La red de gremios regionales de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) manifestó su preocupación por la forma en que se está implementando el nuevo Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), advirtiendo que podría tener efectos negativos sobre la inversión, el empleo y la actividad productiva en regiones.
Relacionados:
Según explicó la organización a través de un comunicado, el listado en consulta de 99 Sitios Prioritarios para la Conservación, que abarca cerca de 4 millones de hectáreas o un 5% del territorio nacional, fue elaborado “sin que se conozcan los criterios técnicos, validaciones científicas ni el reglamento que debe regular el proceso”. En el caso de regiones como Atacama, indicaron, la aplicación simultánea de esta medida con otras restricciones ambientales podría “afectar aproximadamente el 50% del territorio de la región, generando alta incertidumbre jurídica y económica”.
“Nos preocupa la falta de participación efectiva de los distintos actores —vecinos, propietarios, municipalidades, gremios y proyectos productivos—”, señaló la red gremial, agregando que “si bien existe una instancia de consulta pública, esta no incluyó la etapa de selección de los 99 sitios prioritarios”.
En esa línea, los gremios regionales hicieron un llamado a que “el proceso se conduzca con reglas claras, evidencia técnica y participación regional efectiva, considerando los impactos sobre la propiedad privada, los proyectos de inversión en curso y la actividad económica local”.
“Esto no se resuelve simplemente ampliando los plazos de consulta, sino construyendo la determinación de los Sitios Prioritarios sobre una base científica sólida, con criterios transparentes y validados, que aseguren decisiones fundamentadas y sostenibles en el tiempo”, destacaron.
Desde Sofofa explicaron que han presentado observaciones en las tres consultas públicas de las macrozonas Norte, Centro y Sur, “con el objetivo de contribuir a un proceso más claro y equilibrado”. Asimismo, reiteraron su disposición a colaborar en mesas de trabajo regionales o macrozonales que permitan “analizar las implicancias de esta medida y apoyar la construcción de una propuesta que concilie protección ambiental con desarrollo regional”.
El gremio enfatizó además que “existe consenso en que la permisología es uno de los principales nudos que frenan la inversión”, y que la Ley SBAP “no debe convertirse en una nueva traba al crecimiento, sino en una política que promueva un desarrollo equilibrado, donde la protección ambiental y el progreso económico se fortalezcan mutuamente”.
“El desafío no es elegir entre desarrollo o conservación, sino hacer bien las cosas”, puntualizó la red. “Chile necesita una normativa ambiental moderna, seria y equilibrada, que proteja la naturaleza y, al mismo tiempo, fomente la inversión, el empleo y el bienestar de las personas”.
