La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, ha reaccionado al reciente fallo de la Corte Suprema sobre el proyecto minero-portuario Dominga. La Corte declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por el Gobierno y organizaciones ambientales, lo que representa un triunfo significativo para el proyecto de Andes Iron.
Un respaldo a la legalidad y la inversión
Jiménez afirmó que el fallo es una «clara confirmación» de que el proyecto, valorado en US$ 2.500 millones, cumple con la normativa y las exigencias ambientales. Destacó que, tras 12 años de trámites y procesos judiciales, este fallo es un paso crucial para la concreción del proyecto y la creación de 30.000 puestos de trabajo en una región con altos índices de pobreza.
La líder empresarial enfatizó la importancia de que las futuras decisiones judiciales se basen en criterios técnicos y legales, dejando de lado las consideraciones políticas. Su declaración subraya la necesidad de un sistema de evaluación ambiental más transparente y eficiente para que los proyectos que cumplen con las regulaciones puedan avanzar sin obstáculos.
El camino por delante
Aunque el fallo de la Corte Suprema es un paso importante, no pone fin a la judicialización de Dominga. Aún quedan reclamaciones pendientes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Sin embargo, para la CPC y los defensores del proyecto, el dictamen es una señal positiva que refuerza la confianza en la institucionalidad y el marco legal del país.
En última instancia, el caso Dominga, según Jiménez, ilustra la necesidad de modernizar el sistema de evaluación ambiental de Chile, haciéndolo más ágil y predecible para fomentar las inversiones y el desarrollo económico.
