El Gobierno del Presidente Gabriel Boric dio urgencia al proyecto de Subsidio Unificado al Empleo, con el objetivo de combatir la fragmentación actual y fomentar la contratación formal de grupos prioritarios. La iniciativa busca corregir desigualdades históricas, respondiendo a las necesidades del mercado laboral actual.
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El proyecto, firmado por los Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, pretende optimizar el monitoreo, facilitar la evaluación integral y adaptarse rápidamente a las transformaciones laborales.
Sistema actual ineficiente y fragmentado
El sistema vigente de subsidios al empleo en Chile se caracteriza por una alta fragmentación, generando duplicidades en beneficios, ineficiencias en el gasto público e inequidad en su cobertura, según señala el Mensaje del proyecto.
Estudios del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE, 2022) indican que programas vigentes como el Subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo de la Mujer no son percibidos como un aporte significativo por los beneficiarios, además de enfrentar problemas en su difusión.
El nuevo sistema propuesto busca promover la participación laboral formal especialmente en mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, grupos con brechas significativas en empleo e informalidad. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Empleo marzo-mayo 2025, las mujeres entre 25 y 54 años tienen una tasa de ocupación del 68,5%, muy inferior a los hombres, y los adultos mayores enfrentan desempleos prolongados (10,7 meses promedio).
Subsidio con administración automatizada y requisitos claros
El Subsidio Unificado al Empleo ofrecerá un aporte monetario de hasta un 20% de la remuneración bruta mensual tanto para trabajadores dependientes como para empresas. Este porcentaje variará anualmente entre 10% y 20%, en un proceso transparente que incluirá participación activa de trabajadores y empleadores.
Para acceder al subsidio, los trabajadores deberán cumplir con requisitos específicos como tener una renta bruta mensual menor o igual a 2,25 ingresos mínimos mensuales, pertenecer a un grupo prioritario, acreditar al menos seis meses de desempleo continuo (u ocho discontinuos en los últimos 18 meses) y estar entre el 40% y 60% de vulnerabilidad socioeconómica (este último requisito no aplica a personas con discapacidad).
Las empresas, por su parte, deberán ser contribuyentes de primera categoría, estar al día con sus obligaciones laborales y previsionales, mantener vigente la relación laboral con el beneficiario, y presentar su solicitud dentro de los primeros tres meses de iniciada la contratación. Se establece un límite de hasta 200 beneficiarios por empresa, con énfasis en las PYMES y personas con discapacidad.
El subsidio establece claramente la exclusión para empresas condenadas por prácticas antisindicales, vulneración de derechos laborales o delitos concursales en los últimos dos años, y también contempla cláusulas de suspensión en casos específicos, como enfermedad, maternidad o accidentes del trabajador, así como infracciones laborales graves.
Gestión centralizada y fiscalización a cargo del SENCE
La administración del subsidio será automatizada, basada en información del Servicio de Impuestos Internos y el SENCE. Será gestionado por el SENCE, encargado también de pagos, fiscalización y atención de reclamos. La Ventanilla Única Social será el canal oficial para información, difusión y postulación.
Este subsidio no constituirá renta tributable ni remuneración para efectos legales, será inembargable y no estará sujeto a descuentos. Tampoco podrá acumularse con otros beneficios estatales similares.
Actualmente, el proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, y fue derivado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, para su estudio e informe.
