La carta para expresar la oposición de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) de apoyar en la recaudación en el proyecto de subsidio eléctrico llegaron y así se dio cuenta este miércoles en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. El remitente: instituciones financieras provenientes de Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido y Panamá.
Te puede interesar
En una misiva dirigida al presidente de dicha instancia -con copia a los ministros de Energía y Hacienda, Diego Pardow y Mario Marcel, respectivamente- estas entidades piden considerar la revisión del proyecto de ley y advierten que su aprobación «podría significar un desincentivo relevante a la inversión en materia de energías renovables y el avance que ha reportado Chile en esta materia».
En concreto, sinceran su posición en esta misiva conjunta BlackRock, Cifi, KFW Deg, Denham Capital, DNB Group Agencia en Chile, IFM Investors, M&G Investments, MetLife Investment Management Limited, Natixis Corporate & Investment Banking, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Si bien aseguran que los firmantes comprenden y comparten la finalidad del proyecto de ley que es reducir el costo final de la energía para los chilenos, dicen creer que la vía propuesta en el texto y las posibles indicaciones expuestas a un grupo de instituciones financieras internacionales el 1 de octubre «podría generar un efecto contrario al propósito esperado, por cuanto altera las reglas del juego originalmente reconocidas a los inversionistas, afectando negativamente la inversión, el empleo, el progreso en el desarrollo de energías renovables y la recaudación fiscal en general». Esto, en consecuencia, podría -agregan- «traducirse en un perjuicio directo para los ciudadanos».
En concreto, plantean que la implementación del cargo FET a los PMGDs podría generar efectos negativos y no deseados, tanto en el corto, mediano y largo plazo, «implicando un retroceso en la confianza ganada por Chile ante la comunidad de financistas nacionales e internacionales, que es fruto de una labor de décadas de rigor respetando las reglas del juego».
Efectos a corto, mediano y largo plazo
En la misiva detallan dichos efectos temporales. En el corto plazo, afirman que la instauración de este cargo adicional podría resultar en el incumplimiento, por parte de las distintas compañías de PMGD, de sus obligaciones contractuales con los financistas domésticos e internacionales.
«Ello podría no sólo provocar la suspensión de desembolsos y nuevos compromisos para la construcción de proyectos de energía, sino que también podría derivar en escenarios generalizados de insolvencia o incluso de liquidación de los proyectos existentes, afectando gravemente los empleos directos e indirectos», advierten.
Asimismo, indican que lo anterior implicaría además una pérdida considerable en la recaudación para el Estado por concepto de Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos, cuyo monto no guarda proporción con el beneficio esperado por el proyecto de ley.
Mientras, en el mediano y largo plazo, sostiene que la percepción de Chile como un mercado que ofrece estabilidad jurídica y es atractivo para la inversión, «podría verse gravemente afectada, particularmente en sectores críticos para los chilenos como infraestructura y descarbonización».
Ejemplos de áreas que podrían directamente verse afectadas -comentaron- son el almacenamiento de energía en baterías o el hidrógeno verde, «pudiendo los financistas preferir otras jurisdicciones que ofrezcan mayor confianza y estabilidad, en un contexto de gran demanda mundial por atraer capital para proyectos de energía renovable».
Incluso, como ya han advertido actores de este segmento en el Congreso, reiteraron que la sola presentación del proyecto de ley ya ha provocado la suspensión por parte de algunos de nuestros clientes de proyectos de generación y almacenamiento de energía, así como dudas en nuestras instituciones en cuanto a la conveniencia de seguir invirtiendo en el mercado eléctrico chileno.
Además de observar un posible impacto en el interés de ciertos inversionistas en el mercado de generación eléctrica, añaden que también identifican posibles repercusiones en otras áreas clave para los financistas tales como transmisión, desalación, minería, litio, data centers e infraestructura en general, «todas áreas de inversión que también toman como base la existencia de reglas claras, estabilidad regulatoria y certeza jurídica que permitan sustentar inversiones de largo plazo, que trascienden del ciclo político y la contingencia».
Y sentencian: «El riesgo de un debilitamiento del marco regulatorio nacional podría elevar la clasificación de riesgo en diversas áreas de inversión, lo que podría dificultar la llegada de nuevas inversiones. Lo anterior, incluso, ya ha sido destacado por algunas calificadoras internacionales como S&P Global, que el pasado 30 de agosto del presente año publicó un análisis negativo sobre los efectos que una medida como la propuesta podría tener para Chile».
Confianza en la estabilidad regulatoria
En la carta, las entidades hacen una fuerte mención a la apuesta que han hecho por Chile en un ambiente propicio a la inversión. Aseguran que han contribuido en el financiamiento de parte relevante de la construcción y operación de un número importante de PMGD a lo largo de Chile que, en su conjunto, han representado una inversión estimada total de más de US$ 3.000 millones. Y que el apoyo y compromiso con el país de los financistas internacionales, incluyendo los firmantes de esta carta, se extiende más allá del segmento PMGD.
En esa línea, indican que fue en un contexto de confianza en la estabilidad regulatoria que, «luego de que se incluyera un período de protección o grandfathering period contenido en el artículo 2 transitorio del Decreto Supremo 88 (que garantiza la aplicación del sistema de precio estabilizado contenido en el Decreto Supremo 244 del año 2006, por un plazo de 165 meses contados desde la publicación), que la comunidad de financistas domésticos e internacionales continuó financiando proyectos de PMGD».
Esto, dicen, «reestructurando sus modelos financieros y perfiles de créditos sobre la base de dicho período transitorio, todo bajo la completa y absoluta convicción que el Estado chileno continuaría honrando dicho período de protección y su voluntad de avanzar en la atracción de capital para el desarrollo y consolidación de una matriz energética renovable».
