La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha formulado dos cargos graves contra Codelco, específicamente contra tres proyectos de la división Ministro Hales, debido a que estos proyectos impulsan los relaves al tranque Talabre y esto está provocando la contaminación del río Loa en la Región de Antofagasta.
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Severas acusaciones y posibles sanciones
Según la SMA, estos cargos graves podrían resultar en multas de hasta 5.000 UTA (Unidad Tributaria Anual), además de la revocación de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) o incluso la clausura de la empresa. En el caso de Codelco, División Ministro Hales, podría enfrentar una multa de hasta diez mil UTA, lo que equivale a más de $7.908 millones.
Codelco ha respondido a estas acusaciones asegurando que tomarán la situación seriamente y analizarán detalladamente los antecedentes para poder responder a la autoridad y a las expectativas de la comunidad. Además, la empresa reafirma su compromiso por desarrollar una minería responsable con el cuidado del medioambiente, y expresó su disposición a corregir cualquier brecha que se identifique en el menor tiempo posible.
Ministro Hales y su relación con los proyectos cuestionados
La división Ministro Hales es la responsable de los proyectos «Mansa Mina», «Modificación Mina Ministro Hales» y «Optimización de procesamiento División Ministro Hales». La SMA afirma que los relaves generados por estos proyectos, junto a los de las divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic de Codelco, son llevados al tranque Talabre, que es el causante de la contaminación del río Loa.
Esta denuncia tuvo origen en el año 2023 a partir de infiltraciones generadas en el tranque desde el año 2019, lo que implicaría la contaminación del acuífero del Río Loa. Además, se plantea que esta contaminación tendría como dirección la ciudad de Calama, afectando el acuífero protegido de Yalquincha y expandiendo el área de influencia más allá de lo permitido inicialmente.
Cargos graves y la responsabilidad de las empresas
La SMA realizó diversas diligencias y fiscalizaciones, y en base a estos antecedentes formuló dos cargos graves contra la minera. El primer cargo se sustenta en que la empresa no validó ni ejecutó un plan de contingencias para controlar la alteración progresiva de los recursos hídricos subterráneos. El segundo cargo se basa en que la compañía realizó una depositación de relaves sin cumplir el límite inferior establecido para el porcentaje de sólidos desde 2017 hasta 2024.
La Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, destacó la importancia de que todas las empresas cumplan con las condiciones, normas y medidas establecidas en los permisos ambientales obtenidos para operar.
