La megarreforma económica impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast entró en una fase decisiva en la Cámara de Diputados luego de que La Moneda activara una estrategia legislativa para neutralizar el denominado “tsunami” de indicaciones presentadas por la oposición, que ya superan las 1.300 enmiendas y podrían acercarse a las 1.500 durante las próximas horas. El Ejecutivo busca evitar retrasos en la tramitación mediante un paquete de indicaciones sustitutivas que, de ser aprobadas, dejarían automáticamente fuera de discusión gran parte de las propuestas opositoras al declararlas incompatibles con el nuevo texto. La maniobra elevó la tensión política y provocó fuertes cuestionamientos desde parlamentarios del oficialismo y la oposición, mientras el gobierno ratificó que no modificará el cronograma legislativo que busca despachar el proyecto desde la Cámara antes del 21 de mayo. La ofensiva reglamentaria fue respaldada directamente por el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, quien advirtió que la iniciativa “se votará sí o sí” incluso si las sesiones deben extenderse hasta la madrugada.
Gobierno endurece postura y apuesta al desgaste opositor
La estrategia fue reforzada públicamente por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien defendió la decisión del Ejecutivo de mantener los plazos de tramitación pese al volumen de indicaciones ingresadas por la oposición.
En entrevista radial, el secretario de Estado afirmó que si los parlamentarios opositores desean defender cada una de sus propuestas “que lo hagan día y noche”, dejando en evidencia que el gobierno apuesta a sostener un ritmo legislativo intensivo para impedir que la discusión se prolongue durante varias semanas.
El diseño legislativo del oficialismo contempla que la Comisión de Hacienda despache la iniciativa durante esta semana para posteriormente derivarla a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente. La intención del Ejecutivo es que el proyecto llegue a la Sala de la Cámara entre el lunes 18 y martes 19 de mayo.
Aunque inicialmente el gobierno buscaba que el megaproyecto ingresara inmediatamente al Senado antes del 21 de mayo, fuentes legislativas reconocen que dicho objetivo podría aplazarse hasta junio debido a la magnitud del debate parlamentario.
Oposición acusa “fraude constitucional” y denuncia cierre del debate
La ofensiva reglamentaria del Ejecutivo provocó una dura reacción desde la oposición, cuyos parlamentarios acusaron al gobierno de intentar bloquear deliberadamente la discusión legislativa mediante indicaciones sustitutivas ingresadas a última hora.
El diputado Raúl Leiva calificó la estrategia como un “fraude constitucional”, mientras que Constanza Schönhaut realizó una reserva de constitucionalidad advirtiendo eventuales vicios en la tramitación.
También surgieron críticas desde parlamentarios independientes y del Partido Comunista. El diputado Carlos Bianchi acusó a la presidencia de la comisión de actuar de manera “dictatorial”, mientras Boris Barrera sostuvo que el Ejecutivo entregó un nuevo texto pocas horas antes del debate, dificultando el análisis técnico de las modificaciones.
En paralelo, el oficialismo cuestionó el volumen de indicaciones opositoras, señalando que muchas fueron ingresadas individualmente y sin coordinación política. El diputado Diego Schalper calificó la maniobra como “un fraude al reglamento” y un abuso hacia el trabajo administrativo del Congreso.
Partido Comunista lidera volumen de indicaciones
Según antecedentes revisados en la Comisión de Hacienda, gran parte de las indicaciones fue impulsada por parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio.
El diputado Boris Barrera ingresó cerca de 170 modificaciones, mientras que Nathalie Castillo presentó otras 164 propuestas. Por su parte, Jorge Brito contabilizaba más de 80 indicaciones.
A ello se suman propuestas impulsadas por independientes y parlamentarios ligados al PPD, elevando considerablemente la carga administrativa y técnica del debate legislativo.
Parte de las indicaciones presentadas por la Democracia Cristiana y el PDG no fueron inicialmente admitidas por problemas formales relacionados con firmas y procedimientos reglamentarios, aunque ambas bancadas buscan reingresarlas durante la discusión.
Hacienda busca acercamientos con la Democracia Cristiana
En paralelo al conflicto legislativo, el Ministerio de Hacienda intensificó conversaciones con la Democracia Cristiana buscando construir acuerdos parciales en materias sensibles como invariabilidad tributaria y contribuciones.
Representantes del equipo del ministro Jorge Quiroz sostuvieron reuniones con diputados democratacristianos en el Congreso, instancia donde el Ejecutivo habría mostrado disposición a introducir ajustes específicos sin modificar las ideas matrices del proyecto.
Fuentes legislativas señalan que el gobierno considera clave mantener abiertos canales de diálogo con sectores moderados de oposición para fortalecer la legitimidad política de la reforma durante su futura discusión en el Senado.
