Rodolfo García advierte que la normativa actual dificulta la acción del Gobierno y valora la decisión del Congreso de no extender el registro de formalización.
El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García Esquerre, enfatizó que para enfrentar la minería ilegal se requiere una actuación conjunta de los tres poderes del Estado. Según la autoridad, es urgente corregir las fallas estructurales del marco normativo vigente, las cuales actualmente limitan la capacidad del Ejecutivo para operar con eficacia.
«El problema de la minería ilegal no es solo del Ejecutivo, es un problema de Estado. La raíz del problema está en el marco legal, que nos dificulta muchísimo luchar contra esta actividad ilícita y tenemos que cambiarlo», sostuvo García.
Fin a la prórroga del Reinfo
En materia legislativa, el alto comisionado destacó la determinación del Congreso de no extender por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Para García, esta medida es clave para evitar que el proceso de formalización sea utilizado como una fachada para encubrir operaciones ilegales.
Asimismo, valoró la exclusión de 50.565 registros, los que en su gran mayoría correspondían a actividades no declaradas o de carácter ilícito, permitiendo una depuración relevante del padrón.
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Las cifras actuales del proceso de formalización detallan lo siguiente:
- Existen más de 31.000 inscritos en el proceso.
- Cerca de 24.000 registros se mantienen vigentes.
- Aproximadamente 7.000 solicitudes están suspendidas, aunque con potencial de formalización.
Estrategia Nacional y «Modelo Pataz»
Rodolfo García explicó que la formalización es solo un componente de una estrategia mayor, la cual contempla la erradicación de la minería ilegal y la recuperación ambiental. En esta línea, el Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal, que establece la necesidad de mantener una presencia activa del Estado en las zonas intervenidas tras los operativos.
«Se necesitan puestos de control permanentes para impedir cualquier actividad ilegal, especialmente en ríos donde la actividad minera está prohibida», recalcó.
Como ejemplo de fiscalización efectiva, la autoridad resaltó el «Modelo Pataz». Este sistema implementa rutas fiscales y puntos de control con la participación de organismos como Sunat, Sucamec y Sutran, fiscalizando tanto la salida de minerales como el ingreso de insumos críticos (combustibles y explosivos).
Finalmente, García abogó por que el Ministerio de Energía y Minas implemente un sistema interoperable que integre la información para garantizar el control, y sugirió replicar el modelo de Pataz en otras regiones para maximizar el impacto contra este ilícito.
