A juicio de economistas, la idea de eliminar la inversión privada pondría en riesgo la producción nacional de «oro blanco», considerando la gran cantidad de recursos que se requieren para transitar hacia un modelo estatal.
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El litio se ha convertido en uno de los principales focos del debate político en los últimos días, especialmente luego de que el Gobierno anunciara la adjudicación de dos de las cinco cuotas de «oro blanco» que se licitaban, lo que corresponde a un total de 160.000 toneladas que representan el 1,8% de las reservas totales del país.
Esto, pese a las ofensivas de parlamentarios de oposición y del equipo del Presidente electo, Grabiel Boric, para frenar el proceso.
Sumado a ello, este viernes la Corte de Apelaciones de Copiapó puso un signo de interrogación en torno a este proceso, luego de que -tras acoger dos recursos de protección- dictara una orden de no innovar y, por tanto, de suspender la lictación de contrartos de explotación, exploración y beneficio de litio, que habían sido adjudicada a las empresas BYD Chile Spa y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.
En fallos unánimes, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Marcela Araya, el fiscal judicial Carlos Meneses y la abogada (i) Verónica Álvarez– acogió las solicitudes del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, y de comunidades indígenas, y dio un plazo de de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia.
Sin embargo, pese a que ahora se paraliza la licitación, lo cierto es que la noticia de su adjudicación tampoco agradó al Presidente electo, Gabriel Boric, quien cuestionó todas aquellas contrataciones que se hacen al finalizar los gobiernos, lo que calificó como «amarres» a «última hora».
Pero sumado a esto, existe otro punto de debate en torno a este metal, considerando que una de las propuestas de su programa apunta a crear una empresa nacional del litio «que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso estratégico, con protagonismo de las comunidades, agregando valor a la producción».
Se trata de un mecanismo muy distinto al que opera actualmente en Chile, considerando que las empresas Albemarle y SQM son las principales actores del mercado nacional. De hecho, ambas, mediante una asociación público-privada, explotan a nombre del Estado –único dueño de los recursos en el país- este tipo de metal.
De hecho, según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), estas compañías concentraron el 36% de la producción de mina agregada en 2020.
Y aunque el Gobierno ha asegurado en reiteradas ocasiones que acogió los planteamientos del equipo de Boric en torno al tema del litio, y ha reafirmado su disposición conformar con la oposición una Mesa Nacional para elaborar una estrategia que desarrolle esta industria en el largo plazo, tanto expertos como gremios ven con ciertos reparos la posibilidad de crear una empresa estatal específica para este producto minero.
¿Es viable?
En una columna publicada por El Mercurio, el académico de la Universidad Católica, Juan Ignacio Guzmán, detalla que producto de la alianza entre SQM y Albemarle con las pertenencias que posee la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en el Salar de Atacama, el país «ha recibido en contribución directa e indirecta más US$11 mil millones, lo que representa el 65% de la utilidad generada por las empresas».
Sin embargo, cabe mencionar que Cochilco proyecta que la participación nacional en el mercado del litio crecerá de un 30% en 2019 a 35% en 2022, con posterioridad habría una desaceleración continua de la producción, y se estima que esta descendería a 15% hacia fines de década.
A la luz de estos hechos, Guzmán postula que «la idea de eliminar la asociación público-privada merece ser discutida», pues si bien es altamente probable que Chile siga siendo, independientemente de la eventual aprobación de un nuevo texto constitucional, el púnico sueño del litio, se vuelve «necesario sopesar la potencial apropiación del 100% de la utilidad para el Estado, con la posibilidad real de que una empresa estatal pueda generar dicho margen».
A su juicio, la generación de valor a través de la explotación de este recurso no está garantizada, puesto que se requiere al menos de cuatro condiciones indispensables, tales como: contar con la infraestructura adecuada para generar la producción –lo que podría tomar incluso más de diez años-. O también disponer del capital necesario, y el endeudarse al invertir en una nueva industria, lo que para el experto «no es razonable, habiendo tantas necesidades sociales no satisfechas».
En tercer lugar, Guzmán se refiere a la falta de experiencia, y argumenta que «ninguna empresa estatal ha explotado salares. Si algo nos ha demostrado Codelco, es que una empresa minera estatal para tener éxito requiere no solo de los recursos minerales, sino que también del know how del negocio».
Luego, menciona que hace falta conocimiento, considerando que «producir litio para abastecer el mercado de las baterías requiere de conocimiento y tecnologías especializadas, que dependen críticamente de los recursos a explotar».
Bajo este escenario, el experto señala que la clave está en «desarrollar las mejores capacidades que nos permitan en el futuro estudiar seriamente la apertura de una empresa pública, a la vez que sigamos incentivando la asociación público-privada, con una retribución justa para el Estado, de forma tal de disfrutar hoy y en el futuro de los beneficios de un mercado con rápido crecimiento».
Por otro lado, Joseph Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también abordó la viabilidad de crear una empresa nacional del litio. «Si uno dijera exclusivamente estatal, sería una locura, porque esto requiere enormes inversiones, mucho más de lo que el Estado chileno, con todas sus demás demandas, está en condiciones de financiar adecuadamente», sostuvo en entrevista con EmolTV.
Tras ello, comentó «la minería es principalmente privada, en el caso del litio, creo que definitivamente debería ser así, donde el Estado regula. Se puede regular desde afuera, o se puede regular también con una empresa propia, pero no me corto las venas sobre ese tema», y agregó que «el grueso de la inversión tendrá que ser privado porque implica enormes recursos».
Ahora bien, sí desmenuzó algunas de las características que debiera presentar dicha empresa nacional, tales como «regirse por las leyes del mercado», lo que implica «que debe tributar como toda otra empresa, no tiene subsidios del Estado, aparte de su propia creación, que no es un subsidio, sería una inversión que hace el Estado para ser propietaria de ello, que los ejecutivos y profesionales sean por mérito, no por razones políticas. Son criterios de ese tipo, cosas que caracterizan a las empresas públicas en Chile».
Pero ya con miras a futuro, María Luisa Valenzuela, investigadora del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas de la Universidad Autónoma, rescató «crear una empresa nacional del litio, con miras a hacer innovación con este elemento, debe ser el norte de los futuros gobiernos. Podemos hacer componentes de producciones que necesiten litio en sus partes, como ejemplo hacer el cátodo para exportarlo (no la sal) y para eso muchos de los elementos que se necesitan también están en Chile».
La postura de gremios
Consultado por el Emol sobre la materia, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, afirmó: «El Estado de Chile debiera, y los gobiernos de Chile, enfocarse en aquellas cosas en que estamos al debe».
«Explotar el litio requiere experiencia, requiere recursos, y esa experiencia no existe en el sector público, los recursos tienen otras prioridades y eso es bastente evidente, y creo que no debería esperarse mucho tiempo para aprovechar la oportunidad que está danto el actual precio del litio. Por lo tanto, ni en el timming, ni expertiz, ni los recursos justifican esa empresa pública del litio hoy día»
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero
«Estamos al debe porque tenemos mala salud, porque tenemos mala educación, porque tenemos problemas en las pensiones, porque tenemos problemas en el acceso a la vivienda, porque tenemos problemas en las comunidades. Entonces yo digo bueno, por qué no le dejamos a los privados, al sector privado, con la regulación adecuada, a través de las licitaciones adecuadas, la gestión de la producción, el desarrollo, el comercio», agregó.
Con esto, sostuvo que «es complejo, porque tenemos que poner los recursos donde la gente los está demandando, más que emprender. Las concesiones lo que permiten es que los países se desarrollen, avancen, y la inversión, sea privada, interna o externa, es muy importante, así se ha desarrollado las carreteras, las autopistas, los puertos, incluso algunos hospitales concesionados».
«Creo que el litio es una buena forma, se puede distribuir en distintos operadores, es lo mismo que la pesca, y yo creo que el Estado empiece a ser empresario, para mí, es una mala idea», concluyó.
Por su parte, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, declaró «atendidas las prioridades que tiene el futuro gobierno vinculadas con temas de salud, de pensiones, de vivienda, de trabajo, inconvenientes derivados de la pandemia, no parece razonable que el país destine parte importante de su presupuesto a una aventura empresarial en el sector del litio».
«Explotar el litio requiere experiencia, requiere recursos, y esa experiencia no existe en el sector público, los recursos tienen otras prioridades y eso es bastente evidente, y creo que no debería esperarse mucho tiempo para aprovechar la oportunidad que está danto el actual precio del litio. Por lo tanto, ni en el timming, ni expertiz, ni los recursos justifican esa empresa pública del litio hoy día», concluyó.
Fuente: Emol.com
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