Se trata del último intento del Estado de Chile por resguardar sus intereses en la industria del litio. Según el Consejo de Defensa del Estado, la entrega de las servidumbres a Simbalik, un grupo de inversionistas taiwaneses socios del Grupo Errázuriz, «se superpone en su totalidad con el perímetro que el Estado de Chile reservó a una de sus empresas para explotar litio”.
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La semana pasada, el abogado procurador fiscal de Copiapó del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Adolfo Rivera, presentó en la Corte Suprema un recurso de casación que es mirado con atención por grandes mineras.
Se trata del último intento del Estado de Chile por resguardar sus intereses en la industria del litio, cada vez más pujante debido a la alta demanda del mineral que es utilizado en baterías de larga duración para vehículos eléctricos.
La acción busca revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó del 12 de abril de 2022, que rechazó el recurso de apelación del CDE y confirmó el fallo del 1° Juzgado de Letras del 7 de octubre del 2021. Este último dictamen viene a ser clave para la trama, pues acogió la demanda interpuesta por Simbalik Group Inversiones Limitada -propiedad de inversionistas taiwaneses y socios del Grupo Errázuriz- y otorgó una servidumbre minera en un terreno de 292 hectáreas en el Salar de Maricunga, en la Región de Atacama.
En el escrito, el CDE exigió la nulidad de ambas sentencias y alertó un eventual perjuicio para Codelco en caso de confirmarse los fallos de primera y segunda instancia.
“El área pedida en servidumbre por Simbalik Group Inversiones Limitada se superpone en su totalidad con el perímetro que el Estado de Chile reservó a una de sus empresas para explotar litio”, consignó en su presentación. En efecto, el 9 de marzo de 2018, el Estado de Chile celebró un contrato con la cuprera a través de la empresa filial Salar de Maricunga SpA, para la operación de un yacimiento de litio en la zona.
Consultada Codelco sobre el contenido de este artículo, declinó efectuar comentarios.
Para el CDE las últimas sentencias han incurrido en una “infracción de derecho”, ya que se ha constituido una servidumbre minera, sin que concurriera uno de los presupuestos normativos, como es la necesidad o utilidad que justifique su otorgamiento.
“El demandante solicitó este gravamen sobre el predio de dominio fiscal, con la finalidad de explorar y explotar litio, siendo el caso que sus concesiones mineras sólo le permiten explorar y explotar cloruro de sodio, cuestión que fue pasada por alto por los sentenciadores de la instancia, accediendo igualmente a la pretensión del actor”, acotó el escrito.
“Hay un antecedente de derecho que la Corte de Apelaciones de Copiapó esquiva al momento de confirmar la sentencia de primera instancia, acogiendo en definitiva la demanda del actor, esto es que, la demandante sociedad Simbalik Group Inversiones Limitada, no puede explorar ni explotar el litio que exista en las entrañas de sus concesiones mineras denominadas Cocina”, añadió el mismo documento.
“El Consejo de Defensa del Estado está errado”
Desde Simbalik explicaron que “el Consejo de Defensa del Estado está errado, porque el CEOL de Codelco respeta todas las pertenencias antiguas e incluso las mismas de Codelco en el Salar de Maricunga y esta servidumbre que se ha solicitado es sobre pertenencias antiguas que ya están otorgados los permisos de Comisión Chilena de Energía Nuclear”.
Pero en el trasfondo del conflicto radica un millonario proyecto que mantiene en marcha el Grupo Errázuriz con Simbalik y que hoy en Copiapó se encuentra en etapa de pruebas. La iniciativa busca la explotación de litio por medio de un novedoso sistema que requeriría un menor consumo de agua y considera una inversión total de US$400 millones, como informó en febrero de 2017 Pulso.
La iniciativa cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, aunque actualmente está sujeta a consulta indígena. Esto, luego que una comunidad alegara que no fue consultada y que la Corte Suprema ordenara que el proceso de evaluación ambiental del proyecto se retrotraiga a dicha etapa.
Las pertenencias que tienen ambas empresas están un paso más adelante que el resto para ser explotadas, puesto que estas ya cuentan con la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). Esto, puesto que fueron adquiridas antes del Decreto Ley Nº 2.886 de 1979, que definió al litio como reserva del Estado, por lo que no es susceptible de ser explotado a través de una concesión minera, salvo aquellas concesiones constituidas con anterioridad.
El Grupo Errázuriz destacó que “será el primer proyecto con tecnología de extracción directa que no tendrá impactos ambientales, porque se reinyecta la salmuera que se le extrae al litio. Tiene un 95% de recuperación del litio retenido en la salmuera versus los procesos tradicionales que evaporan y que sólo extraen entre el 40% a 45%”.
Exploraciones en marcha
Por otro lado, a finales de enero, Codelco obtuvo el último permiso sectorial para iniciar la habilitación de los accesos que le permitirán iniciar su campaña de exploración en el Salar de Maricunga, ubicado en la Región de Atacama.
Este hito marca el comienzo de esta etapa del proyecto. Se estima que los sondajes se iniciarán a fines de marzo y que durarán cerca de 10 meses. Dependiendo de los resultados de la campaña, específicamente de las concentraciones de litio disuelto en las salmueras de dichas propiedades mineras, la empresa definirá si es medioambiental y económicamente viable continuar con el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto.
“La Política Nacional del Litio y la Gobernanza de los Salares, emitida en 2016, le encargó a Codelco que, junto con el Ministerio de Minería, evaluara la factibilidad de explotar el litio existente en el Salar de Maricunga, mediante alianzas público-privadas, considerando el respeto y el cuidado de los ejes sociales, económicos y ambientales”, consignó la cuprera estatal en un comunicado de prensa.
Fuente: La tercera
