Expertos apuntan además a las dificultades que podrían existir en caso de que se extiendan las restricciones a regiones con mineras, ya que para una suspensión de labores se deben solicitar permisos.
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Un difícil escenario enfrenta la minería, en medio del desplome del cobre y el avance del covid-19 entre sus propios trabajadores, pese a las extremas medidas de seguridad implementadas. A esto se suma que este año las firmas deben realizar una auditoría respecto a sus planes de cierre de faena, presentados en su momento ante el Sernageomin, y que son aquellas condiciones que deben cumplir los yacimientos al fin de su vida útil.
La medida incluye a todas las mineras medianas y grandes, con producción mensual sobre 10.000 toneladas, por lo que se espera una renovación de más de 70 planes.
Según explican desde el Sernageomin, esto apunta a ajustar criterios, ya que desde que se implementó la normativa en 2014 se han hecho actualizaciones respecto al cálculo de garantías y vida útil de las faenas. Otra de las preocupaciones tiene que ver con eventuales cierres temporales debido a efectos de la pandemia, o por medidas más restrictivas de la autoridad.
El abogado socio de Guerrero Olivos, Benjamín Pérez, advierte que no se trata de un trámite ágil, y que en el mejor de los casos podría tardar un mes para ser aprobado. “Previo a paralizar, se debe tener la autorización, hacer una presentación formal, que revisa el Sernageomin y luego de eso se autoriza, pero se genera una dicotomía entre el cierre inmediato y los permisos, por lo que se genera un problema de plazos”, asegura el experto.
En esa línea, Carlos Pérez-Cotapos, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, dice que, dadas las condiciones actuales, se debiesen dar facilidades a las empresas en caso de necesitar cerrar. “Creo que se debe otorgar de inmediato, porque estamos velando por la salud de los trabajadores. Lo que se debe mantener es el tema de las garantías, para que el Estado tenga respaldo del cumplimiento, pero no veo que haya mucho que argumentar, en tanto se mantengan garantías”, sostiene.
El director nacional de Sernageomin, Alfonso Domeyko, explica que por ahora no existe ningún permiso especial, pero apunta a la coordinación entre los ministerios para cumplir la normativa vigente. “Se debe asegurar que se mantendrá la estabilidad física y química de las instalaciones, sin poner en riesgo al medio ambiente y que no generen pasivos mineros”, explica.
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