Las empresas mineras estadounidenses, los fabricantes de automóviles y un grupo bipartidista de congresistas recomiendan que el gobierno federal reduzca el tiempo necesario para autorizar una nueva mina con el fin de impulsar la producción nacional de minerales para vehículos eléctricos.
Las peticiones, presentadas esta semana a un comité que propondrá cambios en la Ley General de Minas de 1872, se producen en medio de la creciente presión sobre la industria de los vehículos eléctricos para que se abastezca de litio, cobre y otros minerales de fuentes nacionales o aliadas.
El Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la Reforma Minera lleva estudiando desde febrero las formas de modificar la ley, que regula la minería de roca dura en terrenos del gobierno estadounidense. Los comentarios públicos debían presentarse esta semana. Cualquier cambio tendría que ser aprobado por el pleno del Congreso estadounidense y por el Presidente Joe Biden.
«El largo, costoso e ineficaz proceso de concesión de permisos de hoy en día dificulta que las empresas estadounidenses inviertan en la extracción y el procesamiento de minerales críticos en Estados Unidos», escribió al comité Chris Smith, director de asuntos gubernamentales de Ford Motor Co.
Ford, que tiene acuerdos de suministro de litio con ioneer Ltd. de Nevada y Compass Minerals International Inc. de Utah, pidió que se agilicen los permisos de extracción, una mayor transparencia en el proceso de revisión y un impulso a la financiación federal de la cartografía geológica.
El fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive Inc dijo que apoya la reforma de los permisos mineros «realizada de forma más eficiente y coordinada».
La aprobación estatal y federal de una mina puede tardar más de una década, en comparación con una media de unos pocos años en Canadá y Australia, que tienen grandes sectores mineros.
Los conservacionistas afirmaron que la ley minera estadounidense lleva décadas de retraso en su reforma y que, por el contrario, debería cambiarse para exigir un mayor reciclaje, así como centrarse mejor en las formas de mitigar el efecto de la minería en las comunidades anfitrionas, evitando algunos de los efectos negativos de la producción de combustibles fósiles.
«Las empresas mineras están abusando de la oportunidad de decir que la minería es la única forma de conseguir los minerales que necesitamos», dijo Blaine Miller-McFeeley, de Earthjustice.
Las peticiones de Ford fueron secundadas por la Asociación Nacional de Minería (NMA), el grupo comercial de los mineros estadounidenses, que también pidió que se fijara un canon neto para los minerales extraídos en tierras federales, en lugar de un canon sobre los ingresos brutos. En la actualidad no existen cánones para las empresas que extraen en terrenos federales, para disgusto de los conservacionistas.
La NMA también pide la llamada legislación del buen samaritano, que eximiría a una empresa de responsabilidad legal si rehabilita una antigua mina. Perpetua Resources, por ejemplo, está intentando rehabilitar el proyecto Stibnite Gold de Idaho, contaminado por la minería de la época de la Segunda Guerra Mundial.
Freeport-McMoRan Inc, el mayor productor de cobre de Estados Unidos, recomendó que el metal rojo se añadiera a una lista de minerales considerados críticos para la defensa y la economía de la nación.
La senadora de Nevada, Catherine Cortez Masto, y el senador de Arizona, Mark Kelly, firmaron una carta bipartidista dirigida a la comisión en la que pedían un proceso de autorización de minas más ágil. Las minas propuestas en Nevada por Lithium Americas Corp y en Arizona por Rio Tinto Ltd llevan más de una década en desarrollo.
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