La consultora internacional destaca seis acciones, entre ellas, simplificar, acelerar y aumentar la certeza de los permisos de proyectos y promover marcos más simples para la colaboración público-privada.
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Con un llamado a acelerar la acción para promover una transición energética más ordenada para 2030, considerando que el riesgo de una transición desordenada se ha vuelto aún mayor durante el último año a pesar que siempre ha sido alto, es una de las premisas que instala la consultora McKinsey en su informe «La transición energética: Una agenda región por región para la acción a corto plazo».
De entrada, el documento sitúa un contexto marcado por la pandemia y la guerra Ucrania-Rusia que instaló a la energía en una de las preocupaciones a nivel mundial, a tal punto que algunos han llegado a cuestionar la viabilidad o incluso la conveniencia de una transición «net-zero» para 2050. De hecho, el esfuerzo para enfrentar el cambio climático no es menor para el sector, ya que las emisiones relacionadas con la energía contribuyen con más del 80% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.
En ese contexto, el informe apunta a centrarse en acciones prácticas a corto plazo que podrían ayudar a los países a avanzar en la transición energética mientras buscan en paralelo resiliencia y asequibilidad energética. Así, se indica que para la transición los países pueden agruparse en cinco arquetipos principales en función de sus oportunidades y prioridades para una transición energética más ordenada.
Esto está determinado -dicen- por la dependencia económica a corto plazo; el acceso del país a recursos naturales favorables; y los recursos financieros disponibles del país y su capacidad de apalancar capital para apoyar la transición energética.
El estudio analizó 10 regiones principales del mundo como Estados Unidos, Australia, Medio Oriente y China. En el caso de América Latina, se sostiene que la región enfrenta un conjunto de desafíos en diversos grados entre los países: complejidades en las aprobaciones de permisos y licencias; acceso limitado a capital de bajo costo; penetración limitada de la electrificación y alternativas bajas en carbono en el transporte, incentivos de descarbonización limitados; y falta de incentivos para la producción y exportación que ayuden al proceso de transición energética.
En esa línea, la consultora plantea que se podría poner el foco en seis medidas prioritarias para avanzar hacia una transición más ordenada. Una de ellas es simplificar, acelerar y aumentar la certeza de los permisos de proyectos y promover marcos más simples para la colaboración público-privada. Si bien se enfatiza que la región tiene un potencial renovable significativo, se reconoce que el «desarrollo de nuevos proyectos ha sido relativamente lento y podría acelerarse significativamente». En este punto, se sostiene que los países de la región podrían considerar el hecho de asegurar tanto la claridad y transparencia de los requisitos de permisos y proteger su validez; como la participación de las comunidades.
Otra de las medidas prioritarias que es posible destacar es mejorar y estabilizar esquemas de precios, diseños de mercado y garantías para reducir el riesgo de inversiones en transición energética y mejorar el acceso al capital nacional e internacional. En esa línea, se explica que los factores que obstaculizan el desarrollo de las energías renovables en la región incluyen marcos limitados para la infraestructura de almacenamiento de energía, especialmente en áreas con menor penetración de la energía hidroeléctrica; incertidumbres sobre tarifas y permisos, y un costo de capital superior al promedio.
También se advierte como acciones prioritarias introducir medidas del lado de la demanda para promover el cambio de fósiles a electricidad y otras alternativas energéticamente eficientes en el transporte. En este punto se sugiere repensar las exenciones fiscales y los subsidios para los vehículos de combustibles fósiles e incentivar la adopción de vehículos eléctricos en los segmentos de automóviles y transporte ligero y construir la infraestructura adecuada de carga de vehículos eléctricos.
Y, además, desarrollar mecanismos de seguimiento de carbono regulados y mercados, e impulsar incentivos ecológicos para descarbonizar las huellas de las industrias. Así, se plantea establecer estándares claros para el seguimiento del carbono y los mecanismos de fijación de precios del carbono en la industria; y la introducción de incentivos específicos para nivel el campo de juego para las inversiones privadas en electrificación, combustibles limpios y soluciones de eficiencia energética.
A esto se suma la promoción de la fabricación local de piezas y equipos y exportación de materias primas y productos de energía limpia. En esto se sugiere promover incentivos para fomentar la manufactura local, aprovechando la importante disponibilidad nacional de minerales y energías renovables. Se podrían introducir -agrega- incentivos para atraer inversiones en el sector manufacturero local. Y, además, establecer una presencia internacional y acuerdos comerciales para la exportación de materias primas y productos ecológicos.
La sexta y última acción es desarrollar una fuerza laboral regional calificada para apoyar la transición y crear beneficios socioeconómicos.
La combinación de factores -como ser una región rica en minerales que son críticos para la transición energética; y estar bien posicionada para convertirse en un gran productor y exportador potencial de derivados de hidrógeno verde como el amoníaco verde y los combustibles sintéticos- presenta «oportunidades significativas para que la región contribuya materialmente a la descarbonización de la economía dentro y fuera del continente, y para impulsar el crecimiento económico sostenible en toda la región.
¿Cuáles son esas oportunidades? Acelerar aún más la descarbonización de la energía local en la industria y el transporte; aumentar sustancialmente la extracción de minerales críticos para la transición y esarrollar un sector manufacturero local para producir algunos de los equipos que requieren la transición energética y los sectores de exportación con bajas emisiones de carbono; y convertirse en una “potencia de exportación” en la transición energética global, promoviendo el comercio internacional de productos básicos verdes, incluido el hidrógeno y productos como el amoníaco y los metales verdes.
Las claves para Chile
Aunque el informe no hace un «zoom» por país, sí se destacan bondades como el desierto de Atacama que cuenta con un factor de capacidad 20% mayor que el de las mejores locaciones en África, Medio Oriente y Australia, mientras que la Patagonia cuenta con un factor de capacidad de los mejores a nivel global para generación eólica.
De acuerdo al informe, que plantea cinco arquetipos, Chile se encuentra en el grupo que clasificamos como “economías en desarrollo, naturalmente dotadas”, aquellos países con un potencial significativo que podrían ganar en la transición y se beneficiarían considerablemente. Y ocupa un lugar destacado en este conjunto, con múltiples oportunidades que le permitirían acelerar su crecimiento y posicionarse como uno de los líder de sostenibilidad a nivel mundial.
Para el socio de McKinsey Chile y líder de Sostenibilidad para Hispanoamérica, Clemens Müller-Falcke, este potencial «le permitiría a Chile no sólo avanzar en la descarbonización de su matriz y contribuir a la descarbonización de países vecinos, sino también consolidarse como un productor muy competitivo de hidrógeno verde y derivados».
«Por último, su riqueza mineral es única en el mundo y será fundamental para contribuir a la manufactura de tecnologías esenciales para la descarbonización. De hecho, Chile ya es uno de los principales productores de cobre y litio, y este mercado seguirá en crecimiento», valora.
Consultado por la medida más urgente o que quizás se necesita priorizar en Chile, considerando que el documento detalla ocho acciones que son aplicables a nivel mundial y que deberían acelerarse para lograr una transición ordenada, Müller-Falcke indica que, «siendo una transición universal que está transformando todas las actividades económicas y patrones de consumo, es importante minimizar riesgos y amplificar beneficios, realizándola de manera ordenada y estableciendo acciones prioritarias según la realidad de cada país».
«Para Chile, sería importante acelerar su propia descarbonización, haciendo foco no solo en la oferta sino también en la demanda energética de sectores clave y en la sostenibilidad a lo largo de sus procesos productivos para brindar productos verdes al mundo de más altos estándares de sustentabilidad. Por otro lado, facilitar infraestructura y garantizar la regulación necesaria para escalar proyectos y consolidarse aún más como un país atractivo para las inversiones sostenibles», añade.
Fuente: Diario Financiero
