De acuerdo al informe de Ejecución fiscal, el gasto público se contrajo 23,1%, retirando todo el estímulo que estuvo presente en 2021 para hacer frente a la crisis económica que provocó el Covid 19. Esto permitió que el balance fiscal terminara con un saldo positivo de 1,1%, el mejor resultado desde 2011.
Cuentas alegres tuvo el gobierno en materia fiscal. Es que, pese a que varios analistas dudaron de que Hacienda podría mantener firme el timón al cierre de 2022, el gasto público se contrajo 23,1% retirando todo el estímulo que estuvo presente en 2021 para hacer frente a la crisis económica que provocó el Covid 19.
De acuerdo al informe de Ejecución fiscal de diciembre, explicado tanto por la disminución interanual del gasto presupuestario de -23,8% y el gasto extrapresupuestario con una merma de 34,8%.
En el detalle se informó que la caída del gasto corriente se explica en el menor gasto en subsidios y donaciones (-45,6% real) a causa de la alta base de comparación por el IFE Universal en 2021. Mientras, la variación del gasto de capital se explicó por una caída anual de la inversión (-18,0% real), lo que fue compensado por el alza de las transferencias de capital (31,3% real), principalmente debido a la implementación de una nueva estructura presupuestaria en los Gobiernos Regionales, en donde la imputación de las iniciativas de inversión no se registra en inversiones, sino que, en transferencias de capital, explica el informe de la Dirección de Presupuestos.
De esta manera, el balance efectivo del Gobierno Central Total acumuló un superávit en 12 meses de 1,1% del PIB, siendo el mejor resultado desde 2011. No obstante, desde Hacienda anticipan que para este año nuevamente habrá un déficit, puesto que los ingresos recibidos que permitieron este mejor resultado son transitorios.
“Si en 2022 tuvimos una serie de factores que nos permitieron mejorar por una vez los ingresos fiscales, tenemos que ser realistas respecto de 2023. Una vez que desaparecen esos efectos, tenemos que fijar metas fiscales que sean alcanzables. Ya teníamos definida una trayectoria año a año, desde abril del año pasado, cuya trayectoria para 2023 mejora, aunque no signifique un cambio de signo a cifras de superávit fiscal”, sostuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
En la misma línea, el secretario de Estado dijo que “tenemos que ser responsables en relación a qué es lo que es posible alcanzar y lo que no, pero va a ser de todas maneras un año de consolidación fiscal en el sentido de que después de los grandes desequilibrios que tuvimos en 2020 y 2021, vamos a tener durante todos estos años una trayectoria que va a ir convergiendo a un balance cercano a cero al final de este período presidencial”.
Mientras que la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, enfatizó que se confirma el compromiso de esta administración con la responsabilidad fiscal: “Pusimos bastante énfasis durante todo el año para lograr una consolidación del gasto fiscal, lo que se observa principalmente en la disminución del gasto corriente, liderado por la contracción de subsidios y donaciones, asociado al IFE Universal”. Esto, agregó, a pesar de que inicialmente en el Presupuesto 2022 no se consideraba totalmente el gasto asociado a la Pensión Garantizada Universal (PGU) lo que elevó el gasto de manera importante.
Desde el sector privado, Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, subraya que “el resultado fiscal 2022 fue sin duda más positivo de lo que se esperaba, pero, sin embargo, responde fundamentalmente a ingresos que son de carácter transitorio, por lo tanto, eso no cambia la perspectiva que hacia los próximos años vamos a tener déficit fiscal. Por ello, no cambia el desafío de ir logrando un equilibrio fiscal de aquí a 3 años más, que tiene que ver con la meta de crecimiento que se propuso el ministerio de hacienda este año”.
Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, comenta que “hasta el momento la política fiscal ha sido bastante eficiente, pero eso no cambia el escenario del mediano plazo, el gobierno tiene que ir comprometido en garantizar esta agenda pro crecimiento. Durante 2023 veremos que el primer semestre la caída del PIB será profunda. Chile necesita mantener esta agenda de credibilidad en términos de su manejo fiscal y como lo ha hecho en su historia reciente”.
Para lograr este resultado, los ingresos del gobierno central total tuvieron un crecimiento real de 6,3% respecto al mismo período de 2021, incididos, principalmente, por la mayor tributación de resto de contribuyentes y por rentas de la propiedad que subieron 503% ($3.641.665 millones). Esto último se explica por el crecimiento en la recaudación de Corfo en la partida del Ministerio de Economía producto de los contratos de explotación de litio con SQM y Albermarle. A ello se suma el alza de 23,7% de la tributación de la gran minería privada (GMP10). Así los Ingresos Tributarios Netos tuvieron un crecimiento real anual de 9,6%.
Ahora bien, el alza real anual de los Ingresos tributarios netos de 9,6% en 2022 obedeció a la mayor recaudación del impuesto a la renta (28,0%). El aumento en impuesto a la renta se debe al crecimiento acumulado de 56% en el impuesto de primera categoría. En segundo lugar, por el crecimiento de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) pagados, que a diciembre muestran un crecimiento acumulado de 23,6%. En cuanto al resto de componentes de los ingresos tributarios no mineros, los impuestos a los actos jurídicos presentaron un incremento real anual de 16,1%, dado el crecimiento del componente asociado a pagarés de 16,3%.
Por otro lado, la recaudación de impuestos al comercio exterior aumentó 6,4% real, debido al crecimiento de 17,4% de las importaciones. Por otro lado, compensó la caída del arancel implícito de recaudación, debido a los sucesivos tratados comerciales suscritos por Chile. En contraste, la recaudación por combustibles cayó38,9%, debido al funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
Adicionalmente, se informó que la deuda bruta cerró 2022 en un 37,3% del PIB estimado para el año, dando cuenta del proceso de consolidación del gasto y de normalización de la trayectoria de la deuda pública que impulsa el gobierno.
Durante todo el año el avance de la ejecución del gasto de capital, que incluye inversión y transferencias de capital, estuvo por debajo de lo registrado en 2021, e incluso mostraba un rezago importante. De hecho, a noviembre, el porcentaje de ejecución de 64,6% frente al 67% del año pasado a igual fecha. Sin embargo, al cierre del año, se aceleró notablemente hasta cerrar con una tasa de ejecución de 86,3% frente al 84,2% registrado en 2021.
En diciembre, el gasto de capital registró un aumento real anual de 27,3%, explicado principalmente por los niveles de ejecución registrados en inversión (12,6% real anual) y en transferencias de capital (47,8% real anual).
¿Qué se hizo? La directora de Presupuestos explica que “el resultado en inversión se explica por las disminuciones en Salud y Educación, dado el deterioro en las condiciones de oferta, escasez y mayores precios en el mercado de insumos, y por retrasos en la ejecución de proyectos de construcción y conservación de jardines infantiles, respectivamente”. Sin embargo, puntualiza que “en Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo se logró revertir dicha tendencia por la adquisición de terrenos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional y por las medidas extraordinarias para mejorar la ejecución respectivamente”.
En detalle, el informe dice que esas medidas extraordinarias para mejorar la ejecución y facilitar la adjudicación de proyectos, dispuestas por la Dirección de Presupuestos en conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, consistieron en un aumento en el límite de sobrecosto para la adjudicación directa hasta en un 20%, la definición de mecanismos de reevaluación expedita para proyectos de inversión que tengan aumentos de costos mayores al 20% con un máximo de 16 días, la definición de procedimientos rápidos para la modificación de contratos y evitar el abandono de obras, y la activación nuevos productos con Banco Estado, a través de operaciones simples y rápidas; y además, el establecimiento de un equipo de profesionales para el apoyo técnico y levantamiento de proyectos en municipios rezagados a lo largo de todo el país.
Finalmente, en el Ministerio de Obras Públicas, se aplicó desde septiembre de un índice polinómico, que permitió actualizar los pagos de las obras en función de determinados indicadores.
Así, la ejecución del gasto presupuestario (considerando el Fondo de Emergencia Transitorio) fue de 107,3% en el año, con un avance del gasto corriente de 111,9% y una ejecución del gasto de capital de 86,3%.
Fuente: La Tercera