Más de 30 organizaciones científicas y académicas chilenas manifestaron públicamente su rechazo a las declaraciones del Presidente José Antonio Kast sobre el financiamiento estatal a la investigación, acusando una mirada “reduccionista” respecto del rol que cumple la ciencia en el desarrollo del país. La controversia se originó luego de que el Mandatario cuestionara, durante una actividad en Puerto Montt, el impacto concreto de proyectos financiados con recursos públicos, señalando que algunos terminan únicamente “en un libro precioso, empastado, en la biblioteca” sin generar empleo directo. Sus dichos provocaron una inmediata reacción desde universidades, centros de investigación y sociedades científicas, que advirtieron sobre los riesgos de subordinar el conocimiento exclusivamente a criterios de rentabilidad inmediata o productividad de corto plazo.
La respuesta tomó forma en una carta abierta titulada “Ciencia, conocimiento y medio ambiente: bienes que Chile no puede sacrificar”, firmada por más de 30 entidades vinculadas a las ciencias naturales, exactas y sociales. En el documento, las organizaciones sostienen que el conocimiento científico requiere financiamiento sostenido, estabilidad institucional y políticas de largo plazo, rechazando que su valor pueda medirse únicamente por la cantidad de empleos generados en el corto plazo o por retornos económicos inmediatos.
Carta abierta defiende el valor estratégico de la ciencia
Las organizaciones firmantes plantearon que detrás de avances considerados esenciales para la sociedad existen décadas de investigación acumulada y financiamiento público continuo. La declaración menciona ejemplos ligados a tratamientos médicos, innovación agrícola, manejo hídrico y desarrollo tecnológico, enfatizando que muchos descubrimientos relevantes nacieron originalmente desde investigaciones básicas sin aplicación comercial inmediata.
El texto también critica la idea de reducir el aporte de la academia únicamente a resultados productivos. Según las sociedades científicas, publicaciones, libros y artículos especializados constituyen mecanismos fundamentales para validar, preservar y transferir conocimiento entre generaciones de investigadores y profesionales.
Entre las entidades adherentes figuran Sociedad Chilena de Física, Sociedad Chilena de Astronomía, Sociedad de Matemática de Chile, Sociedad de Biología de Chile y Sociedad de Microbiología de Chile, además de agrupaciones académicas vinculadas a universidades y centros de investigación.
La declaración agrega que Chile enfrenta desafíos estructurales vinculados al cambio climático, la transición energética, la seguridad hídrica y la innovación productiva, materias donde la ciencia cumple un rol estratégico que no puede depender exclusivamente de criterios de mercado.
Universidades y académicos reaccionan a los dichos presidenciales
Las declaraciones del Presidente también generaron críticas desde el mundo universitario. Pablo Ruiz-Tagle, decano de Derecho y candidato a rector de la Universidad de Chile, calificó las palabras del Mandatario como representativas de un “anti intelectualismo”, defendiendo el aporte cultural, económico y educativo que generan los libros y la producción académica.
En paralelo, Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma casa de estudios, sostuvo que la visión expresada por Kast pone el foco exclusivamente en el presente, descuidando el desarrollo científico y tecnológico futuro del país.
Las críticas también provinieron desde investigadores y rectores universitarios, quienes defendieron el rol del financiamiento estatal en áreas consideradas estratégicas para Chile, incluyendo salud pública, minería, inteligencia artificial, agricultura y políticas medioambientales.
El debate se produce en un contexto donde distintos sectores académicos han advertido sobre la necesidad de aumentar la inversión nacional en investigación y desarrollo. Según datos históricos de organismos internacionales, Chile mantiene niveles de gasto en I+D por debajo del promedio de los países de la OCDE, situación que comunidades científicas consideran una limitante estructural para el crecimiento tecnológico y la diversificación productiva del país.
