Representantes del sector minero argentino cuestionan a la empresa Vicuña Corp por favorecer contrataciones de chilenos y extranjeros en detrimento de profesionales de San Juan.
La tensión se instaló en el proyecto binacional Josemaría, ubicado en el Distrito Vicuña, cerca de la frontera entre Chile y Argentina. Allí, mineros argentinos acusan a la empresa Vicuña Corp —propiedad de BHP y Lundin Mining— de excluir sistemáticamente a trabajadores locales en favor de personal chileno y extranjero.
La crítica surge ante lo que consideran una desproporción injustificada en la distribución de la mano de obra, pese a que se trata de un emprendimiento conjunto entre ambos países. “Actualmente no hay ingeniero de minas argentino trabajando en Josemaría. Vicuña ni siquiera los entrevista”, afirmó Francisco Almenzar, presidente del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas.
Acusan falta de equidad y requisitos irregulares
Según un informe de la propia empresa, se prefiere a expertos chilenos debido a su “industria minera robusta y personal experimentado”. Esta decisión ha generado fuerte rechazo entre los profesionales argentinos de la provincia de San Juan, quienes reclaman que no se está respetando el carácter binacional del proyecto.
Almenzar advirtió que el malestar no responde a actitudes xenófobas, sino al desplazamiento de “excelentes profesionales sanjuaninos” por personal que, en muchos casos, no cumple con las normativas locales. “Llegan acá y trabajan con visa de turista, eso no puede ser”, denunció. Además, exigió que los títulos de los trabajadores extranjeros sean revalidados en Argentina, como mecanismo de garantía profesional.
Sindicatos proponen cupo mínimo de empleo local
Desde el Sindicato Jerárquico Minero de Argentina, el reclamo fue aún más específico. Su secretario general nacional, Marcelo Mena, propuso un esquema de contratación para garantizar el empleo regional: 70% de la dotación laboral debería corresponder a trabajadores de provincias como San Juan y La Rioja, mientras que el 30% restante podría repartirse entre otros argentinos y extranjeros.
Mena señaló que el debate no cuestiona la calidad del personal foráneo, pero sí la necesidad de que el empleo y la tributación se concentren en las zonas más afectadas por la situación económica argentina. “Queremos trabajadores de acá, para que tributen acá. Esto no es xenofobia”, sentenció.
Las críticas reflejan una creciente presión sobre las empresas que operan en territorios compartidos, especialmente en contextos económicos adversos, donde la distribución del empleo se convierte en un factor de alta sensibilidad social y política.
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