La docente de Derecho en Minería analizó el paquete de reformas a la permisología que fueron planteadas por el Gobierno en enero de 2024, centrándose en los derechos de aguas.
Te puede interesar
Muchos sectores de la economía y de proyectos de inversión están expectantes ante lo que derive de las denominadas reformas a la “permisología”, que anunció el Ejecutivo a comienzos del presente año.
Entre los objetivos principales está la reducción de burocracia y tiempos de espera para la aprobación de proyectos, sobre todo en lo que respecta la obtención de los necesarios permisos ambientales que se requieren para operar. Lo anterior, sin reducir los estándares medioambientales que tiene actualmente Chile.
Uno de los aspectos que implica una relevante cantidad de permisos tiene que ver con las autorizaciones de uso de aguas. De hecho, según un informe de la Comisión Nacional de Productividad, se observa que la mayor cantidad de solicitudes de permisos prioritarios corresponde a autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Salud (MINSAL) con 109.881, seguido por la Dirección General de Aguas (DGA) con 3.522 y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) con 2.781.
La abogada experta en Minería y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), María Luisa Baltra, analizó la situación actual de la reforma con foco en permisos de aguas.
Visión general y permisos de plantas desaladoras
Entrando en materia de aguas vemos que entre las modificaciones que se propusieron desde la Mesa de Royalty Minero, está la de dictar resolución que fija alcances de peritos externos ¿Cómo espera que esto pueda materializarse, vamos por buen camino en ese sentido?
Si se observa la disposición del artículo 307 bis existe la posibilidad de contar con un perito experto, pero la norma solo determina específicamente quienes no podrían tener ese carácter. Consecuencia de lo anterior, sería adecuado que se establecieran previamente por resolución los requisitos para ser considerados como expertos. El punto es que el análisis de los requisitos para ser considerado como tal sean adecuados y no se vaya a producir que el proceso de nombramiento de expertos al final sea tan complejo que, en definitiva, no se cumplan los objetivos de la norma.
También se propone establecer una mesa de trabajo entre varios organismos para simplificar la tramitación de pronunciamientos respecto de permisos otorgados por la DGA. ¿Lo ve factible para efectos de reducción de tiempos de tramitación?
Más que establecer mesas de trabajo, respecto de la Dirección General de Aguas y su rol es necesario hacer un análisis mayor. Ya en 2010, el Banco Mundial hizo un diagnóstico de la situación de los recursos hídricos a pedido de la propia Dirección General de Aguas, en donde, dentro de las falencias se observan problemas de institucionalidad, problemas que, a la fecha, no han sido resueltos.
Por el contrario, la Dirección General de Aguas cada vez tiene más atribuciones, pero con presupuesto, infraestructura y personal limitado, lo que impide que se puedan cumplir todos los objetivos perseguidos, aun cuando tenga la intención de cumplir con todas sus tareas. Solo mirar cómo resolver lo referente a reducción de tiempos para permisos ambientales, es solo una solución parche si no se observa cual es el statu quo de las materias sobre las cuales debe pronunciarse.
En una reciente entrevista, el presidente de la Asociación Chilena de Desalinización A.G (Acades) mencionó que la tramitación de permisos para proyectos de desalación puede tardar hasta 10 años. ¿Hay opciones para reducir estos tiempos?
La reducción de plazos es factible en la medida en que la institucionalidad ambiental funcione a cabalidad. Hay que considerar que en muchos casos más que un análisis ambiental técnico, se efectúa un análisis político, lo que también significa trabas al sistema. La existencia de Comité de Ministros también influye en el retraso de aprobación o no de proyectos, de acuerdo con los intereses que tenga el Gobierno de turno. Además, muchas veces las aprobaciones o negaciones dicen relación con el pulso que en la ciudadanía provocan los proyectos y no en un análisis concreto de factibilidad y beneficios que pueden considerar.
¿Considera que la reducción de tiempos de este tipo de permisos podría ampliar las posibilidades de inversión de plantas desaladoras en Chile?
Posiblemente y no solo de plantas desaladores. El tema es que si se considera reducción de plazos hay que evaluar bien los efectos que en distintos ámbitos se pueden producir y pareciera que el análisis no se ha hecho en terreno, observando no solo la legislación vigente, sino que la realidad que opera en distintos lugares.
Principales falencias
¿Cuáles son las principales falencias que ve en términos de los trámites vinculados con aguas?
El proyecto de permisología, modifica diversas normas del Código de Aguas, en las que no se ha analizado los efectos que pueden producir respecto de los usuarios de aguas, toda vez que se reducen, por ejemplo, plazos para realizar trámites. Se elimina que la publicación en el Diario Oficial de las solicitudes de aguas se realice los 1 o 15 del mes o día siguiente hábil, dejando a diversos usuarios sin la posibilidad real de tomar conocimiento de las solicitudes que pueden afectarles y con ello, poder oponerse oportunamente.
¿Dónde se hallan los principales cuellos de botella actualmente?
Desde antes de las modificaciones al Código de Aguas, incorporadas por la ley N° 21.435, ya existían demoras en resolver temas en materias de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, modificaciones de derechos de aprovechamiento de aguas, organización de comunidades de aguas subterráneas en casos en que deben obligatoriamente formase, fiscalización, resolver recursos de reconsideración presentados en materia de patentes por no uso y otros.
A ello, se suma que desde el 6 de abril de 2022 tiene a su cargo la regularización de inscripciones de derechos de aprovechamiento de aguas y desde el 13 de julio de 2023 el perfeccionamiento de títulos para su registro en el Catastro Público de Aguas, con plazos acotados, lo que genera un aumento considerable de situaciones que debe analizar y resolver contando con la misma dotación de personal, presupuesto y medios.
