Un estudio revela que más de seis millones de toneladas de cobre permanecen fuera del mercado debido a conflictos ambientales, sociales y de gobernanza. Chile, Perú y Estados Unidos concentran buena parte del potencial detenido.
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Una cuarta parte del cobre que el mundo necesita para la transición energética está, literalmente, atrapado. Según un estudio de GEM Mining Consulting, alrededor de 6,4 millones de toneladas de capacidad de producción —equivalentes a más del 25% del total mundial— permanecen estancadas por problemas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
A diferencia de los desafíos geológicos o técnicos, los analistas advierten que estos cuellos de botella podrían resolverse con mejor gobernanza, mayor participación comunitaria y estándares sostenibles más sólidos. Todo esto ocurre mientras la demanda de cobre sigue creciendo, impulsada por la electrificación, las energías renovables y la expansión de la economía digital.
Latinoamérica, epicentro del cobre dormido
El informe identifica a Perú, Chile y Argentina, junto a Estados Unidos y Papúa Nueva Guinea, como los países con mayor volumen de cobre detenido.
Perú encabeza la lista: concentra el 31% del cobre sin explotar, cerca de 1,8 millones de toneladas anuales. Le siguen Estados Unidos, con 0,8 millones; Chile, con 0,7 millones; y Argentina y Papúa Nueva Guinea, con unos 0,6 millones cada uno.
“Desbloquear incluso una fracción de esta capacidad podría aliviar la escasez de suministro que amenaza la transición energética global”, sostiene Patricio Faúndez, jefe de economía de GEM. En el caso de Perú, liberar los proyectos paralizados le permitiría recuperar el segundo lugar mundial en producción de cobre, superando a la República Democrática del Congo.
Chile y Estados Unidos, en busca de equilibrio
En Estados Unidos, reactivar los proyectos detenidos ayudaría a cerrar la brecha entre producción y consumo interno, reduciendo la dependencia de las importaciones y fortaleciendo la seguridad energética.
Para Chile, el potencial es igualmente decisivo: los yacimientos estancados podrían romper el histórico techo productivo de 5,5 millones de toneladas, elevando la producción por encima de los 6 millones anuales y consolidando su liderazgo global.
Tres proyectos, tres conflictos
Entre los 33 proyectos paralizados por razones ESG, el estudio destaca tres casos emblemáticos: La Granja (Perú), Resolution Copper (EE.UU.) y El Pachón (Argentina).
La Granja, propiedad de Rio Tinto y First Quantum Minerals, lleva casi dos décadas bloqueada por tensiones sociales y ambientales pese a contar con permisos regulatorios. En Arizona, el proyecto Resolution Copper enfrenta una larga disputa con comunidades indígenas por el uso del sitio sagrado de Oak Flat.
En Argentina, El Pachón, controlado por Glencore, se ha visto frenado por normas de protección de glaciares, aunque el nuevo régimen de inversión RIGI impulsado por el presidente Javier Milei podría darle una nueva oportunidad.
El caso de Cobre Panamá: cuando el cierre es total
Aunque no figura entre los proyectos analizados por GEM, la mina Cobre Panamá, de First Quantum, es un recordatorio reciente del costo de los conflictos ESG. Cerrada en 2023 tras una sentencia de la Corte Suprema que anuló su contrato de operación, su clausura ha significado para Panamá pérdidas de hasta 1.700 millones de dólares y la desaparición del 5% de su PIB.
Una tormenta perfecta en el horizonte
Para Faúndez, los proyectos detenidos son la punta del iceberg de un fenómeno más profundo: la “tormenta perfecta” entre las exigencias ambientales y la urgencia energética.
La historia de Panguna, en Papúa Nueva Guinea, ilustra bien esa tensión. La mina, una de las mayores del mundo, cerró en 1989 tras un conflicto civil por daños ambientales y disputas sobre los beneficios económicos. Tres décadas después, el sitio sigue en ruinas.
El experto advierte que, sin un cambio de enfoque, muchos proyectos seguirán congelados durante años, justo cuando el mundo más necesita cobre para alimentar autos eléctricos, redes inteligentes y parques solares.
“La clave está en reconstruir la confianza, fortalecer la gobernanza y cumplir con estándares ambientales reales”, afirma Faúndez. “De eso dependerá que el cobre vuelva a fluir y que la transición energética no se quede sin energía”.
