Litio en el Salar de Atacama y un giro histórico para la industria minera chilena marcaron la aprobación definitiva del proyecto impulsado por la filial Simco del Grupo Errázuriz, luego de casi dos décadas de tramitaciones ambientales, disputas administrativas y procesos judiciales. La reciente resolución favorable del Primer Tribunal Ambiental y la ratificación del Servicio de Evaluación Ambiental despejaron el escenario jurídico para la iniciativa, posicionando a la compañía como el tercer actor relevante en la producción de litio en Chile, fuera del dominio histórico de SQM y Albemarle.
La aprobación representa uno de los hitos regulatorios más relevantes de los últimos años para la minería no metálica nacional. El proyecto atravesó 17 años de evaluación y revisión, enfrentando conflictos por superposición de pertenencias mineras, procesos de Consulta Indígena bajo el Convenio 169 de la OIT y exigencias ambientales relacionadas con el uso de agua en la cuenca del Salar de Atacama. El caso se transformó en símbolo de las dificultades asociadas a la denominada “permisología” en Chile, especialmente en industrias estratégicas vinculadas a la transición energética.
Proyecto apuesta por extracción directa y menor impacto hídrico
La iniciativa liderada por Simco contempla una inversión superior a US$ 600 millones y proyecta una producción cercana a 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE). A diferencia del modelo tradicional utilizado históricamente en el Salar de Atacama, el proyecto utilizará tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), sistema que busca reducir significativamente la evaporación de salmuera y el impacto sobre los acuíferos de la zona.
Según los antecedentes conocidos del proyecto, el proceso considera la reinyección de la salmuera procesada para mantener el equilibrio hídrico del salar, alineándose con los lineamientos definidos por la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el Estado chileno. La incorporación de tecnologías EDL se ha convertido en uno de los principales requisitos para nuevos desarrollos de litio en Chile, debido a las crecientes exigencias ambientales y sociales en territorios sensibles del norte del país.
Analistas del sector consideran que la aprobación también refleja un cambio de enfoque en la política minera nacional, donde se busca compatibilizar expansión productiva con estándares ambientales más estrictos y mayor participación estatal en la cadena de valor del litio.
Asociación con Codelco redefine el modelo de desarrollo del litio
Bajo el nuevo esquema regulatorio, Grupo Errázuriz desarrollará el proyecto mediante un modelo de asociación público-privada en coordinación con Codelco y la futura Empresa Nacional del Litio. El acuerdo contempla participación estatal en las utilidades y mecanismos de supervisión ambiental sobre la operación.
Uno de los elementos estratégicos incluidos en la iniciativa es la incorporación de cláusulas de valor agregado industrial. Parte de la producción de litio será destinada a precio preferencial para compañías que desarrollen componentes y manufactura vinculada a baterías en la Región de Antofagasta, buscando fortalecer el encadenamiento productivo local y avanzar hacia una mayor industrialización del mineral.
El proyecto también contempla convenios de beneficio directo con comunidades Lickanantay, incluyendo programas de infraestructura hídrica, formación técnica y empleo local. Según las estimaciones preliminares, la fase de construcción generará alrededor de 1.500 empleos, mientras que la etapa operacional requerirá cerca de 500 puestos permanentes.
Chile suma un nuevo actor estratégico en el mercado global del litio
La entrada de un nuevo operador relevante al Salar de Atacama modifica el mapa competitivo del litio chileno en un momento de alta demanda internacional impulsada por la electromovilidad y el almacenamiento energético. Hasta ahora, la producción nacional había estado concentrada principalmente en SQM y Albemarle, compañías que dominan históricamente la explotación de salmueras en la zona.
La incorporación de Simco bajo un modelo asociado con el Estado refuerza la estrategia chilena de diversificar actores y promover tecnologías de menor impacto ambiental. Además, entrega una señal relevante a inversionistas internacionales respecto a la viabilidad de nuevos proyectos de litio en el país, pese a los extensos procesos regulatorios que han caracterizado a la industria durante los últimos años.
Con el inicio formal de construcción previsto hacia fines de 2027, el proyecto aparece como uno de los desarrollos más relevantes del sector minero chileno para la próxima década y como un caso emblemático en el debate sobre competitividad, sostenibilidad y modernización de permisos para inversiones estratégicas.
