El asalto aéreo y terrestre movilizó a 1.500 efectivos del Bloque de Seguridad y logró la desarticulación de $12$ hectáreas de infraestructura y campamentos clandestinos en Azuay, interrumpiendo circuitos de financiamiento y lavado de activos vinculados a redes criminales.
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La Operación “Tormenta de Fuego” culminó con la destrucción de 12 hectáreas de infraestructura y campamentos de minería ilegal en La Chonta, Azuay, tras el despliegue de 1.500 efectivos del Bloque de Seguridad el 3 de noviembre de 2025. Esta acción contundente, que empleó artillería pesada y munición de alto poder, reafirma la estrategia de control territorial en la Sierra sur y el corte de flujos financieros ilícitos que nutren al crimen organizado.
Despliegue Estratégico y Control Territorial
El operativo ejecutado por el Ejército y la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAEE) focalizó la intervención en el cantón Pucará, un enclave geográficamente complejo e históricamente afectado por la extracción ilegal de oro. La magnitud de la intervención, que implicó maniobras de aseguramiento por aire y tierra, consolida el control territorial en una zona identificada por los servicios de inteligencia como un punto neurálgico para el contrabando de armas, extorsión y microtráfico.
Fuentes de Defensa Nacional confirmaron que la desarticulación incluyó procesadoras, bocaminas y estructuras logísticas utilizadas para la extracción de mineral, la cual se ha convertido en una de las principales vías de lavado de activos en el país. Antes de proceder con las detonaciones de alta precisión, se completó la evacuación preventiva de los pobladores aledaños, minimizando riesgos civiles.
Vínculos con Crimen Organizado y Consecuencias Financieras
La ofensiva se sustentó en inteligencia que vinculó las operaciones mineras clandestinas con células delictivas de alto valor, específicamente de la red “Los Choneros”. La minería ilegal de oro en Ecuador impulsa las finanzas de estas redes, generando un grave impacto no solo ambiental, sino también económico, al inyectar mineral blanqueado en circuitos de comercio internacional, erosionando la producción formal.
El Ministerio de Defensa ha señalado que esta intervención forma parte de la estrategia sostenida del Bloque de Seguridad contra las economías ilícitas en el marco del “conflicto interno armado” decretado en enero de 2024. La medida faculta a las Fuerzas Armadas a actuar directamente contra grupos terroristas y criminales, priorizando la interrupción de sus flujos financieros.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación para trazar la procedencia de los equipos destruidos y las redes de financiamiento que sostenían estas actividades, las cuales han generado conflictos con comunidades agrícolas y afectado fuentes hídricas en Azuay. El Estado ecuatoriano sostiene su decisión de continuar la ofensiva en otras provincias con focos de minería ilegal, consideradas amenazas directas a la estabilidad nacional.
