Marcela Hernando, futura ministra de Minería, solicitó el pronunciamiento de Controlaría y anunció la presentación de un recurso de protección para frenar proceso.
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A los temas pendientes que dejará el Gobierno de Sebastián Piñera en materia minera, se suma un nuevo nudo: el sorpresivo anuncio de venta de un grupo de propiedades de la Empresa Nacional de Minería (Enami), a través de las cuales se busca recaudar unos US$5 millones.
Licitación -y no remate, han insistido desde el Gobierno y la Enami- que ha generado revuelo al interior de la empresa y también en las próximas autoridades del sector minero. Rechazo de los sindicatos, una petición de pronunciamiento de la Contraloría y un anuncio de recurso de protección, han sido parte de las reacciones.
Si bien la estatal tiene cientos de activos, la mirada se puso sobre solo un pequeño puñados y que tendrían un costo alto de mantenimiento, subutilizados y con una serie de comodidades que no se justificarían. Sin embargo, algunos de estos estarían con convenio colectivo.
Así, han surgido críticas, principalmente por el hecho de que la licitación se llevaría a cabo el 10 de marzo, un día antes de que finalice el actual Gobierno. Pero desde la Enami han argumentado que el proceso no se cierra ese día, sino que hasta esa fecha se reciben ofertas y luego inicia el análisis y revisión de oferentes, por los que la aceptación de ofertas y proceder a la enajenación y cierre del proceso quedaría en manos de la nueva directiva de Enami.
Según consignó El Mercurio, en las actas del directorio de Enami de octubre del año pasado se detalla que el asunto de la eventual venta de activos viene desde hace tiempo, de hecho, existiría una lista de 140 propiedades a lo largo del país, incluyendo la casa matriz ubicada en calle Enrique Mac Iver 459, en la comuna de Santiago, según se conoció a través del sitio web de Tattersall.
Sin embargo, en la misma instancia, que contó con la presencia del biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet –presidente del directorio de Enami-,se dejó constancia que, respecto de los activos no mineros, «la administración debe avanzar con prudencia, teniendo todas las conversaciones que sean necesarias según el activo a evaluar, y usando como criterio de priorización el valor del activo en cuestión y el costo de mantenimiento de Enami».
En la jornada también se determinó que la administración debía presentar propuestas concretas para presentarlas ante el directorio respecto a los activos que correspondan. Sin embargo, se señaló que «esto no constituye una autorización de enajenación, sino que instrucción para que se avance en el proceso con sentido de urgencia».
De este modo, se planteó que los activos prescindibles no mineros necesitaban una política general de venta de activos en función del valor y costo de mantenimiento, que todos los procesos se llevarían a cabo vía licitación con máxima transparencia y también se fijó como condición que los activos relacionados con sindicatos serían consensuados con anterioridad.
Rechazo de sindicatos
En respuesta, los sindicatos publicaron una declaración en contra del proceso, que contemplaría la licitación de lugares de descanso destinados a los empleados.
En el documento, critican que «decisiones como la venta apresurada de los inmuebles en cuestión, sin la debida claridad respecto a los fundamentos jurídicos que la sustentan ni la toma de razón de nuestro directorio, sólo contribuyen a levantar un manto de dudas sobre la pertinencia del proceso, especialmente cuando la medida se adopta a espaldas de los trabajadores y es ejecutada sin aviso previo».
Es más, los trabajadores confirmaron reuniones con representantes del gobierno de Gabriel Boric a fin de detener el proceso de licitación, además de contactar a dirigentes de la pequeña minería, y así «definir las acciones legales posibles de adoptar en defensa de Enami, como así mismo, solicitar a las nuevas autoridades electas su apoyo a partir del 11 de marzo, para levantar nuestras iniciativas del cuidado de las empresas estatales».
Otro de los aspectos abordados dice relación con que, a juicio de los sindicatos, la actual administración vulnera derechos como aquellos adquiridos en convenios colectivos y el derecho al trabajo. Por ello, los sindicatos se reunieron este lunes para evaluar la estrategia legal que se implementará, y no descartan presentar un recurso de protección o concurrir a Contraloría.
Futura ministra golpea la mesa
A su vez, la futura ministra de Minería, Marcela Hernando, ingresó un oficio a la Contraloría solicitando un pronunciamiento del ente fiscalizador.
Además, anunció que espera presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, argumentando que «nos hemos ido enterando cada vez de más detalles. Primero que al parecer, y según información extraoficial, algunos miembros del directorio niegan haber aprobado un acuerdo de esta naturaleza».
Junto con ello, la parlamentaria criticó que la casa matriz sea rematada por Tatterstall, empresa que fijó su precio de remate en $4.300 millones, en circunstancias que el avalúo fiscal es de $6.030 millones. «Si lo que quiere Enami es hacer caja porque está con dificultades económicas, no se explica que haga un remate por menos avalúos fiscal, en circunstancias que el valor comercial es muchísimo más alto», dijo Hernando.
Consultado por esta polémica, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, sostuvo el lunes que «esto es muy sencillo, yo creo que se ha hecho un punto mayor de lo que realmente es, entre otras cosas porque esta es una facultad que tiene el directorio de Enami, que conoció al respecto, y el vicepresidente de Enami llevó este tema al directorio».
Igualmente, precisó que «el 10 de marzo es el último día en que se puede presentar como una licitación, no es un remate, porque lo que se hace es esperar ofertas y luego esas ofertas, cuatro meses después, cuando ya estén las autoridades del nuevo Gobierno, van a decidir si es que aceptan o no esas ofertas sobre cuatro propiedades dentro de más de 300. Por lo tanto, hacer un punto tan grande sobre esto, como han querido hacer algunas personas yo creo que no vale la pena».
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Enami, Enrique Valdivieso, quien asumió en mayo en la estatal, manifestó a El Mercurio que la venta de activos se explica por la gran cantidad de propiedades que tiene la empresa en todo el país. Además. recordó que «esto se lo vamos a llevar al próximo directorio que tome o no tome la decisión, por eso no es un remate».
«Con las ofertas recibidas, vamos a tener una noción de precio, porque la idea principal es que la Enami siga estando acá. Subarrendamos dos pisos y con eso tenemos demás, y el resto se lo arriendan a terceros, o podrá venir el Ministerio de Minería, o Cochilco», sostuvo.
Fuente: Emol.com
