Fue el jueves pasado cuando el Presidente Gabriel Boric puso, en público, un plazo perentorio a la ministra de Minería, Aurora Williams, para definir una de las materias pendientes más acuciantes de su cartera: la decisión de cuáles salares destinar a protección ambiental, y cuáles a aumentar la producción de litio en el país. Una de las determinaciones más esperadas por grandes empresas internacionales, que buscan conocer ese y otros detalles, para así ver si competen por ingresar formalmente al negocio del litio en Chile.
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“Se tiene que zanjar este mes, ministra, cuáles son los yacimientos de litio que se van a dedicar a la conservación, cuáles son los que se consideran salares prioritarios, cuáles se van a abrir también para que otras compañías puedan explorar, y eventualmente explotar… el 26 tenemos que tener zanjada esa discusión”, le dijo el mandatario a la secretaria de Estado, generando reacciones en que se mezclaban algunas risas nerviosas, expresiones de sorpresa y hasta aplausos. Todo, en medio de la puesta en marcha de la desaladora de Minera Los Pelambres, del grupo Luksic.
Más tarde, la titular del ramo recogió el guante, confirmó el plazo, y aterrizó el tema. Ahí explicó que este martes sesionará el Comité de Litio y Salares. Una instancia creada en junio de 2023, que tuvo seis sesiones, pero que lleva varios meses a la espera de poder volver a reunirse y definir cuáles serán los depósitos estratégicos, los protegidos y los que se abrirán oficialmente para ser explorados, y potencialmente explotados, por actores privados y/o alianzas público privadas.
“Efectivamente, el día 26 de marzo se realizará uno de los consejos de ministros del litio (…), y esto nos permite concluir un proceso de evaluación importante, que ha requerido de equipos técnicos, a los cuales agradecemos el trabajo que ha realizado en todo este tiempo, y que va a permitir justamente hacer las definiciones que habíamos señalado”, señaló en esa instancia Williams, remarcando que, tras dicha reunión, “haremos los anuncios correspondientes a lo que significan los salares protegidos, así como también aquellos salares que pueden ir a producción”.
El anuncio marcará un hito relevante dentro de la estrategia gubernamental del Ejecutivo, definida en abril de 2023. Según se dijo en ese entonces, así como también en el documento que plasmó la política nacional del litio después -publicado en junio del año pasado-, las licitaciones a privados de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) para que exploren los salares ya catastrados por Sernageomin, y que sean considerados “susceptibles de exploración”, comenzarían a ocurrir a partir del primer semestre de 2024.
El referido documento señaló que, según estudios previos de Sernageomin, en Chile existen en total 63 ambientes salinos, 45 de ellos, salares, y 18 lagunas salinas. De los salares, dichos análisis ya arrojaban que sólo 18 tienen “interés para una evaluación específica respecto a su potencial geológico para albergar proyectos de litio”. Eso sí, el documento oficial distinguía que hay dos salares con pertenencias previas a 1979, Pedernales y Atacama, y que en los restantes “no hay pertenencias sobre litio, por lo que cualquier proyecto de exploración o explotación con participación privada requiere de un CEOL”.
Así, la estrategia definió delegar a “operadores” la tarea de catastrar los recursos, en los 18 salares que ya cuentan con estudios preliminares, en un proceso para seleccionar las empresas “público, transparente e informado de licitación a privados de CEOL de exploración”. En caso que los resultados muestren potencial, “el privado tendrá la opción preferente para asociarse con una empresa del Estado para la etapa de explotación”, y para los proyectos de valor estratégicos, la asociación será con control estatal.
También trazó otros objetivos de la licitación: que las ofertas técnicas incluyan informes e instrumentos “para mantener al Estado actualizado de la información recopilada, una propuesta de plan de generación de valor local y encadenamientos productivos, así como la estimación de impactos ambientales asociados a cada proyecto”. Entre los competidores, las asociaciones público privadas también podrán presentar ofertas por un CEOL de exploración.
Otra de las materias que confirmó Williams fue la decisión del Ejecutivo de poner en revisión el proyecto de ley para crear la Empresa Nacional del Litio, aspecto comprometido en el programa de gobierno. Según explicó, el análisis arroja que los objetivos trazados para la creación de dicha empresa, “están siendo debidamente asumidos por las dos empresas públicas, y por Corfo”.
“Los objetivos de la empresa nacional del litio tenían por sentido hacerse cargo de todo el proceso productivo de litio, desde la extracción hasta la agregación de valor. Hemos trabajado, a través de la propia estrategia, en distintos ámbitos. Hoy día Corfo está agregando valor (…) y tenemos a las dos empresas públicas, tanto Codelco como Enami, trabajando en exploraciones”, indicó.
Así, remarcó que “estamos trabajando en todos los objetivos que tiene la Empresa Nacional del Litio, y naturalmente evaluando la pertinencia de la presentación de este proyecto de ley, en razón de los avances que están teniendo las dos empresas públicas”. El envío del proyecto lleva más de tres meses de atraso, de acuerdo al plazo autoimpuesto para su presentación, fechado para finales de 2023.
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