A más de una década del desastre de Fukushima, la decisión de reiniciar la central de Kashiwazaki-Kariwa reabre el debate sobre seguridad nuclear, política energética y el rol estratégico del átomo en Asia-Pacífico.
A quince años del accidente nuclear de Fukushima Daiichi, Japón dio un paso decisivo al aprobar el reinicio de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo en capacidad instalada. La autorización, otorgada por la asamblea de la prefectura de Niigata, permite a la empresa Tokyo Electric Power Company (TEPCO) avanzar en la reactivación del reactor número 6, con una potencia de 1,35 millones de kilovatios, tras más de una década fuera de operación.
La medida se enmarca en la estrategia del gobierno japonés para reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados y avanzar en sus compromisos climáticos. Antes de 2011, la energía nuclear aportaba cerca del 30% de la electricidad del país; hoy, Japón busca duplicar su participación hasta alcanzar el 20% de la matriz eléctrica hacia 2040, en un contexto marcado por altos costos energéticos, inflación y creciente demanda asociada al desarrollo de centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial.
Te puede interesar
Colbún suma más de 1 TWh en contratos y exige nueva regulación eléctrica en Chile
Desde TEPCO, operador también responsable del accidente de Fukushima, insistieron en que la seguridad es prioritaria. “Estamos firmemente comprometidos a no repetir jamás un accidente de ese tipo y a garantizar la protección de los habitantes de Niigata”, señalaron desde la compañía. No obstante, la reactivación ha generado un amplio rechazo ciudadano: manifestaciones, encuestas adversas y críticas de residentes que aún recuerdan las consecuencias sociales y sanitarias del desastre de 2011.
El debate se ha intensificado además por el contexto político. La primera ministra Sanae Takaichi, firme defensora de la energía nuclear, ha impulsado el renacer del sector como herramienta clave para la seguridad energética. Sin embargo, recientes declaraciones de un asesor cercano, quien sugirió que Japón “debería poseer armas nucleares”, provocaron una ola de críticas internas y externas, reavivando temores históricos en una nación marcada por Hiroshima y Nagasaki.
La decisión también ha generado inquietud en países vecinos. Corea del Norte y China manifestaron su rechazo, advirtiendo que cualquier insinuación de militarización nuclear vulnera el derecho internacional y amenaza la estabilidad regional. Estas reacciones evidencian que la reactivación nuclear japonesa trasciende el plano energético y se proyecta como un asunto geopolítico de alto impacto.
En términos económicos y ambientales, Japón enfrenta una disyuntiva estructural. Actualmente, entre el 60% y 70% de su electricidad proviene de combustibles fósiles importados, con un costo anual superior a los US$ 68 mil millones, mientras el país se mantiene como uno de los mayores emisores de CO₂ del mundo. En ese escenario, la reactivación nuclear aparece como una alternativa para asegurar suministro, reducir emisiones y sostener el crecimiento.
Así, el reinicio de Kashiwazaki-Kariwa simboliza un punto de inflexión: la reactivación nuclear japonesa tras Fukushima busca equilibrar seguridad, desarrollo y soberanía energética, en medio de una compleja tensión social y estratégica que seguirá marcando el debate en los próximos años.
