En medio de una crisis silenciosa que amenaza la seguridad nacional y los servicios esenciales, la Comisión Investigadora sobre robo de cables de cobre (CEI 72) ha dado un paso crucial. Con siete votos a favor y cinco en contra, la comisión aprobó su informe final, llamando a fortalecer la fiscalización y coordinación para enfrentar este delito.
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El informe destaca la urgencia de abordar el robo sistemático de cobre, que pone en riesgo la continuidad de servicios como electricidad y agua potable. En la Región de Coquimbo, se reportó el robo de más de 63.000 metros de cable entre 2021 y 2023, seguido por Biobío y Maule con cifras preocupantes.
El robo de cables no solo afecta a los servicios básicos, sino que también impacta la confianza ciudadana en el Estado. El reciente incidente en Pemuco, que dejó sin electricidad a la comuna tras el hurto de 3.600 metros de cable, es un claro ejemplo de las consecuencias devastadoras de este delito.
Ante esta grave situación, el informe propone una serie de medidas contundentes. Desde incorporar el delito en la Ley N° 21.644 para una persecución más efectiva hasta fortalecer la labor preventiva de entidades como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la comisión plantea una estrategia integral para combatir el robo de cobre.
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Además, se sugiere la prohibición del cambio de formato del cobre en puntos de venta específicos, la implementación de un sistema de trazabilidad digital y la adopción de tecnologías de monitoreo en tiempo real para una detección temprana. La denuncia ciudadana anónima se destaca como una herramienta clave en la lucha contra las bandas delictivas involucradas en este ilícito.
En conclusión, el informe de la Comisión Investigadora es un llamado a la acción para proteger nuestros servicios esenciales y fortalecer la seguridad nacional. La cooperación entre entidades gubernamentales, la comunidad y las autoridades es fundamental para abordar este problema de manera eficaz y prevenir futuros episodios de robo de cables de cobre.
