La Ley de Royalty Minero ha generado importantes recursos para municipios y regiones, permitiendo avances y presentando desafíos en su gestión.
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Impacto de la Ley de Royalty Minero en municipios y regiones
La entrada en vigencia de la Ley de Royalty Minero trajo consigo una inyección histórica de recursos, calculada en más de $ 670 mil millones para el período 2024-2025, equivalentes a aproximadamente US$ 700 millones. Estos recursos se destinan al Fondo de Equidad Territorial (FET), el Fondo de Comunas Mineras (FCMI) y el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), los cuales buscan financiar obras y proyectos con impacto social. Según Francisca Perales, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), “una parte importante de los recursos se está distribuyendo en obras y agendas que impactan directamente a las personas”.
Los municipios han invertido un 34% del FET y un 49% del FCMI en infraestructuras esenciales, como mejoras en liceos, veredas y sistemas de agua potable. Asimismo, una porción significativa de los fondos se ha dedicado a bienes y servicios de consumo, necesarios para el funcionamiento municipal, y programas sociales. Sin embargo, el proceso enfrenta importantes desafíos en términos de evaluación de impacto y transparencia hacia la ciudadanía.
- Se distribuyeron $ 93.646 millones mediante los Fondos Puente en 2024, como adelanto presupuestario para 307 comunas.
- Los municipios disponen de $ 218.615 millones este año, divididos entre el FET ($ 165.905 millones) y el FCMI ($ 52.700 millones).
Desafíos en transparencia y evaluación
A pesar del riguroso control en el gasto, aún no existen indicadores claros para evaluar el impacto de las inversiones realizadas con los recursos del royalty. Una de las críticas centrales proviene del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, quien señaló la importancia de fortalecer la evaluación de impacto social y territorial para asegurar que los fondos realmente beneficien a las comunas más vulnerables.
Por otro lado, el Consejo para la Transparencia identificó deficiencias en los niveles de detalle de la información disponible para los ciudadanos sobre el uso de los recursos. Esto fue reconocido por la subsecretaria Perales, quien subrayó la necesidad de que la población entienda claramente cómo se están utilizando estos fondos. Además, se han detectado problemas en la previsibilidad y rapidez de los traspasos de recursos, aunque estas dificultades han sido subsanadas parcialmente mediante la coordinación con la Subdere.
Restricciones y críticas desde los gobiernos regionales
En el caso de los gobiernos regionales, el uso de los recursos del FRPD está sujeto a restricciones. Según el decreto de Hacienda N° 669, estos fondos deben destinarse exclusivamente a actividades productivas, desarrollo regional e investigación científica y tecnológica. Pablo Silva, presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), señaló que las limitaciones en la reasignación de estos recursos afectan la capacidad para atender otras necesidades regionales. Además, indicó que aunque se han incrementado los recursos provenientes del royalty, esta mejora ha sido compensada con recortes en otros fondos de inversión.
La rendición oficial de cuentas sobre los recursos distribuidos este año, estimados en más de $ 440 mil millones, comenzará con los informes semestrales de los gobiernos regionales y se completará con la rendición municipal prevista para marzo de 2026. Este proceso será clave para evaluar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo social y territorial asociados a la Ley de Royalty Minero.
