Un estudio reciente elaborado por la académica Sandra McKay, de la Universidad Queen’s de Canadá, analiza cómo la mineraría artesanal y de pequeña escala de cobre (MAPE) en Perú sostiene la transición energética global, pero también profundiza la vulnerabilidad laboral y social de miles de trabajadores.
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El artículo, titulado “¿Minerales críticos o mineros criminales? La (in)formalización de la minería artesanal y de pequeña escala de cobre en Perú”, combina etnografía, observación participante y análisis documental para seguir el recorrido del cobre desde las minas informales hasta los mercados internacionales.
Informalidad institucionalizada
Según McKay, la informalidad estructural afecta a cerca de medio millón de trabajadores y se ha consolidado desde la década de 1990. Define este fenómeno como una “informalización institucionalizada”, producto de fallas en las políticas de formalización que mantienen una ambigüedad legal y permiten al Estado evitar reformas profundas en el sistema de concesiones. Esto ha favorecido una industria extractiva flexible ante la creciente demanda global de minerales esenciales para la transición energética.
Riesgos y consecuencias
La investigadora advierte que la ausencia de trazabilidad en el cobre de la MAPE pone en riesgo la sostenibilidad del sector y los precios justos para los productores. Además, la expansión de la minería informal suele estar vinculada a redes criminales y desigualdades estructurales, aumentando la vulnerabilidad social y económica de las comunidades mineras.
Reformas y gobernanza
McKay plantea la necesidad de reformar la gobernanza de los recursos y fortalecer las políticas de formalización, incluyendo mecanismos de apoyo estatal similares al extinto Banco Minero y concesiones preferenciales para los pequeños productores. También propone analizar el impacto de los tratados comerciales internacionales en la capacidad del Estado para regular el sector.
El estudio concluye que el cobre extraído por la MAPE, aunque ingresa a la economía global de forma “suficientemente legal”, no cumple con los estándares internacionales de sostenibilidad ni de trazabilidad. Este escenario genera un dilema para la transición energética global, que depende de minerales críticos pero enfrenta el reto de no profundizar la desigualdad ni la explotación informal en el Sur Global.
