Un paso controversial hacia la regulación de la consulta previa, libre e informada genera debate en Ecuador.
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El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador ha desatado una ola de controversia al emitir un manual de procedimientos para regular el derecho a la prioridad, Consulta libre e informada, luego de la visita del presidente Daniel Noboa y la ministra de Energía Andrea Arrobo a Canadá durante la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) 2024.
Ausencia de una ley orgánica: Preocupación para los inversores
El documento se produce en un contexto de ausencia de una ley orgánica que regule este tema, lo que había generado preocupación entre los inversores extranjeros, especialmente en el sector minero. La falta de un marco legal claro ha sido motivo de inquietud para la estabilidad y seguridad jurídica en el país.
Contenidos del manual y su aplicación obligatoria
El manual, emitido mediante Acuerdo Ministerial 002 del 6 de marzo de 2024, se basa en normas constitucionales y tratados internacionales para la implementación de la consulta previa, libre e informada. Detalla los procedimientos que deben seguirse antes de autorizar actividades mineras y los plazos de procesamiento para cada una de ellas, especialmente en comunidades vulnerables y tierras indígenas.
Resultados de la consulta previa no vinculantes
Una de las disposiciones más controvertidas del manual es que los resultados del proceso de consulta previa, libre e informada no son vinculantes para el gobierno. Esto significa que, en última instancia, el gobierno podría optar por avanzar con proyectos mineros incluso sin el consentimiento de las comunidades afectadas.
Reacciones de los grupos ambientalistas y comunidades indígenas
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Cofeniae) ha rechazado enérgicamente el manual, calificándolo como un intento de imponer una agenda extractiva y eludir los controles democráticos. Consideran que el manual atenta contra los derechos establecidos por la «reserva de ley orgánica» y convierte la consulta previa en un mero trámite administrativo.
Defensa del gobierno y el debate legal
El gobierno ha defendido la legalidad del manual, argumentando que se basa en declaraciones previas de la Corte Constitucional y en el artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, estas afirmaciones no han logrado calmar las preocupaciones de los críticos, que insisten en que se están ignorando los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
