la salud de las personas.
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La clausura de Ventanas era, y así lo aclara Landerretche en su libro Hacia un nuevo pacto (2021), una decisión ciertamente necesaria pero postergada en virtud de los dolores que previsiblemente generaría el anuncio, situación que –en opinión del académico– viene a poner en relieve uno de los grandes vicios de la política chilena, que se ha visto incapaz de traducir este tipo de desafíos en oportunidades proclives a impulsar a Chile hacia nuevos niveles de desarrollo. Por cierto, el expresidente de Codelco pone el foco de su análisis en la problemática contaminante de sus fundiciones y el temor que implica asumir los costos que entraña la adopción de decisiones complejas y dolorosas, como es, en efecto, el hecho de cortar con inercias operacionales y organizacionales que resultan lesivas para las perspectivas futuras de la compañía.
“Cuando los principales yacimientos de cobre (que hoy constituyen las divisiones mineras de Codelco) fueron nacionalizados, hace cincuenta años, algunos de ellos tenían medio siglo o más de historia bajo el cinturón. Increíblemente, en el caso de El Teniente y Chuquicamata, a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde ese 11 de julio de 1971, han operado más tiempo como mineras privadas que estatales. No solo eso; los que hemos estado cerca de ellas sabemos que aún perduran en esas divisiones algunos rasgos de la cultura empresarial de las empresas que las operaban hace tanto tiempo, rasgos que varían de división en división, dado que las empresas propietarias también eran diferentes”, destaca el texto escrito por Landerretche.
Lo grave de este fenómeno es que, como era previsible, la cultura productiva de la compañía no logra actualizarse frente a las demandas ambientales de los territorios que cobijan sus operaciones, máxime si consideramos que la ecología y el respeto al medioambiente parecían excentricidades hace más de 50 años. A lo anterior se suma, según Landerretche, al paradigma cultural que tiende a ver con sospecha e incredulidad la capacidad de toda empresa estatal de acometer transformaciones y proyectos “ambiciosos” y de “vanguardia”, subraya el académico.
Por contrapartida, los profesionales y trabajadores de la empresa, a juicio de Landerretche, han optado por introducir cambios parciales para optimizar su funcionamiento y estirar su vida útil bajo parámetros ambientales cercanos a la norma chilena, una que ya está, de por sí, desfasada en relación con los estándares que se observan en países más desarrollados. Pero no hay caso. Dice Landerretche: “Estas fundiciones son mucho menos productivas, más costosas y más contaminantes que sus pares de Europa, Asia y Norteamérica”. Y agrega: “Es natural, algunas de ellas llevan medio siglo o más operando. Hay un límite a lo que se puede reparar o arreglar”.
Pero hay otra arista de la que poco y nada se habla: cómo es que se obligó a Codelco a adquirir una fundición obsoleta a la Empresa Nacional de Minería (Enami), asumiendo así sus pérdidas. De acuerdo a Landerretche, lo que hizo el Estado de Chile fue utilizar recursos de la cuprífera estatal para salvar indirectamente a Enami, una empresa que –según recuerda el expresidente de Codelco– estaba “encargada de administrar un subsidio público a la pequeña y mediana minería, consistente, teóricamente, en generar economías de escala para el refinamiento de cobre al que estas empresas no pueden acceder (las fundiciones y refinerías son, por definición, grandes), pero en realidad combinado con garantías de precios, créditos blandos, bicicletas financieras y préstamos que, en muchos casos, no se pagan”. Hay otro elemento complicado en esta ecuación: bajo el paraguas de Enami operan, disfrazadas de pymes, algunas de las «más grandes fortunas mineras» del país, “la mayoría de las veces con relaciones muy íntimas con parlamentarios de sus zonas… de lado y lado”, sostiene el economista en su libro.
En el traspaso de la fundición además se procedió con otro elemento que distorsiona el concepto de alianza público-privada imperante en Chile: el subsidio estatal a las empresas privadas. “Se estableció por ley, además, que esa fundición debía seguir sirviendo a los mineros privados (a pérdida), cobrando menos de lo que en realidad cuesta procesar su material y suplantando a Enami en parte, de su función de subsidio. Prácticamente nada de la producción de Codelco de los últimos quince años se ha procesado en Ventanas”.
“Cuando, como presidente de Codelco, levanté este tema en los foros empresariales, periodísticos y parlamentarios, se nos recibió con un elocuente silencio e indiferencia, que es la forma en que los líderes de nuestro país clausuran temas. El cierre de la fundición ha estado, en la práctica, prohibido por gobiernos sucesivos, y el subsidio a los empresarios, garantizado por ley”, añade el autor de Hacia un nuevo pacto, quien lamenta cómo Codelco, en este “bicicleteo clientelista”, debió asumir “el peor pasivo ambiental de la minería chilena”, toda vez que “tuvo que hacerse cargo en forma obligada de un desastre que no había causado”.
De esta manera, según el académico de la Universidad de Chile, la decisión de postergar el cierre bajo su presidencia se debió a su temor a que se provocase “un cuello de botella estratégico con el Estado chino, que podría llegar a tener, potencialmente, un poder monopsónico sobre nuestros concentrados de cobre”. ¿La solución? Programar el cierre gradual de Ventanas y todas las demás fundiciones para construir tres nuevas instalaciones con tecnología de punta en las regiones de Antofagasta, Atacama y Valparaíso.
Asimismo, Óscar Landerretche reconoce tres fracasos en su gestión de esta problemática: primero, fue incapaz de hacerle entender al Ministerio de Hacienda de la conveniencia de emitir deuda (pública o de la propia compañía) para invertir en ese proyecto de modernización; segundo, no logró obtener el apoyo de quienes integraban la Comisión Presidencial sobre Política de Fundiciones convocada por la ex Presidenta Michelle Bachelet; y, tercero, su incapacidad de crear un mercado de “cobre verde” que, previamente certificado, alcanzara un mayor valor en las bolsas de metales del mundo, conforme su producción se encuadrase dentro de nuevos cánones ambientales, sociales y éticos.
Fuente: El Mostrador
