El impacto de la Ley N°21.600 es una preocupación central para los pequeños mineros de Petorca.
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Análisis de la Ley N°21.600 y su influencia en la minería
El reciente encuentro en las instalaciones de la Asociación Minera de Petorca no fue una simple reunión. Esta convocatoria, liderada por el vicepresidente de SONAMI, Luis Manuel Rodríguez, y la gerente general, Carolina Vásquez, fue crucial para discutir las ramificaciones de la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en las faenas mineras de la región. Con la presencia de cerca de 40 pequeños mineros, esta ley, que podría alterar profundamente las operaciones en territorios clave, estaba en el centro de todas las conversaciones.
El enfoque principal de la jornada fue asegurar que los mineros comprendieran cómo esta legislación podía impactar sus operaciones y qué medidas podrían adoptar para salvaguardar sus intereses. A través de exposiciones detalladas y un diálogo abierto, se explicó la importante conexión entre las regulaciones ambientales propuestas y las actividades mineras continuas en áreas consideradas prioritarias para la conservación. La promoción de la participación en la consulta pública dirigida por el Ministerio de Medio Ambiente también se destacó como una táctica esencial para influir positivamente en el proceso regulatorio.
Acciones concretas y compromisos futuros
Los líderes de la reunión no solo proporcionaron información, sino que instaron a los asistentes a tomar un papel activo en el proceso de consulta pública. Luis Manuel Rodríguez, destacó la importancia de la participación, señalando que es fundamental para asegurar que las necesidades y preocupaciones de los mineros sean tenidas en cuenta antes de que la ley se implemente por completo. Además, se abordó la relevancia de mantener un diálogo continuo con las autoridades para buscar un equilibrio que beneficie tanto a la industria minera como a los objetivos de conservación del país.
Por otra parte, SONAMI ha tomado medidas proactivas al identificar y mapear las 301 instalaciones mineras localizadas en zonas de alta prioridad para la conservación, de las cuales 62 están en la macrozona norte y 239 en la macrozona centro. Esto subraya la significativa posible afectación a más de 8.900 concesiones mineras debido a la nueva ley. La organización advierte que sin una participación activa y estrategias claras, la industria podría enfrentar restricciones severas en sus operaciones y elevados costes en medidas de compensación ambiental.
