Sostienen que la premura «coincide con que se quiere cerrar los contratos justo antes de terminar su mandato la actual administración y que entre en funciones un gobierno de oposición».
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Compañía Minera Salares del Norte dejará de correr en solitario en la consulta que presentó el 10 de diciembre al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que resuelva si las bases de la licitación pública que lanzó el Ministerio de Minería para establecer contratos especiales de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, pueden infringir las normas que protegen la libre competencia.
Este martes, la Cámara Chilena de la Minería del Litio y la Asociación Gremial de Pequeños Industriales Mineros (Asogemin) ingresaron un escrito al organismo para hacerse parte en este proceso, aludiendo a que ambos gremios tienen interés directo atendida las eventuales y graves infracciones a la libre competencia y al desarrollo de la minería en que incurren las bases de la licitación que quiere llevar adelante el Ministerio de Minería para la explotación de litio.
En concreto, las asociaciones gremiales solicitan -en carácter urgente- que se decrete la suspensión de la licitación cuyas bases son el objeto de este proceso, que el Ministerio de Minería pretende adjudicar en unos pocos días más.
Según explican, la ejecución de la licitación bajo estas condiciones es una situación manifiestamente irregular, ya que de forma inexplicable el Ministerio de Minería intenta adjudicar en unas pocas semanas una licitación que comprometerá la industria chilena del litio por casi 29 años.
«Se quiere adjudicar, a toda costa, verdaderos monopolios para la explotación del litio en una licitación en plazos ínfimos nunca vistos para una licitación de esta envergadura, y con reglas que evidentemente favorece a las grandes mineras transnacionales», recalcan en el documento de ocho páginas.
Y no solo eso. A juicio de las agrupaciones, toda esa premura «coincide con que se quiere cerrar los contratos justo antes de terminar su mandato la actual administración y que entre en funciones un gobierno de oposición». Y sentencian: «El interés común del país está en juego».
Desmenuzando las bases, precisan que éstas tienen una serie de exigencias que son un «traje a la medida» para que se adjudiquen los contratos a unas pocas grandes mineras, dejando fuera de competencia a la minería nacional, con reglas que el TDLC ha resuelto que van contra la libre competencia y desincentivan la participación de oferentes que no pertenecen a la gran minería.
Por ejemplo, exigir acompañar boletas de garantía por casi $ 400 millones u $ 800 millones, agregar boletas de garantía por el precio ofertado, publicar un precio mínimo, entre otros.
A esto suman que la licitación fomenta el actual monopolio legal ya creado con las dos licitaciones anteriores, siendo «discriminatorias al limitarlas a algunos interesados».
La suspensión que piden decretar, enfatizan, «es indispensable porque incluso si el Tribunal acoge la consulta, la competencia y la industria del litio se habrán visto afectadas de forma irreparable». Esto, indicando que el solo hecho de conocer quiénes resulten adjudicatorios de los cinco contratos puede permitir conductas estratégicas anticompetitivas en el futuro.
«Si las mineras que se adjudiquen los contratos comienzan su exploración y explotación, se causará un año a los salares irreparable, dejando a un futuro adjudicatario (uno que se lo adjudique en un proceso verdaderamente competitivo) en una posición injustamente desmejorada. También podría verse perjudicada la eficiencia productiva y la cantidad de litio extraíble», dice.
También los gremios recordaron que esto ya ocurrió en el pasado. El año 2012 el gobierno de Chile llevó a cabo una fallida licitación destinada a entregar a SQM los derechos de explotación de 100 mil toneladas de litio, pero esta debió ser dejada sin efecto por graves irregularidades incurridas por los involucrados y fue suspendida gracias a la acción de los Tribunales. Asimismo, otro proceso fallido realizó en 2019, en que las tres empresas adjudicatarias decidieron derechamente retirar sus propuestas.
La Cámara vela particularmente por la protección, promoción y desarrollo del litio en Chile. Mientras, Asogemin agrupa a pequeños empresarios o emprendedores que en su mayoría extraen y producen minerales que entregan a Enami.
Fuente: Diario Financiero
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