El nuevo organismo acusa que la norma afectará a múltiples sectores productivos y busca detener su aplicación. “Estamos decididos a defender a los pequeños y medianos mineros”, advirtió su presidente.
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El debate en torno a la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas continúa intensificándose. La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras A.G., gremio recientemente constituido a partir de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), anunció que analiza presentar acciones judiciales para suspender o anular la aplicación de la norma.
El presidente del gremio, Patricio Gatica Rossi, explicó que ya solicitaron a un estudio jurídico evaluar los caminos legales disponibles. “Estamos decididos a defender a los pequeños y medianos mineros y recurriremos a todas las instancias que nos permite la ley y la democracia. Si tenemos que salir a las calles, lo haremos; y estamos trabajando para incorporar a todos los sectores productivos del país que se verán afectados por las nuevas normas”, aseguró.
Amplio impacto productivo
La norma —que dio origen al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) bajo la Ley N°21.600— ha generado preocupación no solo en la minería, sino también en los sectores forestal, salmonero y de la construcción.
De acuerdo con cifras difundidas por la Sonami, 273 instalaciones mineras se ubican dentro de las 99 áreas protegidas contempladas por la ley, lo que podría significar restricciones operacionales o la revisión de permisos ambientales vigentes.
El presidente de la Sonami, Jorge Riesco, advirtió que el nivel de incertidumbre en la pequeña minería “se asemeja a lo vivido durante el proceso constitucional anterior”. Según el dirigente, “la pequeña y mediana minería no sabe realmente a qué se va a enfrentar”.
Preocupación transversal
La inquietud también se ha replicado en otras ramas productivas. En representación del sector forestal, Michel Esquerré, presidente nacional de Pymemad, y José Carter, timonel de Aprobosque, plantearon en una columna conjunta que “no se trata de oponerse a la conservación, sino de advertir que las decisiones se están tomando sin diálogo efectivo ni evaluación transparente del impacto que podrían tener sobre las economías regionales y miles de familias que viven del bosque”.
La ley se encuentra actualmente en etapa de consulta ciudadana, inicialmente fijada entre el 17 y el 21 de octubre, plazo que fue extendido hasta los primeros días de noviembre ante las manifestaciones de diversos gremios. El proceso se abrió luego de que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) publicara tres listados de sitios prioritarios en el Diario Oficial, correspondientes a la macrozona norte, centro y sur.
Acciones legales en evaluación
El gremio designó como asesor jurídico al abogado Juan Carlos Urquidi Fell, experto en derecho ambiental y en institucionalidad de recursos naturales, quien explicó que actualmente se está realizando “un estudio profundo de opciones, con tal de encontrar el mejor mecanismo que asegure que la ley no se aplique o se congele”.
Urquidi advirtió que el Servicio de Biodiversidad tendría atribuciones que podrían superponerse a otros organismos técnicos, incluso al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Según el jurista, el nuevo servicio “viene a reemplazar de facto al SEA”, concentrando una potestad de coordinación y fiscalización que “constituye una suerte de supremacía institucional”.
Una minuta elaborada por el gremio sostiene que, bajo el nuevo marco legal, el SBAP podrá dictar planes de conservación de cumplimiento obligatorio, los que impondrían condiciones a la entrega de permisos sectoriales o a la gestión de recursos naturales, afectando incluso proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente.
Críticas a la estructura de la ley
El abogado Urquidi calificó la norma como “una ley redactada por científicos y biólogos”, argumentando que su diseño carece de integración práctica con los marcos regulatorios existentes. “Si la ley confiere facultades para imponerse sobre otros organismos del Estado, entonces estamos ante una especie de dictadura verde”, declaró.
A su juicio, el establecimiento de los sitios prioritarios representa solo “la primera capa” de la entrada en vigencia del nuevo régimen, que posteriormente derivará en restricciones al uso del territorio y afectaciones directas a proyectos de inversión.
