Los ingresos clandestinos a Chile registraron un aumento de 53,1% entre febrero y marzo de 2026, según el primer informe del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) presentado por el nuevo gobierno ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pese al incremento mensual, las cifras acumuladas del año continúan mostrando una disminución respecto a períodos anteriores, consolidando una tendencia descendente iniciada tras el peak migratorio registrado en 2022.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) y recopilados por el Sernamig, durante marzo ingresaron 2.065 personas al país a través de pasos no habilitados. La cifra supera tanto los 1.348 ingresos reportados en febrero como los 1.447 de enero.
En total, entre enero y marzo de 2026 se contabilizaron 4.860 ingresos irregulares, lo que representa una baja frente a las 6.377 personas registradas en el mismo período de 2025. Según el informe, marzo concentró el 42,5% de todas las autodenuncias por ingreso irregular realizadas durante el primer trimestre.
El reporte fue ingresado al Congreso el pasado 28 de abril y corresponde al primer balance oficial elaborado bajo la administración encabezada por Frank Sauerbaum en el Servicio Nacional de Migraciones. El documento además anticipa la próxima publicación de un informe actualizado con cifras de los últimos cinco meses, en un contexto donde el debate sobre migración y control fronterizo en Chile continúa marcando la agenda política y de seguridad.
Región Metropolitana concentra mayor número de autodenuncias
El informe señala que la Región Metropolitana concentra el 35% de las autodenuncias por ingreso irregular, seguida por Valparaíso con un 10%. Fuentes ligadas al proceso explican que esto ocurre porque ambas regiones representan destinos finales frecuentes para las personas que ingresan por pasos no habilitados y posteriormente regularizan o notifican su situación migratoria ante la PDI.
Las cifras muestran además una disminución sostenida en comparación con los años de mayor presión migratoria. Mientras entre enero y marzo de 2022 se registraron 13.928 ingresos irregulares, en igual período de 2026 la cifra cayó a 4.860 personas.
La evolución trimestral evidencia el descenso:
2022: 13.928 ingresos.
2023: 10.134 ingresos.
2024: 7.433 ingresos.
2025: 6.377 ingresos.
2026: 4.860 ingresos.
No obstante, el incremento observado en marzo mantiene la atención de las autoridades debido a la presión que este tipo de ingresos genera sobre los sistemas de control fronterizo, seguridad y gestión migratoria.
El fenómeno también continúa impactando regiones del norte del país, donde históricamente se concentran los pasos irregulares utilizados para el ingreso de migrantes desde Bolivia y Perú hacia territorio chileno.
Expulsiones aumentan y colombianos lideran cifras
El informe presentado al Congreso también incluyó antecedentes sobre expulsiones materializadas durante marzo. Según el Sernamig, durante ese mes fueron expulsadas 334 personas del país, de las cuales el 89,5% correspondió a expulsiones de carácter administrativo.
Del total de expulsados:
50% eran ciudadanos colombianos.
26% bolivianos.
13% peruanos.
6% dominicanos.
4% ecuatorianos.
Las restantes personas expulsadas provenían de países como Argentina, Brasil, China y España.
En paralelo, durante marzo se registraron 283 solicitudes de refugio, mientras que 468 procesos fueron archivados. El informe agrega que durante 2026 no se ha reconocido oficialmente a ninguna persona como refugiada en Chile.
Las cifras se conocen mientras el gobierno continúa impulsando medidas asociadas al fortalecimiento del control migratorio y la coordinación entre organismos policiales y administrativos, especialmente en zonas fronterizas y pasos no habilitados.
Gobierno identifica obstáculos para concretar expulsiones
El reporte del Servicio Nacional de Migraciones también identificó tres grandes obstáculos que actualmente dificultan la ejecución de medidas de expulsión y control migratorio.
El primero corresponde a la disminución de expulsiones judiciales tras los cambios introducidos por la Ley de Migraciones y Extranjería de 2018. Desde entonces, personas condenadas por delitos asociados a drogas no pueden ser expulsadas antes de cumplir sus condenas, incluso cuando estas sean inferiores a cinco años.
El segundo factor señalado por el gobierno apunta a las dificultades derivadas del quiebre de relaciones diplomáticas con Venezuela. Según el informe, la ausencia de representación consular venezolana en Chile complica la verificación de identidad y la obtención de salvoconductos necesarios para concretar expulsiones de ciudadanos de ese país.
A ello se suma la suspensión de rutas aéreas hacia Venezuela, lo que ha reducido las alternativas logísticas para ejecutar retornos.
Finalmente, el documento recoge observaciones realizadas por la PDI respecto a limitaciones legales para localizar y detener personas sujetas a expulsión. Según se detalla, actualmente no existen facultades legales que permitan el ingreso policial a domicilios donde eventualmente se encuentren personas con órdenes de expulsión pendientes.
El escenario mantiene abierto el debate político respecto a la efectividad de las medidas de control migratorio, el fortalecimiento institucional y las futuras modificaciones legales asociadas a seguridad fronteriza y expulsiones administrativas. Parte de esa discusión ya se refleja en el avance de proyectos relacionados con seguridad y control fronterizo impulsados durante los últimos años en Chile.
