Enfrentando Conflictos Sociales y Medioambientales La nación peruana se encuentra en una encrucijada preocupante, con un incremento sostenido de los conflictos sociales que ha alcanzado un máximo de 220 casos en los últimos meses del año. Estos conflictos, en su mayoría, caen en la categoría socioambiental, representando más del 60% de los casos, y el 67% de ellos están directamente relacionados con la minería. Este problema persiste desde hace casi dos décadas y fue resaltado en el reciente informe del 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), presentado por las instituciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz.
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Conflictos en Aumento
José De Echave, investigador de CooperAcción, señaló que el incremento de los conflictos coincide con un aumento en las acciones de protesta colectiva, que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre. Estos conflictos se distribuyen geográficamente con un 42% en el norte, un 34% en el sur y un 20% en el centro, según datos de la Defensoría. Esto desafía el argumento gubernamental de que los conflictos se han pacificado.
La Expansión de la Minería Ilegal
En los últimos meses, algunos conflictos han pasado de ser latentes a activos, como los casos de Chumbivilcas y Cotabambas en el corredor surandino, el conflicto en Huanta, Ayacucho, debido a las empresas que operan en las cabeceras de cuenca de las lagunas de Razuhuillca, y el preocupante avance de la minería ilegal e informal en Pataz, La Libertad.
El informe del OCM también advierte que la minería ilegal se ha expandido peligrosamente a las fronteras, en particular, en la zona de la Cordillera del Cóndor y a lo largo del río Cenepa en la frontera con Ecuador, así como en el río Putumayo en la frontera con Colombia. Estas actividades están afectando a las comunidades indígenas de la zona y se asocian con el narcotráfico.
Minería Ilegal e Informal: Un Poder en Crecimiento
José De Echave destacó que la minería ilegal en Perú ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 15 años, impulsado por los altos precios de metales preciosos como el oro, que han alcanzado alrededor de 1,890 dólares por onza. Se estima que la minería ilegal ocupa aproximadamente 25 millones de hectáreas a nivel nacional, superando a las concesiones mineras formales que ocupan cerca de 20 millones de hectáreas.
Además, la minería ilegal e informal se ha diversificado, incluyendo la extracción de metales de base como el cobre y productos no metálicos. Esta expansión ha llevado a la consolidación de un considerable poder económico en este sector, que ejerce influencia política a niveles locales y nacionales.
Ausencia del Estado y Vulnerabilidad
Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción, señala que la expansión de la minería ilegal se ha visto exacerbada durante la pandemia debido a la ausencia del Estado en muchas regiones. La crisis sanitaria no solo implicó un retroceso del gobierno en términos generales, sino que también aumentó la vulnerabilidad de ciertas regiones ante la minería ilegal, donde la presencia gubernamental es mínima.
El Impacto en la Sociedad
Mirtha Villanueva, directora de Grufides, enfatiza la importancia de fortalecer las organizaciones sociales de base para enfrentar el avance de la minería ilegal e informal. Resalta que las mujeres y los niños son los más afectados por esta actividad ilegal, lo que subraya la urgente necesidad de abordar este problema.
Déficit Hídrico y Proyectos Mineros
El país también enfrenta una amenaza significativa en forma de déficit hídrico, con 544 distritos de 14 departamentos declarados en emergencia por 60 días debido a la escasez de agua. Este problema está relacionado con proyectos mineros y ha llevado a Lima a experimentar su volumen de almacenamiento de agua más bajo en cinco años.
