Yasna Provoste (DC) y Guido Girardi (PPD) fueron los únicos legisladores que presentaron enmiendas a uno de los proyectos ejes que impulsa en su programa el Presidente electo, Gabriel Boric.
Fue a fines de noviembre cuando la Sala del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que establece un royalty minero a las empresas que exploten minerales en el territorio nacional, equivalente a una tasa mínima de 3% del valor de los recursos extraídos, la cual aumenta a medida que los precios crezcan.
Se trata de una moción que sigue muy de cerca la industria minera, desde donde acusan que dicho gravamen podría afectar la competitividad del sector al comparar con otros países, y ahora culminó el tiempo para que los parlamentarios pudiesen ingresar indicaciones a la iniciativa.
Así las cosas, pese a su extensa discusión en general, -y dado que esta semana venció el plazo para introducir modificaciones- fueron solo dos los legisladores que presentaron indicaciones al texto: se trata de la presidenta de la comisión de Energía y Minería de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC), y el senador Guido Girardi (PPD), quienes coincidieron en la idea de mantener el impuesto a las ventas, pero en dimensiones muy diferentes. Asimismo, ambos se alejan en lo que respecta al destino de los montos recaudados.
Con todo, seguramente el royalty minero sea un tema que estará en la palestra en los años venideros, puesto que es una de las prioridades del programa del Presidente electo, Gabriel Boric.
En el documento denominado «Acuerdo de Implementación Programática», el diputado de la Región de Magallanes manifiesta «es el momento de avanzar en la tributación de la gran minería privada, puesto que el año 2023 terminan los contratos vigentes de invariabilidad tributaria sobre la mayoría de la producción del cobre«.
Y agrega «concordamos en que el instrumento más adecuado para la realidad chilena es de carácter híbrido, con un componente ad valorem (tasa sobre las ventas) y un componente cuya base sea el margen operacional o financiero», y advierte que «estas medidas podrían extenderse a la explotación de otro minerales».
En cuanto al uso de estos recursos, el documento plantea que «debería ser destinado a inversiones que permitan transitar hacia una matriz productiva que nos aleje de la dependencia sobre las rentas de recursos naturales, incluyendo una perspectiva de descentralizar las decisiones sobre dichas inversiones».
Detalle de las indicaciones
Por el lado de la presidenta de la comisión de Energía y Minería del Senado, Provoste introdujo una enmienda que apunta a una compensación variable equivalente al 3% de las ventas anuales de productos mineros, pero que podría llegar subir hasta un 6% en caso de que el cobre supere los US$4,5 la libra de promedio anual.
Esto quiere decir que, si el indicador en ejercicio se sitúa entre US$3,51 la libra y US$4 la libra, la tasa de la compensación será equivalente al 4%; en cambio, si el promedio se ubica entre US$4,01 la libra y US$4,5 la libra, la tasa equivaldría al 5%; y si se superan los US$4,5 la libra, la tasa ascendería a 6%.
Sobre el destino de la recaudación producto dl royalty, la senadora falangista propone que un 25% de los recursos vaya a un Fondo de Convergencia Regional, que estaría integrado solo por las comunas que pertenezcan a regiones donde hay faenas mineras, mientras que el 75% restante iría directamente a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación por la misma actividad. Aunque señala que al menos un 10% debería ser destinado a contribuir al financiamiento de los proyectos el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Esto correría para aquellos explotadores mineros cuyas ventas anuales excedan el valor equivalente a 12.000 toneladas métricas de cobre fino.
Asimismo, la legisladora impulsa medidas para fortalecer la debida fiscalización por parte de Aduanas, y regular la administración, operación, condiciones, destino y distribución de los recursos del Fondo de Convergencia Regional, con el objeto de fijar mecanismos y criterios –considerando la opinión de los gremios de explotadores mineros y los sindicatos regionales- con los que se priorizarán los proyectos que financiará.
En tanto, el senador Guido Girardi (PPD) sugiere que el tributo se aplique sobre aquellos explotadores mineros cuyas ventas anuales excedan al valor equivalente a 50 mil toneladas métricas de cobre fino, con una tasa progresiva porcentual según el valor de libra del mineral.
De esta forma, se modificaría la actual escala de pago de impuesto específico del sector minero, que va de un 5% a un 14%, partiendo desde un piso de 2% en caso de que el precio del metal rojo esté bajo los US$2,25 y hasta un 40% en caso de que el cobre supere los US$5,5 la libra. Esta tasa iría subiendo progresivamente.
Así, por ejemplo, este año, en que el precio del commodity promedia los US$4,32 la libra, el gravamen que debiesen pagar sería de un 18%. De igual manera, esta indicación también incluye un impuesto a las ventas, pero la reduce a 1% (en vez de 3%).
Las ganancias se repartirían en partes iguales para un Fondo de Innovación Regional, administrado por el gobierno regional, y a un Fondo de Desarrollo e Innovación Nacional, administrado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y la Corfo.
El Fondo de Innovación Regional, en primer lugar, deberá abocarse exclusivamente a sustentar proyectos de desarrollo regional y comunal de las comunas en las que se encuentren yacimientos desde donde se extraiga el mineral, así como iniciativas de protección y saneamiento ambiental en dichos sectores, o a obras de infraestructura o programas de investigación en universidades estatales cuya tasa central y rectoría se encuentren emplazadas en las regiones mineras.
En tanto, el Fondo de Desarrollo e Innovación Nacional se encargará de financiar proyectos de investigación y desarrollo, incluidos su pilotaje y escalamiento productivos, que se podrán canalizar a través de Centros Colaborativos de Investigación y Desarrollo con asiento en territorios donde se realiza la actividad productiva a que se vincula la regalía.
Estos centros podrán colaborar con las empresas, las que a cambio recibirían un crédito tributario imputable a la renta equivalente al monto aportado con un tope máximo de la regalía ad valorem que pagan, siempre y cuando el monto del aporte sea superior al de la regalía. Al menos un 10% del fondo debería priorizare para proyectos relacionados con hidrógeno verde, y 2% con iniciativas relacionadas con minería verde.
Con esto, ahora la iniciativa debe retornar a la comisión de Minería de la Cámara Alta, donde se revisarán las indicaciones al proyecto.
Fuente: Emol.com