Después de tener una relación por casi un año, los caminos de dos altos ejecutivos de Codelco Chuquicamata terminaron al interior del Juzgado de Garantía de Calama. Fue M., quien luego de ser despedida de la empresa ingresó una demanda laboral y otra querella por violación. En la primera le exige $4.000 millones a la estatal. En la segunda, acusa dos hechos de vulneración sexual. Según ella, la desvincularon por represalia tras haber divulgado su relación extramarital. Pero según Codelco, su despido se debió, en realidad, a faltas a la probidad.
Una demanda laboral por $4 mil millones, por un lado. Y una querella por violación, por el otro. Así es la pugna judicial que tiene a altos ejecutivos de Codelco enfrentados entre sí. Se trata de una disputa que comenzó a fines de septiembre por un “despido injustificado”, y que hoy, también llegó hasta el Juzgado de Garantía de Calama por delitos de connotación sexual.
La historia arrancó luego de que desvincularan a M., una exjefa de la estatal en Chuquicamata, por “incumplimiento grave de las obligaciones de su contrato”. Ella, eso sí, asegura que fue más que eso, que la echaron por “exclusión profesional” y represalias.
Lo anterior lo fundamenta en que durante más de un año tuvo una relación extramarital con R., el otro alto ejecutivo de la empresa y el mismo que hoy está demandado por violación. El punto de quiebre, a su juicio, fue cuando terminaron y ella le contó todo a su esposa.
—Este hecho naturalmente desencadenó una crisis en la vida personal de R., una crisis que, desde mi perspectiva, tuvo consecuencias directas e inmediatas en mi espacio laboral, lo que culminó en mi despido —argumentó en su demanda.
Pero lo cierto, es que Codelco la desvinculó por falta a la probidad. El documento que envió la empresa el día que la despidieron —y al que accedió BioBio Investiga— revela que le pidió prestado $30 millones de pesos a una subordinada directa. Ésta, tuvo que pedir un préstamo a 69 cuotas. Y no era la primera vez que lo hacía.
Sin resultados en su causa laboral, M. interpuso una nueva demanda, pero esta vez para quien fue su pareja durante un año. Lo acusa de dos hechos de violación entre 2023 y 2024. A través de su abogado Juan Francisco Maibee, afirma que en ese momento “no mantenía cercanía con R. Tampoco hubo consentimiento”. Conversaciones del día siguiente entre los altos ejecutivos confirman que M. no recordaba nada.
Por otro lado, R. se defiende. Su abogado Pedro Orthusteguy dice que “la querella por abuso es un instrumento para conseguir que le paguen los $4 mil millones”.
Una copa de vino
La demanda laboral de M. parte hablando de ella. De sus logros, del crecimiento que generó en Codelco y de cómo fue reconocida —mediante premios nacionales— por su liderazgo. Su entrega y disposición, expone el documento, la llevaron a que obtuviera un alto cargo de jefatura al interior de la filial del cobre. Fue precisamente el 2 de noviembre de 2022 que se incorporó a la división del norte con un sueldo mensual de más de $15 millones brutos.
Pese a esto, según M., desde un principio hubo situaciones inusuales en su contratación. Por ejemplo, acusó que nunca le hicieron una inducción ni le entregaron los lineamientos de la empresa. Tampoco le dijeron “qué esperaban de ella” para el cargo de jefatura; mucho menos le alertaron que sería un puente con los sindicatos.
—Me expusieron constantemente a la presencia de ellos y a sus malos tratos —se lee en su declaración.
Hasta ahí, sus alegatos iban contra Codelco. Pero en febrero de 2023, a tres meses de haber asumido en el cargo, le ocurrió una situación particular que describió así:
—Durante la celebración de mi cumpleaños en un restaurante y mientras estaba acompañada por mi pareja, el recién asumido gerente, R., me envió una copa de vino a la mesa.
El gesto le pareció inapropiado, dice. Trasgredía cualquier límite profesional. Pero no terminó ahí. La demanda estipula que ese mismo mes, el entonces gerente general, Christian Caviedes, “designó a R. como su mentor”. Al principio M. no lo cuestionó, pero cuando éste la citó a la primera “mentoría” el 14 de febrero en su casa, desconfió.
—Aunque la invitación a su casa me pareció extraña, accedí, ya que él argumentó que era una práctica habitual realizar reuniones de trabajo en los domicilios de los gerentes. Sin embargo, al llegar a su casa me encontré con una escena completamente inapropiada e inesperada: una mesa dispuesta para una cena romántica y un garzón contratado específicamente para la ocasión. Al intentar comenzar la reunión de mentoría y abrir mi computador, R. me interrumpió y me pidió explícitamente que ‘guardara el computador’ y que ‘primero quería conocerme a mí’.
Relación extramarital
M. confesó que después de ese “incidente del 14 de febrero” —y ante la insistencia de R.— iniciaron una relación extramarital.
—En múltiples ocasiones me prometió formalizar nuestra relación. Esto escaló hasta el punto en que prácticamente vivíamos juntos —declaró M.
En noviembre de 2024 —según la demanda laboral— la relación terminó. Pero R. siguió buscándola y ante eso, M. “tomó una medida desesperada”.
—Para poner fin a la relación de manera definitiva y con el objetivo de evitar que esta situación personal afectara mi ámbito laboral o el suyo, decidí, durante el mes de noviembre, comunicarle directamente a su esposa lo que estaba ocurriendo.
Para ella, esa fue la crisis que “culminó en su despido”. El 10 de junio de 2025 Codelco le puso fin a su contrato. Y con todo eso encima, interpuso la demanda laboral. Hoy, exige nada menos que una “indemnización por daño moral” de más de $4.242 millones.
Dicho monto es porque, a su juicio, se le debería pagar una liquidación proyectada a diez años con reajuste del IPC cada cuatro meses. Además, una gratificación legal por el mismo tiempo y un “bono flexible anual”. A esto habría que sumarle otros bonos, los feriados legales y hasta las vacaciones.
Querella por abuso
Tres meses después de esa demanda laboral, sin tener avances ni conciliación, M. interpuso una querella contra R. por los delitos de violación y abuso sexual. Acusa que fue “víctima de acercamientos impropios y manipulación psicológica”.
Son dos hechos puntuales los que denuncia. El primero del 13 de julio de 2023 y el segundo, el 7 de agosto de 2024. Ambos son más o menos similares: hubo ingesta de alcohol y pérdida de memoria. M. dice que despertó al día siguiente sin ropa y sin recordar nada.
Una conversación de WhatsApp de la mañana siguiente va así:
—(Ella) Hola, no recuerdo nada. ¿Tuvimos sexo?
—(Él) Mucho, pero con cariño.
—(Ella) Por qué no me acuerdo. No entiendo que me pase esto.
—(Él) Sí, más de una vez.
El segundo hecho es similar. La querella lo relata así:
“A través de presiones emocionales e invitaciones reiteradas. Aprovechando además su cargo, impuso presiones jerárquicas y emocionales y logra que la víctima acceda nuevamente a un encuentro de carácter sexual, bajo presión, y nuevamente mediante la ingesta insistente de whisky. El imputado sometió a la víctima a un estado de vulnerabilidad física y emocional (…) La víctima se encontraba en una situación de subordinación y temor a represalias laborales, con incapacidad real de oponerse. Se constata un nuevo contacto sexual no consentido”.
El abogado de M., Juan Francisco Maibee, puntualiza en que nunca existió consentimiento. Además, “existía subordinación y dependencia en temas laborales”.
—Según el testimonio de la victima, ella no estaba consiente al momento del primer acto sexual. Al otro día, ella se despertó desorientada y con signos de haber sido violentada sexualmente. Hechos por cierto que lo hacen ser una causa muy similar a la del ex Subsecretario (Manuel Monsalve) —dice el representante.
Auditoria interna
Una auditoria interna que se realizó a Codelco el 26 de septiembre de 2025, explica que la causal de despido de M., en realidad, fue por “incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”. Estas razones se debieron a que le solicitó a una subordinada directa —y amiga, según M.— $30 millones de pesos.
El problema fue que dicha “amiga” tuvo que pedir un préstamo bancario de 69 cuotas mensuales por un monto de $673.556 cada una. Es decir, recién en 2030 terminará de pagarlo.
M. se justificó diciendo que las cuotas las pagaría ella. Pero la auditoria arrojó más:
“No constituyó un suceso aislado, sino parte de un patrón indebido y persistente. En el mes de noviembre de 2024, se evidenció que M. instruyó a su subordinada a realizar una serie de compras a su costa, por la suma total de $1.710.684 pesos, las cuales habrían sido adquiridas por la trabajadora y pagadas por ella en seis cuotas de $281.114 mediante el uso de su tarjeta de crédito en una tienda comercial”.
Esto, además de ser una “conducta amparada en la relación jerárquica” e incumplir con los deberes de su jefatura, también configuraron intereses personales.
—Al prestarle el dinero, la trabajadora quedó en la doble condición de subordinada laboral y acreedora suya. Esa dualidad altera, por completo, la objetividad con que debe evaluarla y la hace, previsiblemente, temer que su estabilidad y proyección en la Empresa dependan del pago puntual de la deuda —concluyeron en Codelco.
Adicionalmente, M. tenía dos préstamos en la cuprífera que ascendían a más de $37 millones. Cuando la despidieron, el monto seguía adeudado.
—Dada la gravedad de los incumplimientos cometidos, se procede con fecha de hoy, a la terminación de su contrato de trabajo—cerró la carta que le llegó el día de su despido.
Su finiquito fue de cero pesos.
Acusaciones infundadas
Esta misma auditoria que realizó la empresa Ernst & Young (EY) a Codelco, determinó que todas las acusaciones que realizó M. contra la estatal eran infundadas. Por ejemplo, cuando planteó que no le hicieron inducción o que no sabía cuáles eran sus lineamientos. Su mismo contrato de trabajo estipulaba que su labor sería “administrar y liderar el proceso de transformación según la Planificación Estratégica del Directorio”.
Lo mismo con los sindicatos. “Debía fungir como vocera ante el Gerente General de DCH, el Consejo Asesor definido por Codelco y el sindicato”, se lee.
Otro argumento que entregó M. fue que su calificación de desempeño fue más baja que el año anterior debido a la represalia de su relación con R. No obstante, en 2023 alcanzó un 3,64 y en 2024 un 3,85. Es decir, le subieron la nota.
La “exclusión sistemática” tampoco pudieron probarla porque según los registros de asistencia, M. asistió a 10 cursos planificados de un total de 11.
Respecto a la relación de ambos, cada uno en su entrevista confirmó haber tenido una relación extramarital. Christian Caviedes, gerente general de entonces, también lo sabía porque ellos mismos se lo hicieron saber. Ante esto, nunca hizo nada.
—Consideró que no existían razones para intervenir, puesto que no había dependencia funcional ni administrativa entre la denunciante y R.
“Mecanismo de presión”
Pedro Orthusteguy, abogado de R., argumenta a este medio que nunca existió una “mentoría”. Cada uno de esos encuentros fue informal y solicitados por la propia M. al gerente general de entonces, Christian Caviedes.
—Es ella quien propone que sea R. quien la ayude en atención a su amplia experiencia y antigüedad en la División. El objetivo de esta guía fue ayudarla a conocer mejor el mundo minero y a los sindicatos con los que le tocaría lidiar en su cargo.
Enfatiza en que nunca existió un delito de esa índole en su relación. Además, nunca existió una “subordinación abusiva” porque ambos ejercían cargos de igual jerarquía al interior de Codelco.
—A la fecha de los hechos señalados, R. ya estaba en una relación afectiva con la querellante de varios meses de duración (…) Ambas partes reconocieron la existencia de una relación afectiva y consensuada que se prolongó por más de un año, la cual fue de carácter voluntario para los involucrados, lo que consta en el informe de auditoría externa.
Según Orthusteguy, a principios de 2025, cuando ya no estaban juntos, M. amenazó a R.
Le dijo que “le iba a cagar la vida” por haber terminado la relación”, asegura.
—Lo que no es de extrañar, ya que en noviembre de 2024 procedió a informar unilateralmente de esta relación a la familia directa de R., enviando mensajes y fotos a la cuñada de éste, manifestando que “lo amaba” y que “llevaban años juntos”. Y no conforme con ello, publicó en sus redes sociales fotos de la relación que habían tenido, como una clara manera de acosar a la familia de R.
A su juicio, la querella por abuso es un instrumento para conseguir que le paguen los $4 mil millones. Esto, porque se acusan hechos de hace dos años y tres meses después de la demanda laboral.
—Hace suponer que ha sido interpuesta de manera instrumental, como un mecanismo de presión a Codelco para cerrar la causa laboral (…) Por otro lado, entendemos que la querella es instrumental a los objetivos económicos de M., al tratar de involucrar a R., toda vez que el despido fue decidido desde la Casa Matriz, por una decisión del Comité de Ética y Cumplimiento, donde éste no tuvo injerencia alguna.
“Un proceso poco transparente”
Juan Francisco Maibee, abogado de M. insiste en que los hechos denunciados ocurrieron cuando no existía una relación consensuada. Ni siquiera “mantenía una cercanía con R.” Para Maibee, los mensajes de WhatsApp del otro día reafirman la acusación.
—Durante ese período, él hacía referencia constante a su cercanía con altos ejecutivos de Codelco y en su capacidad de influir en cómo la víctima “podía quedar bien o mal” profesionalmente —agrega.
Además, cuestiona la auditoria realizada por EY.
—Es una firma con contratos millonarios con la corporación. Esa revisión nunca analizó los hechos que hoy están en investigación penal y no podía determinar consentimiento en episodios previos. Además, a la víctima nunca se le permitió acceder al informe final, pese a haber sido la persona directamente afectada, es decir, no fue un proceso transparente, imparcial ni suficiente para abordar la gravedad de lo ocurrido.
Codelco respondió a este medio que no puede emitir comentarios respecto a la querella por violación porque no son parte de la causa y son “antecedentes reservados”.
—En julio de 2025, Codelco recibió una denuncia de carácter laboral presentada por una exjefa tras su salida de la compañía. Conforme a nuestros protocolos, se activó de inmediato una investigación independiente, conducida por la firma EY -especializada en investigaciones laborales y de cumplimiento- por encargo y bajo la supervisión de Auditoría Interna. El proceso revisó rigurosamente todos los aspectos administrativos y de cumplimiento asociados a la denuncia —respondieron a BioBio Investiga.