En un contexto global donde el cobre ha pasado a ser considerado un mineral estratégico para la seguridad económica de Estados Unidos, Chile logró una excepción relevante: los cátodos de cobre nacionales quedaron fuera del arancel del 50% impuesto por Washington al metal rojo. Tras esa negociación estuvo un chileno con voz influyente en la industria mundial: Juan Ignacio Díaz, presidente y CEO de la International Copper Association (ICA), organización que agrupa a gigantes como Codelco, BHP, Freeport-McMoRan, Antofagasta Minerals, Teck, Rio Tinto y Anglo American, entre otras.
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Díaz, quien fue parte clave en el trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Consejo Minero, explica que el éxito de la gestión se basó en argumentos técnicos más que políticos. “Se demostró a Estados Unidos que el cobre chileno no representaba una amenaza comercial ni estratégica”, resume. La exclusión de los cátodos de la medida arancelaria permitió mantener abierta una vía esencial para las exportaciones chilenas y resguardar una parte sustancial de los ingresos nacionales derivados de la minería.
La meta de “una Escondida al año”
En el seminario “Visión 360°: de la innovación a la acción”, organizado por Siemens, Díaz profundizó en los desafíos de la industria y la urgencia de acelerar el desarrollo de nuevos proyectos. Con una producción mundial de 22 millones de toneladas de cobre en 2024, y una meta de 50 millones de toneladas a 2050, la tarea no es menor.
“Se habla de que el mundo necesita una Escondida nueva cada año para alcanzar las metas”, comenta el ejecutivo, aludiendo al mayor yacimiento de cobre del planeta, propiedad de BHP, que en 2024 produjo 1,2 millones de toneladas, según datos de Cochilco.
“Necesitamos seguir aumentando la producción, y me gustaría que esa producción adicional se haga en Chile”, plantea. “Eso generaría empleo, desarrollo local, mayores ingresos tributarios y fortalecería a toda la cadena de proveedores mineros del país”, añade.
Alianzas público-privadas: la fórmula que propone el sector
Para Díaz, el camino para materializar esa expansión pasa por consolidar alianzas público-privadas efectivas, donde Estado y empresas trabajen de forma complementaria. “El Estado debe aportar un marco regulatorio claro, planificación territorial, legitimidad social y estabilidad a largo plazo”, explica.
“Por su parte, el sector privado tiene el dinero, la innovación y la capacidad de ejecución. Si logramos combinar esos dos mundos, podemos darle mayor celeridad a los proyectos”, enfatiza.
El líder de la ICA remarca que no se trata de relajar estándares, sino de mejorar los tiempos de respuesta institucional: “Podemos mantener todas las exigencias ambientales y técnicas, pero necesitamos agilidad. El desafío no está en los requisitos, sino en la lentitud con que se procesan”.
Permisos ambientales: el cuello de botella
Uno de los temas más sensibles que enfrenta la minería chilena —y que ha afectado la concreción de proyectos multimillonarios— son los tiempos de tramitación de permisos ambientales y sectoriales.
“Chile tiene ventajas comparativas en todos los índices relevantes: desarrollo humano, transparencia, estabilidad macroeconómica, experiencia técnica y tradición minera”, destaca Díaz. “Pero lo que debemos mejorar con urgencia son los plazos de los permisos. No estamos pidiendo flexibilizar nada, solo que los procesos sean más ágiles y predecibles”.
El directivo critica que, pese a las intenciones declaradas, las reformas regulatorias siguen sin concretarse: “El marco regulatorio está dormido. Hemos promovido proyectos de ley que prometen acortar los tiempos, pero no vemos cómo se implementan. Chile necesita pasar de la evaluación a la ejecución”, advierte.
Un desafío de visión estratégica
Díaz insiste en que el país debe adoptar una mirada de largo plazo, alineada con las proyecciones globales de demanda de cobre que acompañan la transición energética. Según estimaciones de la ICA, la electrificación masiva, la movilidad sustentable y las energías renovables requerirán cantidades récord de este metal en las próximas décadas.
“Si Chile quiere mantener su liderazgo mundial en el cobre, debe moverse ahora. No podemos dormirnos en los laureles del pasado. El futuro del país depende de que logremos destrabar los proyectos y volver a ser un referente de inversión y eficiencia en minería”, concluye.
El llamado del ejecutivo resume la encrucijada actual: combinar sostenibilidad con competitividad, y regulación con velocidad. En su visión, la clave está en que el Estado y el sector privado “rememos en la misma dirección”, con el cobre —una vez más— en el centro del desarrollo nacional.
