El Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Maisa Rojas, ha iniciado una de las mayores operaciones de conservación en la historia reciente de Chile: proteger por ley 4 millones de hectáreas distribuidas en 99 sitios prioritarios para la biodiversidad. El plan busca dar cumplimiento a la Ley 21.600, conocida como Ley para la Naturaleza, y avanzar hacia la meta internacional “30×30”, que aspira a resguardar el 30% del territorio nacional antes de 2030.
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Los sitios prioritarios son áreas con alto valor ecológico, donde habitan especies amenazadas o ecosistemas esenciales para el equilibrio ambiental. Sin embargo, muchas de ellas —como la Laguna Santa Elena en Ñuble, hogar del cisne negro— no contaban con respaldo legal, ya que fueron designadas antes de la promulgación de la ley.
El ministerio abrió el 3 de septiembre una consulta pública para recoger opiniones ciudadanas sobre los sitios que serán protegidos mediante decreto. El proceso, que culmina el 17 de noviembre, ha desatado tensiones con sectores mineros e inmobiliarios, que acusan falta de transparencia en los criterios técnicos y posibles impactos sobre la inversión y la expansión urbana.
Una red de 99 áreas estratégicas
El decreto incluye 23 sitios en el norte, 46 en la zona centro y 30 en el sur, abarcando cerca del 30% de los 14 millones de hectáreas que conforman el total de áreas prioritarias del país.
En la Región Metropolitana, por ejemplo, se destacan zonas como el Cerro Águilas (12.730 ha), Chacabuco-Peldehue (62.470 ha), El Morado (115.692 ha) y el Humedal de Batuco (6.906 ha), todas con especies en peligro o ecosistemas únicos. En regiones del norte y sur, los sitios apuntan a corredores biológicos, humedales y ecosistemas frágiles amenazados por la expansión agrícola o industrial.
Reacción de la industria
La medida generó fuertes críticas de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), cuyo presidente, Jorge Riesco, advirtió que “273 instalaciones mineras se encuentran dentro de los 99 sitios” y comparó la incertidumbre del sector con el proceso constitucional pasado.
El sector inmobiliario también manifestó preocupación. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), presidida por Slaven Razmilic, acusó la inexistencia de un reglamento que defina cómo se determinan los sitios y advirtió que la restricción de suelos urbanos agravará la crisis habitacional. “La medida afecta al desarrollo, la inversión y la generación de empleo”, señaló Razmilic, quien agregó que varios polígonos se traslapan con zonas de expansión urbana ya aprobadas.
El exministro de Medio Ambiente Pablo Badenier también criticó el proceso, señalando que “no se conocen los criterios objetivos del listado, lo que dificulta la validación técnica y social del decreto”.
La postura del gobierno
Desde el ministerio, el subsecretario Maximiliano Proaño aseguró que la iniciativa “no es un freno a la inversión, sino una forma de entregar certezas ambientales y territoriales”. Añadió que los sitios prioritarios son una señal clara de dónde se debe proteger y dónde se puede invertir con seguridad, destacando que la medida fortalece la planificación territorial y la sostenibilidad económica.
El gobierno planea dialogar con gremios mineros e inmobiliarios en los próximos días para destrabar tensiones y avanzar hacia la formalización legal de las áreas, paso clave para que en el futuro puedan transformarse en áreas protegidas o paisajes de conservación con mayor respaldo regulatorio.
Si el decreto avanza, Chile daría un paso decisivo para blindar legalmente sus ecosistemas más frágiles, en un contexto global donde la pérdida de biodiversidad y el cambio climático obligan a equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental.
