La compañía minera presentó una reclamación de 146 páginas contra la resolución de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. La iniciativa considera una inversión de US$3.000 millones.

Anglo American Sur presentó este lunes ante el Comité de Ministros una reclamación en contra de la resolución del 2 de mayo de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Los Bronces Integrado (PLBI).

La iniciativa que considera una inversión de US$3.000 millones, busca una readecuación de la operación de Los Bronces, cuyo origen se remonta a principio de siglo XIX y de modo industrial desde principio de siglo XX, cuando era conocida como Disputada de Las Condes. La compañía es controlada por Anglo American, una multinacional con sede en Londres, y en la propiedad participan como socios minoritarios Codelco y Mitsui.

En su resolución, la Dirección Ejecutiva del SEA -a cargo de la abogada Valentina Durán- concluyó que el megaproyecto de la minera no determinó adecuadamente el área de influencia del componente calidad del aire ni tampoco entregó información suficiente que permita descartar el riesgo a la salud de la población.

En su presentación, Anglo American Sur sostuvo que la ejecución del proyecto “tendrá como efecto el retiro de emisiones de la Región Metropolitana y contribuirá de manera directa a la mejora en la calidad del aire del sector y a la disminución del riesgo a la salud de la población. Esto es, a todas luces, un verdadero beneficio ambiental y con ello una contribución a la política nacional de salud”, dice la reclamación de una extensión de 146 páginas.

Según la compañía, el proyecto fue diseñado para realizar minería sustentable en la región, lo cual se aprecia por la minimización de efectos sobre áreas protegidas, glaciares y biodiversidad, avalado por los distintos servicios públicos que dieron su aprobación, sumado a las consideraciones que Anglo American Sur ha tenido al proponer medidas adicionales para abordar la preocupación de la autoridad sobre el riesgo a la salud de la población por exposición a contaminantes atmosféricos de los receptores en la Ruta G-21.

La minera también destacó que el SEA solicitó a este proyecto un nuevo criterio para la evaluación del componente aire, asociado a que, en una zona saturada para ciertos contaminantes, el aporte del 1% de la norma primaria de calidad ambiental se considera significativo.

Sin embargo, este es un criterio nuevo, que no tiene carácter legal ni reglamentario, y que tampoco fue encontrado en guías o consideraciones que permitieran orientar el análisis técnico, lo cual era necesario de comprender si se requerían medidas en Adenda Extraordinaria, sostuvo la firma.

Según la compañía el proyecto busca la optimización del plan minero de Los Bronces, manteniendo los actuales niveles de procesamiento de mineral ambientalmente aprobados; sin aumentar la vida útil autorizada; sin modificar la capacidad de los depósitos de estériles, ni de relaves; y sin requerir un mayor suministro de agua fresca.

El Comité de Ministros es la máxima instancia político-administrativa de la institucionalidad ambiental de Chile. Es presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas e integrado por los ministros de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.

“Creemos que las dudas que quedaron al momento de emitirse la RCA son subsanables y estamos convencidos de que podemos lograr la aprobación de un proyecto en el que todos puedan confiar”, dijo el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Aaron Puna a través de una declaración por escrito.

Contradicciones

Según la reclamación, patrocinada por la abogada Alicia Undurraga, el SEA cometió una ilegalidad al no considerar los antecedentes aportados por la empresa en el expediente de evaluación, sobre todo estos tenían relación directa con las circunstancias que llevaron a la Dirección Ejecutiva del SEA a decretar un Proceso de Participación Ciudadana (PAC) extraordinario. El SEA, argumentó, “estaba obligado legalmente a otorgar una oportunidad procesal a mi representada para responder las observaciones ciudadanas presentadas en el marco de la evaluación”.

Asimismo, destacó que existieron contradicciones entre las opiniones de los órganos evaluadores en relación con la representatividad de la Estación Farellones para su utilización en la modelación de calidad del aire en la evaluación ambiental de Los Bronces.

En el marco de la evaluación ambiental, “el SEA ignoró el pronunciamiento de la Subsecretaría de Medio Ambiente que validó la utilización de la Estación Farellones como referencia para la evaluación, en cuanto sería representativa de las condiciones de calidad del aire y ventilación necesarias para evaluar el componente calidad del aire”, añadió.

“Al ignorar derechamente el pronunciamiento de la autoridad competente en la materia, y determinar cuál a su juicio es la estación representativa, el SEA se atribuye competencias que no le corresponden, sino que son propias del Ministerio del Medio Ambiente”, concluyó.

Fuente: La Tercera