El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, afirmando que su país hará todo lo posible para impedir su ratificación. Francia, que lidera la oposición al pacto, argumenta que el tratado es «inaceptable», principalmente por la falta de garantías ambientales y sanitarias en los países sudamericanos.
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Macron expresó su rechazo al acuerdo durante la inauguración del Salón de la Agricultura en París, asegurando que los agricultores europeos no pueden ser perjudicados por tratados comerciales que no exijan las mismas regulaciones ambientales y sanitarias a los productores del Mercosur.
«Nuestros agricultores no pueden ser la variable de ajuste del poder adquisitivo ni de los acuerdos agrícolas», declaró el mandatario francés.
El tratado, firmado el 6 de diciembre de 2024, aún necesita la ratificación de al menos 15 países miembros de la UE, que representen el 65% de la población del bloque, antes de ser aprobado en el Parlamento Europeo.
Macron advierte sobre riesgos en la soberanía alimentaria
El riesgo de depender de importaciones
El presidente francés también alertó sobre los riesgos de dependencia alimentaria, sugiriendo que la importación de productos agrícolas puede representar una amenaza estratégica para Europa.
«No hay nada que diga que mañana los alimentos no se convertirán en un arma. Nuestra responsabilidad es producir en nuestro propio suelo lo que necesitamos para alimentar a nuestros hijos», enfatizó Macron.
Francia ha mantenido una postura crítica respecto a la entrada en vigor del acuerdo, sosteniendo que la desregulación del comercio agrícola con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay podría afectar negativamente a los productores europeos y debilitar los estándares ambientales del bloque.
El futuro del acuerdo UE-Mercosur
El Mercosur, fundado en 1991, incluye a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y desde 2023, a Bolivia. Sin embargo, la adhesión de Bolivia no forma parte del acuerdo actual. Venezuela, que se unió en 2012, fue suspendida en 2016.
El tratado sigue enfrentando obstáculos políticos y diplomáticos, con Francia como uno de los principales opositores. La falta de consenso en la UE podría retrasar o incluso frenar definitivamente la entrada en vigor del acuerdo, que lleva décadas en negociación.
