La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha lanzado una plataforma de inteligencia artificial, CNEP-TITANIA, que arroja una luz preocupante sobre la tramitación de proyectos mineros. Según los datos recopilados por esta herramienta, los plazos de aprobación para proyectos de inversión minera en Chile han aumentado significativamente, lo que supone un desafío considerable para el sector.
La información, actualizada hasta el 31 de diciembre de 2024, revela que la demora se concentra en varios permisos sectoriales. Los más extensos y con mayores tasas de rechazo se encuentran en diversas entidades públicas:
Plazos y obstáculos en la tramitación de permisos
Subsecretaría de las Fuerzas Armadas: Las concesiones marítimas son las más lentas, con un promedio de 53 meses de espera.
Dirección General de Aguas (DGA): Los permisos para cambios de punto de captación y traslados de derechos de agua tardan en promedio 24 meses, con una tasa de rechazo superior al 30%. La aprobación de obras hidráulicas mayores requiere unos 39 meses para la construcción y 22 meses adicionales para su recepción.
Ministerio de Bienes Nacionales: La obtención de servidumbres y contratos sobre bienes fiscales tiene una demora promedio de 28 meses.
CONAF: Aunque sus plazos son más cortos (de 2 a 5 meses), la tasa de rechazo es alarmantemente alta. El 45% de las autorizaciones para la corta de especies xerofíticas son denegadas, mientras que en la corta de bosque nativo el rechazo alcanza el 50%.
Aumento en los plazos totales
La comparación con estudios anteriores confirma la tendencia al alza en los tiempos de tramitación. Por ejemplo, un proyecto de explotación metálica básica nueva pasó de una tramitación promedio de 7 años a 7 años y 8 meses. Un caso aún más drástico es el de las plantas desaladoras, cuyo plazo de aprobación se disparó de 6 años y 2 meses a 10 años y 3 meses.
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La plataforma CNEP-TITANIA, desarrollada en colaboración con la empresa chilena Titania, fue concebida como un bien público estratégico para transparentar y agilizar la gestión regulatoria, al tiempo que evidencia los cuellos de botella que enfrenta la industria.
