La desesperación de los familiares de los 10 mineros atrapados en Coahuila ha cruzado una nueva frontera este sábado, 10 días después de que los obreros quedaran aprisionados tras el derrumbe de un pozo de carbón en el municipio de Sabinas. Ante la falta de avances en el rescate y la completa opacidad de las autoridades a la hora de proporcionar información, los parientes han lanzado un ultimátum al Gobierno mexicano. “La autoridad nos dice que nos esperemos, que falta mucho, que falta poco, no saben ni qué cuenta pueden dar. Lo que queremos es ayuda para sacar a nuestros familiares. Sigue igual la cosa, nos traen con puras mentiras. Queremos ayuda, ya sea de aquí o extranjera”, ha expresado Javier Rodríguez Palomares, hermano de Margarito Rodríguez.
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Bajo el sol de las cuatro de la tarde, protegidos por carpas y rodeados por decenas de periodistas, los familiares de los mineros han comparecido en conjunto por primera vez para exigir unas soluciones que tardan demasiado en llegar. Varios de ellos han tomado los micrófonos para explicar su impotencia ante el fracaso en el rescate; lo que consideran una falta de colaboración del Gobierno y el miedo a que se repita la tragedia de Pasta de Conchos de 2006: los cuerpos de 63 mineros muertos en una explosión de gas —en total hubo 65 fallecidos— continúan sepultados bajo los túneles de la mina. “Imagínese, [las familias] ya están bien desgastadas, ya diez días y nada”, añade Rodríguez Palomares.
Los intervinientes también han solicitado un encuentro cara a cara con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que ya visitó el lugar el pasado domingo, pero se marchó rápidamente sin reunirse con las familias. Su paso por la mina generó un momento de tensión entre los familiares y la Guardia Nacional. Pero todavía confían en que el mandatario pueda arreglar su situación: “Es lo que más quisiéramos todos en este momento, porque él vendría a poner orden en el trabajo. Estamos con la esperanza de que él va a venir y nos va a dar los resultados que queremos”.
En la reunión antes los medios de comunicación han lanzado toda una retahíla de reproches contra las autoridades, especialmente, contra la responsable de Protección Civil, Laura Velázquez, a la que han acusado de engaños, “groserías” y de detener indiscriminadamente los trabajos. Han solicitado su relevo al frente de la operación de salvamento. “Necesitamos a alguien que nos ayude, no que nos traiga largas y mentira tras mentira. Lo único que queremos es ayuda, de países de fuera o no sé, queremos ya a nuestros familiares”, ha señalado Marta María Huerta, la esposa de Sergio Gabriel Cruz Gaitán.
Velázquez ha reconocido en una entrevista con El Universal que el rescate se ha topado con obstáculos que lo han retrasado, pero ha asegurado que no han parado de trabajar en ningún momento, y se ha justificado en el enorme volumen de agua que inunda los pozos colapsados, debido a su cercanía con el río Sabinas: “Esperemos poder tener acceso muy pronto. La verdad es que es mucha el agua, también nos encontramos que las galerías son muy pequeñas. Ellos trabajan agachados adentro de la galería, hay que tomarlo muy en cuenta”.
El hijo del minero José Luis Mireles Argüijo, Claudio Mireles, ha asegurado visiblemente agitado que los trabajos no avanzan por falta de interés del Gobierno y que las autoridades no les suministran datos sobre el rescate. “Tenemos información porque nosotros mismos estamos trabajando ahí dentro. Dicen que están trabajando, pero si a ustedes [la prensa] los dejaran entrar [al perímetro de seguridad custodiado por militares, al que los medios de comunicación tiene vetado el acceso] verían que no se está trabajando, nomás toman una foto, se van y publican que están trabajando. Los que están trabajando son los familiares y los amigos […] y nomás nos hacen de lado”.
El miedo constante, la idea que más han repetido, es que el tiempo continúa pasando y cada minuto es oro, una oportunidad más perdida para rescatar a los mineros, que ya llevan incomunicados sin agua potable ni comida más de 240 horas. No se sabe si están vivos o muertos, aunque las probabilidades no son halagüeñas. Los mineros de la comunidad, expertos en el terreno, han solicitado que los dejen descender a ellos a las minas, ya que consideran que los buzos del Ejército no están haciendo su trabajo. “Los expertos no nos dejan porque dicen que hay mucho riesgo. Nosotros sabemos que hay riesgos, pero le dijimos a la Secretaría de Trabajo que firmamos un papel, nos hacemos responsables de lo que nos pase y que nos dejen a nosotros bajar para sacarlos”, ha defendido Rodríguez Palomares.
Los familiares también temen que les prohíban permanecer en el interior del perímetro de seguridad o participar en las labores de rescate. Llevan días asegurando que la policía y los militares les están amenazando con expulsarles e incluso denunciarles ante la Fiscalía si filtran información. Esa es una de las razones por las que han decidido dar una rueda de prensa en conjunto y no de forma individual. “Tenemos miedo a represalias, a que no nos dejen entrar”, ha explicado Claudio Mireles. Los parientes han argumentado que la falta de acceso de los medios de comunicación a la mina es una forma de ocultar información. “Por algo los tienen separados, por algo tienen separadas a las familias, porque tienen miedo a esto”, ha sostenido Mireles.
El pasado miércoles 3 de agosto, una inundación provocó un derrumbe en tres pozos de carbón que atrapó a 10 mineros. Desde entonces, las autoridades desplegaron un enorme operativo de rescate que 10 días después no ha dado sus frutos por el nivel de agua y las obstrucciones que hay en las galerías, de acuerdo con la versión oficial. Pero los familiares han perdido la poca paciencia que les quedaba después de ver cómo las horas avanzan y los resultados nunca llegan. “Están jugando con nosotros, quieren que el tiempo vaya pasando y se acabe la esperanza”, señala Mireles. “No nos vamos a ir hasta que nos los entreguen”, ha rematado otra de las mujeres.
