La trama de Dominga continúa. Esta vez, por una querella presentada por el gestor inmobiliario José Antonio Ibarra en contra de Carlos Alberto Délano Abbott, su hijo homónimo, José Antonio Garcés Silva y Pedro Ducci, gerente general de Andes Iron SpA, la compañía dueña del proyecto minero-portuario, ubicado a 16 km de La Higuera, en la Región de Coquimbo, que fue -en enero de 2023- fue rechazado por el comité de ministros.
Antes de eso, hace justo un año, Andes Iron –de propiedad de las familias Délano y Garcés- alcanzó un principio de acuerdo con un grupo de inversionistas chinos para traspasar el 100% de la propiedad de Dominga. Esta información fue ampliamente cubierta por la prensa, pero, hasta ahora, no se conocían detalles de lo que ocurrió internamente con esa operación.
Hoy, dicho acuerdo es el protagonista de una querella que afecta a los principales socios del proyecto.
“Se simuló un acuerdo comercial”
Fue a través de un WhatsApp, se lee de la querella -que está alojada en 4º Juzgado de Garantía de Santiago-, que el abogado Pedro Zelaya, del estudio jurídico Larraín y Asociados, se contactó con José Antonio Ibarra (ver recuadro).
El jurista le dijo a Ibarra que estaba a cargo de la venta del proyecto Dominga en representación de las familias Délano Méndez y Garcés Silva y que lo invitaba a una reunión con el CEO de Andes Iron, Pedro Ducci.
En dicha cita, acorde al libelo -que fue presentado el sábado 22 de abril por el abogado Sergio Torres y declarada admisible el martes 25 de abril-, el ejecutivo le habría señalado a Ibarra que era “de conocimiento público todo el daño reputacional que tiene la familia Délano. Motivo por el cual la decisión familiar era deshacerse del proyecto (Dominga), así como lo estaban haciendo con todos los activos que la familia tiene en Chile, dando como ejemplo la venta del Banco Penta y de las empresas Banmédica, además de señalar que era interés también vender los negocios agrícolas (Ganadera Osorno, campos de cerezas y en un futuro Penta Vida), para trasladar los capitales a diferentes mercados internacionales”.
José Antonio Ibarra
Luego de esta reunión, Ibarra se volvió a juntar con Ducci, pero esta vez también con Carlos Alberto Délano Méndez y Carlos Alberto Délano Abbott. Ellos le habrían explicado “las condiciones y el precio de la venta de la totalidad de las acciones de Andes Iron”.
Además, le comentaron (según la acción judicial) la necesidad de tener a un ejecutivo chino como intermediario para llevar a cabo el proceso. Fue ahí cuando Ibarra les presentó a Joanne Zhou, ejecutiva asiática experta en el rubro forestal, con quien había trabajado previamente. Justamente ella mencionó que, para que el proceso de venta avanzara, tenían que cerrar un acuerdo de venta.
Por tanto, el 14 de marzo de 2022 Pedro Ducci envió un correo electrónico a Zhou, Ibarra, Délano, entre otros, con el borrador del acuerdo. Dicho documento, se lee en la acción judicial, “resultó ser absolutamente imaginario”.
Según Ibarra, “se simuló por los querellados un supuesto ‘acuerdo comercial’ que tenía condiciones, un plazo extintivo y la confección de un due diligence, técnico y jurídico, haciéndole creer que todos los antecedentes técnicos y jurídicos estaban en regla y los cuales le serían suministrados ‘en tiempo y forma, y en su debida oportunidad’”.
De US$ 550 millones a US$ 2.000 millones
Ibarra acusa en su querella a los dueños de Dominga de tener como objetivo el que se vencieran los plazos establecidos y así conseguir “la llave legal” y aprovechar los estrechos contactos y gestiones previas realizadas por Ibarra.
A tres días de ese correo, las partes suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) en virtud del cual los dueños (Délano Méndez y Garcés Silva) se obligaban a vender y transferir a Ibarra “la totalidad de las acciones que poseen en Andes Iron SpA, en conjunto e indivisiblemente con todos y cada uno de bienes y activos que integraban el Proyecto Dominga”, bajo un precio de US$ 550 millones.
Con el documento firmado, procede el libelo, “el querellante gestionó reuniones con potenciales compradores de importantes empresas chinas, operaciones comerciales que serían lideradas por el China Construction Bank (CCB), mediante su presidente Sr. Zhang Pu”.
También Ibarra dice haber sostenido reuniones con otros potenciales compradores para lo cual debió viajar a Europa. Ahí llegó a firmar acuerdos comerciales por la venta de Andes Iron con “conocidas empresas europeas con presencia internacional, tales como Mirya Trading (de Alemania) y GTS GmbH (de Tailandia)”. Asimismo, empleó a siete profesionales para que llevaran a cabo el proceso de due diligence.
Pero en paralelo, añaden en el escrito, “Pedro Ducci estrechó relaciones con Joanne Zhou y (juntos) comenzaron a realizar gestiones a espaldas del señor Ibarra”.
Cuando el plazo del acuerdo de venta había vencido, el abogado Juan Carlos Benítez, en representación de Ibarra, se reunió con Carlos Alberto Délano en su oficina del Grupo Penta. En esa cita el empresario le mencionó, según la querella, que “el plazo estaba vencido y que ahora el valor de la empresa era de US$ 2.000 millones. Cerrando la puerta a cualquier conversación”.
Posteriormente, aparece en la acción judicial, Ducci le informa que “no entregarían más documentos” y que “ya no existían vínculos entre ellos”. Además, en la acción judicial aparece que Joanne Zhou fue contratada como empleada de Andes Iron.
Todo esto, indica Ibarra, le generó un perjuicio de $ 200 millones. Principalmente por las remuneraciones al equipo de profesionales que llevaron a cabo el due diligence y los viajes que él organizó a China y Europa.
No obstante, en la acción judicial se comenta que se desconoce “si los querellados concretaron el negocio con los inversionistas chinos”. En ese caso, se añade, “la cuantía de lo defraudado sería mucho mayor”: US$ 30 millones, de acuerdo al MoU firmado en marzo de 2022.
Mayo 2022: «El proceso de análisis de los antecedentes se encuentra muy avanzado»
A pesar de que ahora ambas partes están distanciadas, en mayo pasado José Antonio Ibarra, en una entrevista con El Mercurio -en la cual se indicó que el proceso de venta de Dominga se podía concretar en el tercer trimestre del 2022- afirmó que estaban «muy bien impresionados de la calidad del trabajo realizado por Andes Iron. Realmente se ha desarrollado un proyecto muy profesional, del más alto nivel».
«El proceso de análisis de los antecedentes se encuentra muy avanzado y nos lleva a concluir que próximamente cerraremos la adquisición del 100% del proyecto Dominga, el cual esperamos poder desarrollar para el beneficio de la Región de Coquimbo y Chile», dijo en la oportunidad. Pedro Ducci, gerente general de Andes Iron SpA, responde: «Es una acción de extorsión burda»
En una declaración enviada esta mañana a DF MAS, el gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, afirma que «el escrito presentado es una acción de extorsión burda llevada a cabo por el Sr. Ibarra, quien señala hechos inexistentes, basados en mentiras o sacados de contexto».
En particular, el ejecutivo afirma que «en una rápida lectura del escrito presentado se aprecian múltiples errores y mentiras».
Una de ellas, según Ducci, es que «ningún accionista de Andes Iron SpA contactó al Sr. Ibarra. Por el contrario, fue él quien pidió reunirse conmigo (Pedro Ducci) a principios de 2022, contacto que realizó a través del abogado Pedro Zelaya, quien nunca ha sido asesor ni ha tenido relación comercial con Andes Iron SpA o con la familia Délano Méndez».
Por su parte, agrega el ejecutivo, «Andes Iron SpA jamás contrató los servicios del señor Ibarra. Lo que suscribieron los accionistas de Andes Iron SpA y el Sr. Ibarra fue un acuerdo de venta sujeto a condiciones y plazos determinados. Cumplido el plazo -el cual incluso fue extendido- y sin que se hayan cumplido las condiciones fijadas por las partes, el acuerdo expiró el 24 de agosto de 2022. Andes Iron SpA prestó todas las facilidades y condiciones al Sr. Ibarra para colaborar en el éxito del acuerdo, lo cual incluso fue reconocido públicamente por él».
«Si el Sr. Ibarra hubiera tenido dudas sobre la vigencia del acuerdo, lo que correspondía era activar la cláusula arbitral que se estipuló en el mismo. En lugar de ello, decide presentar una querella carente de todo sustento jurídico», complementa Ducci.
Además, indica que el querellante estipula (en la acción judicial) que «Andes Iron SpA realizó filtraciones a la prensa respecto al interés de supuestas empresas chinas. La única persona que ha entregado declaraciones públicas a la prensa sobre la materia es el propio Sr. Ibarra en entrevista al diario El Mercurio (02.05.2022), anunciando incluso un plazo para cerrar una eventual transacción».
«Luego, y en relación al supuesto propósito de Andes Iron SpA de ‘apropiarse’ de sus contactos, una de las condiciones claves del acuerdo de venta señalaba que Ibarra tenía la obligación de dar a conocer antes del 10 de julio de 2022 el nombre de la compañía que compraría las acciones de Andes Iron SpA, lo cual no ocurrió», explican.
Adicionalmente, continúa, «resulta particularmente sorprendente que el Sr. Ibarra señale como potencial perjuicio económico una eventual comisión frente a una venta del proyecto Dominga. La realidad es que lo pactado con él era un acuerdo de venta puro y simple que no contemplaba el pago de comisión alguna. Por otro lado, en ningún momento se nos señaló, en calidad de potenciales vendedores, que el precio de venta constituía un precio base pre establecido sobre el cual el Sr. Ibarra pretendía obtener un mayor valor, lo cual no hubiéramos aceptado jamás».
«Finalmente, de manera forzada trata de hacer parte de este inexistente conflicto a don Carlos Alberto Délano Abbott, quien no tiene ningún cargo en Andes Iron SpA ni participa de la propiedad de la misma», expone Ducci, quien concluye con «hemos encargado a nuestros asesores jurídicos tomar conocimiento de la acción legal presentada y realizar todas las gestiones pertinentes para demostrar la burda maniobra que ha materializado el Sr. Ibarra, la cual quedará demostrada de manera categórica».
Quién es Ibarra
José Antonio Ibarra Morán (58 años, casado, 10 hijos) es un empresario agrícola e inmobiliario.
Es conocido por su bajo perfil y son pocos los empresarios que han interactuado con él personalmente. No tiene perfil de redes sociales ni tampoco información personal propia en internet.
Ha estado detrás de distintos proyectos inmobiliarios en localidades como Casablanca, Limache, Pucón, Villarrica y Caburgua, entre ellos, Hacienda El Pangal, Hacienda Trancura, Los Laureles de Limache, Santa María de Caburgua, entre otros.
En 2017 cerró una alianza con empresarios chinos para el desarrollo de la exportación de materias primas forestales a empresas del gobierno chino. Justamente en ese contexto conoció a Joanne Zhou.
Tres años después firmó un acuerdo con el gobierno chino para la provisión de 3 millones de metros cúbicos de pino radiata por un periodo de 3 años. Este proyecto fue postergado por el inicio de la pandemia Covid-19.
En diciembre de 2019 anunció el lanzamiento de Global Investment Platform (GIP) en Sudamérica, una plataforma de inversión en emprendimientos que funcionaba en base a blockchain. El negocio, que operó con el empresario chileno-japonés Roberto Sone, llegó a cerrar un acuerdo de colaboración con la Universidad de Chile.
Dos meses antes, también con Sone, informaron la compra del 100% de la aerolínea Peruvian Airlines, la segunda empresa aérea más grande de Perú, a través de la plataforma GIP.
No obstante, en febrero de 2020, medios locales informaron que GIP había perdido la «opción de compra de la aerolínea«.
“Terminado el plazo que el contrato firmado le brindaba para hacer los pagos comprometidos y ejecutar su opción de compra, no dio muestras de tener los fondos que había ofrecido”, señaló la compañía.
Ibarra, según información que entregó Diario Financiero, ejerció como vicepresidente ejecutivo para América Latina de la plataforma.
Sin embargo, según fuentes conocedoras del caso, el negocio no prosperó e Ibarra ya no forma parte de él desde 2019.
Fuente: Diario financiero
Foto: Df
